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VALENCIA. Rafael Bonmatí es desde el pasado mes de noviembre decano del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Entidad con la que se ha comprometido en su legislatura a rebajar un 10% el importe de la cuota colegial, reformar los estatutos en materia de reelección de cargos y convertir en referente la entidad que preside. En su trayectoria profesional destacan dos hitos. Uno su afición por el Valencia C.F donde fue portavoz del consejo de administración del equipo valencianista; dos la herencia de su padre Dimás Bonmatí vinculado a los medios de comunicación, concretamente a RNE y a Las Provincias donde el bufete sigue siendo el liberador de querellas, recursos y dibujante de rectificaciones a la libertad de expresión.

-Los atentados de Paris han tambaleado los cimientos de la libertad de expresión. ¿Cree como el Papa Francisco que hay límites vinculados con la fe?
-Dejando claro que la libertad de expresión absoluta es un concepto enraizado en las sociedades democráticas y estos países no lo son, el límite más que jurídico se plantea como un límite sociológico. Por ejemplo, para nosotros una caricatura de Dios no es una ofensa, para los musulmanes sí. En un mundo global donde existen tantas sensibilidades a las que puedes ofender la única vía de convivencia es autolimitarse, más que para proteger la fe, por no hacer daño a las personas. El límite es el respeto a los demás.

-Su trayectoria profesional está muy vinculada a los medios. ¿Dudó como su padre entre ejercer derecho o periodismo?
-No tanto. Él vivió los inicios de la radio. Además fue jefe de programas de RNE.

-De hecho creo que triunfó con "la melodía misteriosa" un precursor de los programas concurso.
-Hizo muchos y se fue cuando se tropezó con la censura.

-¿Qué pasó?
-A un guardia civil no le gustó uno de sus programas y se lo cepillaron.

-¿Ese fue el motivo que por el que se convirtieron en defensores de los medios?
-Efectivamente. Y seguimos. En concreto con Las Provincias donde además soy el secretario del Consejo de Administración de Las Provincias y donde llevo defendiendo casos desde hace 29 años.

-¿Recuerda alguno en especial?
-Uno en el bar Iruña que los había pillado la policía con un plano de Valencia. Se publicó diciendo que era el centro de reunión de etarras en la ciudad. Presentaron una demanda de honor contra el periódico. Recuerdo otro caso que llegó al Constitucional a raíz de la publicación de una nota de prensa de la Guardia Civil de Tarragona sobre el asesinato de un joven a manos de su pareja homosexual. La familia de la víctima no lo aceptó. Defendimos la tesis del reportaje neutral que terminó consolidándose jurisprudencialmente ante el Constitucional.

-Apelar, recurrir al Tribunal Supremo, presentar recurso de Amparo en el Constitucional, no es mucho tiempo para un caso.
-Ese tardó ocho años en resolverse.

-¿Cree que la propuesta del Gobierno de limitar la instrucción de los sumarios judiciales es posible?
-Una justicia lenta no es justa. Debería ser más rápida. Ahora, la solución es poner medios, no más normas. Si dotas a la Administración de Justicia de medios personales y materiales las causas saldrán adelante en tiempos razonables.

-¿Entonces qué ocurre?
-Que como los juzgados llevan bastantes causas a la vez, muchas de ellas complejas, se alargan in tempore. No es un problema de que seamos excesivamente legalistas o garantistas, sino de que es imposible digerir el atracón de asuntos que tiene cada juzgado. Es un problema de medios. Da igual que modifiquen las leyes procesales y que quieran instruirlo en seis meses. Si es imposible de cumplir. No hay solución.

-¿Qué propone?
-Sentido común. Dotar de medios a la Administración de Justicia.

-Hace unos días el presidente de la Generalitat Alberto Fabra anunció inversiones millonarias en la Administración de Justicia valenciana.
-Creo que el presupuesto de la consellería de Justicia ha aumentado un 2%. Si a base de incrementos como estos esperan que todo mejore nunca nos vamos a recuperar.

-Un año después de la aplicación de las tasas judiciales y la ley de planta judicial, ¿cree que se han organizado los juzgados? Y algo básico ¿cuentan ya con folios, fotocopiadora y fax que reclamaban?
-No han hecho nada. Ha sido una auténtica tomadura de pelo. Son promesas políticas. El movimiento se demuestra andando y la voluntad presupuestando.

