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LA LÍNEA ROJA DEL PARTIDO POPULAR

Fabra limpia de imputados el Grupo Popular a la espera del futuro judicial de Camps por Valmor

JOAQUIM CLEMENTE. 03/01/2015 Las renuncias a sus escaños de Ricardo Costa y Yolanda García, los dos últimos procesados por Gürtel que mantenían el escaño, sitúa el foco en el expresidente que no está imputado pero afronta la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por la Fórmula 1

VALENCIA. Los últimos dos diputados del Grupo Popular de Les Corts que están imputados -ya procesados- por un caso de corrupción presentaron este viernes su dimisión. Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, y Yolanda García, extesorera del partido, renunciaron a su escaño en una decisión ya descontada. Con sus marchas el grupo deja de tener imputados por casos de corrupción, una lacra que impuso el expresidente del partido y de la Generalitat, Francisco Camps, cuando incluyó en las listas electorales de 2011 a todos los investigados por la justicia. 

Alberto Fabra se impuso a su llegada a la presidencia del Consell y del PPCV limpiar el grupo de imputados. Marco su célebre línea roja por la que un alto cargo que dependiera de su Consell no podía ser sospechoso de corrupción. Su aplicación en el Gobierno valenciano ha sido clara. Pero su traslación al partido y a otros cargos públicos no dependientes de la Generalitat ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el jefe del Consell. La resistencia de diputados como Rafael Blasco, que solo dimitió cuando fue condenado y tras forzar Farba su marcha del PP, o de alcaldes, como Sonia Castedo, demuestran la complejidad de la doctrina del presidente. 

Pese a lo sinuosa que se volvió la línea roja de Fabra durante meses, el balance general (más por agotamiento que por convicción de los afectados) ha acabado siendo positivo para el presidente. Aunque ha tardado más de tres años en conseguirlo, el PPCV cuenta ahora con un grupo parlamentario sin imputados por los casos de corrupción. Hay alguna excepción, como el caso de Luis Felipe del Baño, pero su implicación en un caso que se está instruyendo se considera un problema administrativo.

El entorno de Fabra en la calle Cavallers, sede de la Generalitat Valenciana, vendía este viernes las dimisiones de Costa y García (procesados ambos por financiación irregular de las campañas electorales del PPCV en connivencia con la trama Gürtel) como la victoria final del presidente en su doctrina contra la corrupción.

Sin embargo, hay un elemento discordante en esa victoria. Se llama Francisco Camps.

PENDIENTES DE VALMOR

El expresidente de la Generalitat sigue siendo diputado en Les Corts. Aunque su actividad parlamentaria es prácticamente nula (acude a las votaciones relevantes y se marcha), Camps ha conseguido aguantar en el escaño pese a que la mayor parte de los diputados que han dimitido o de los altos cargos del Consell que van a ser juzgados por Gürtel o Nóos -los casos más adelantados- fueron nombrados por él. 

El expresidente valenciano tuvo que dimitir, forzado por la dirección del PP en Madrid, cuando se iba a sentar en el banquillo de los acusados por lo que se conoció como el caso de los trajes. Los regalos que recibió de la trama Gürtel, el hilo del que acabó surgiendo todo el entramado de saqueo de fondos públicos que está a punto de juzgarse, se consideraron por la instrucción del caso un delito de cohecho impropio. Pero un jurado popular declaró a Camps y a Ricardo Costa inocentes. 



Desde aquel juicio, Camps ha conseguido evitar su imputación en ninguna otra de las causas abiertas. En Gürtel, pese a que fue el presidente del PPCV durante las campañas electorales que supuestamente se financieraon irregularmente y de la Generalitat que otorgó cientos de contratos irregulares a la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez, nunca ha sido implicado. En Nóos, pese a que el juez Castro pidió su imputación junto a la de la alcaldesa Rita Barberá, el TSJCV la rechazó.

Pero hay un caso que va a situar de nuevo a Camps en el objetivo judicial. Se trata de la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y del rescate posterior de la empresa Valmor, la sociedad pantalla que se utilizó para evitar los controles sobre el uso del dinero público. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Camps por prevaricación y malversación de fondos.

Aunque ahora debe ser el juzgado de instrucción en el que recaiga la denuncia el que decida, lo cierto es que una querella de Anticorrupción difícilmente será rechazada de inicio por el juez del TSJCV que reciba el caso. Esto implicará que se llame a los querellados a declarar en calidad de imputados. 

NUEVA TENSIÓN A LA LÍNEA ROJA

Aunque los tiempos de la justicia son inescrutables, es posible que esa imputación llegue antes de que se disuelvan Les Corts para la convocatoria de las elecciones autonómicas de mayo. Aunque Camps es una figura política completamente amortizada, Fabra tendrá que decidir si aplica la misma presión sobre su escaño que la aplicada a otros.

No es una decisión menor, puesto que se trata del expresidente de la Generalitat. Además, Camps se ha mostrado en muchos casos ajeno a la realidad de limpieza de las instituciones que reclama Fabra, negando siempre que los numerosos casos de corrupción de su administración que se investigan tengan fundamento.

Pero no solo se trata de decidir si se fuerza la salida de Camps en el caso de ser imputado. El caso Valmor de momento solo afecta al expresidente y a la exconsellera Lola Johnson. La querella limita su alcance a ambos (y al empresario Jorge Martínez Aspar), si bien de su redacción se intuye que varios ex altos cargos del Consell tendrán que declarar. 

En la denuncia, Anticorrupción salva al actual Consell. Asegura que fue engañado por Johnson para aprobar la compra de la empresa asumiendo su deuda, lo que se considera malversación de fondos. Pero en el entorno del actual Gobierno valenciano existe una profunda preocupación sobre la deriva que pueda tomar la instrucción. Si el juez considera que el Consell, ya presidido por Alberto Fabra, debe explicar su decisión y les llama como imputados, la situación rozaría el esperpento.

Pedir la renuncia de Camps con esa incertidumbre puede ser un arma de doble filo para un Fabra pendiente de su confirmación -o no- como candidato del PP en las elecciones.  

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