-¿La aprobación de nuevas leyes será la solución?
-No. Insisto no es un problema de modificaciones legislativas sino de dotación presupuestaria. Y cuando se contrate personal y se faciliten medios los casos saldrán con celeridad. Mire, hay áreas de la administración que funcionan bien. ¿A que no hay retraso en la gestión de la Administración Tributaria? Pero, claro la justicia no da votos. Los políticos prefieren tener una buena agencia tributaria para que les nutra de ingresos que una eficaz administración de justicia.

-Pese a ello 2014 se ha caracterizado por llenar las cárceles españolas de imputados en casos de corrupción. ¿Cree que se debe a que la justicia se ha contagiado del clamor social ante la corrupción?
-Todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, magistrados, abogados... siempre han estado al lado de los ciudadanos. Los que se han alejado de ellos son los políticos, los encargados de nombrar a los cargos de los órganos judiciales y los que deciden con qué presupuesto trabajará la justicia. Lo que ha pasado en 2014 es que ha empezado a aflorar algo de las muchas gorrinerias que se han cometido.

-La Audiencia Provincial de Madrid considera que ejercer de letrado sin el alta en el colegio no supone un delito de intrusismo. ¿Pone en cuestión el papel de los colegios profesionales?
-Los colegios de abogados, son corporaciones de derecho público, actúan por potestades delegadas de la administración. El colegio no solo consta de la parte asociativa encargada de dar servicios, formación, bibliotecas...a los abogados, sino que tiene una parte institucional. Gestionamos el turno de oficio y el control deontológico de la profesión. La administración no lo podría hacer. Estar adscrito a un colegio profesional es una garantía para los ciudadanos y para los letrados.

-Posiblemente los abogados del caso Nóos acabarán en el banquillo y tendrán que enfrentarse a una petición de cárcel de 54 años. Por otro lado hace unos días doce abogados de la operación Mate fueron detenidos. ¿Qué está pasando en la profesión?
-Se es abogado como se es persona. Hay abogados que no actúan bien, como hay médicos, fontaneros o arquitectos que no actúan bien. Los que se desvían de lo que debe ser el noble ejercicio de su profesión tienen que ser sancionados. O colegialmente aplicando el código deontológico o penalmente si fuera necesario. En resumen, responden al porcentaje de asquerosos que hay en todas las profesiones.

-¿El nuevo código penal va a suponer un recorte de libertades?
-Dependerá de cómo quede, pero no puede ser ni más restrictivo de derechos ni libertades. Es cierto que contiene algunas disposiciones que colisionan claramente con los derechos fundamentales, como la intervención de las comunicaciones sin pasar por el filtro de un juez.

-¿Reavivaría el caso Garzón?
-Garzón en un exceso de celo vulneró el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, poniendo en peligro el derecho de defensa.

-¿Pero las nuevas medidas que quiere aprobar el Gobierno, impidiendo el filtro de los jueces, no vulneran aún más esta práctica cuyo objetivo es clarificar escenarios delictivos?
-Efectivamente. Lo que conllevará que los ciudadanos sean los que acaben pidiendo al Tribunal Constitucional que corrija esos desaforos.

-Otra de las novedades es el delito de coacción a la huelga que se ha cobrado algunas víctimas y recursos ante el Constitucional por entender que podría vulnerar el derecho a la huelga.
-Creo que no lo cuestiona. Hay veces que el derecho a la huelga se entiende como la obligación de hacer huelga. Y tanto un trabajador tiene este derecho, como su compañero de trabajo a no hacerlo. Los piquetes informativos en la mayoría de las ocasiones son coactivos.

-Ante este sprint de leyes uno se plantea ¿qué prisas puede tener un gobierno, al que todos los sondeos electorales sitúan en una posición delicada, por aprobar tantos cambios legislativos? ¿Qué consecuencias puede tener este panorama si se produce un cambio de gobierno?
-No sé si todas las medidas saldrán adelante. Lo proponen porque tienen mayoría parlamentaria, pero es probable que la pierdan. Que salen adelante y son contrarias al ordenamiento, las recurriremos.  Ahora, todo esta situación tiene un origen.

-¿Cuál?
-El primero que responden a caprichos políticos. Hay ciertas cuestiones básicas en el funcionamiento de un país que deberían estar protegidas con un pacto de estado por parte de todos los partidos. Es decir, el derecho de defensa, la Administración de Justicia y las libertades y garantías de los ciudadanos no tiene color político. Están por encima de los partidos.

-Lo mismo que debería pasar con la educación y la sanidad.
-Efectivamente. El pacto es la garantía. Lo que no es de recibo es que tengamos que depender de la inmadurez de los políticos, quienes utilizan estas cuestiones básicas en toda sociedad democrática para luchar entre ellos y erigirse en campeones de no se sabe qué. Ellos han sido elegidos por la ciudadanía para trabajar para ella y a largo plazo. Los vaivenes legislativos son distorsiones. Los políticos han demostrado que no son estadistas, son partidistas. Carecen de visión de Estado y por supuesto no les mueve el interés de la ciudadanía. Ese es el problema. No otro.

-¿La crisis ha sido una oportunidad para los abogados?
-No. Nos ha llegado, más tarde, pero nos ha llegado. Ha bajado la litigiosidad por merma de la actividad económica e incremento de las tasas judiciales. Las tasas son un impuesto revolucionario disuasorio porque suponen un repago por utilizar un servicio público.

-¿Espera que este impuesto sea entonces una de las primeras medidas que modifique el próximo gobierno?
-El actual ministro de justicia anunció que su intención era retirarlo para las personas físicas, pero aumentarlo para las jurídicas (empresas). No es la solución. La justicia es un derecho y la Administración de Justicia un servicio público que ya se paga vía impuestos. No obstante a ellos (políticos) les viene muy bien que se reduzca el número de casos porque supone disminuir la dotación de medios.

-Por cierto con las arcas valencianas tan escuálidas ¿cómo ha conseguido que el presidente de la Generalitat les abone íntegramente los 5,4 millones de euros que les debían por turno de oficio?
-Bueno, en este sentido hay que decir que la Generalitat siempre paga tarde y mal. Han prometido incrementarlo en un 2%, como en el resto de servicios de la Administración de Justicia. Pero con todo y con eso sigue siendo una malísima e indigna retribución para los abogados del turno de oficio.

-¿Ha aumentado un 12% el número de letrados que se han apuntado a este servicio?
-Sí. Los umbrales de la pobreza han crecido y hay un mayor número de casos. La crisis ha sacado del mercado a clientes que han acabado necesitando acogerse a la justicia gratuita. Pero la calidad es la misma que puede ofrecer cualquier otro abogado por eso es una indecencia que a los abogados que representan a los menos favorecidos se les pague peor.

-¿De qué cantidades estamos hablando?
-En algunos asuntos que en el mercado se pagan unos 1.500 euros, consellería los está pagando a 90 euros.

-¿Por cierto cuánto se ha recaudado con las tasas judiciales en la Comunidad Valenciana?
-37 millones de euros. Gallardón prometió que ese dinero iría directamente a la justicia gratuita. Ni para la gratuita, ni para ninguna. Se han quedado el dinero y no hemos visto un duro. La respuesta que te dan siempre que reclamas dónde han ido a parar los impuestos de servicios que te dan mal, fallan, etc, como agua, basuras, alcantarillado...es que se ha invertido en la caja común. Lo llaman tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Y en realidad es un impuesto por la utilización de un servicio público. Además lo recaudado no revierte en dicho servicio público, sino que lo meten en la caja común y luego se lo gastan en lo que les da la gana.

-¿Qué respuesta les da la Generalitat cuando reclaman?
-Lo de siempre. Lo estudiaremos, lo veremos, se hace lo que se puede. Respuestas políticas.

-Cambiando de tema. En Inglaterra proliferan los bufetes que se ofertan en los supermercados. ¿Puede llegar la moda a España?
-Si es una moda llegará. El abogado es un prestador de servicios para los abogados.

-Como exportavoz del consejo de administración del Valencia CF, Rafael Bonmatí, ¿qué le parece que la presidencia del Valencia C.F esté en manos de los chinos? ¿Y si cree que Kim Lim va a poner orden en la casa valencianista?
-Me hubiera gustado más que los valencianos hubiéramos sido los compradores, pero al final se optó por la solución menos mala. Creo que es un empresario responsable y espero que su inversión sea a medio y largo plazo.