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VALENCIA (EFE). El PP de Buñol ha interpuesto una querella contra el gobierno local de este municipio (EU-PSOE-IAB) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la trama del caso Tomatina.

Los populares han señalado en un comunicado que este caso no solo contempla "la adjudicación a dedo del contrato de comercialización de las entradas con Raga Gestión S.L".

Según han denunciado, se ramifica al contrato de patrocinios, publicidad y uso con ánimo de lucro de la marca, suscrito con Socarrat Studio, al cobro de tasas de aparcamiento por la organización que no se llegaron a ingresar en las arcas municipales y a negarse a comunicar el informe técnico negativo a los solicitantes de una zona de acampada en un parque público municipal.

En opinión de los populares, la responsabilidad del caso Tomatina es compartida por el alcalde, Joaquín Masmano, el concejal de la Tomatina, Rafael Pérez, y por los concejales de Hacienda y Contratación, a quienes corresponde la adjudicación y cobro de la tasa de 55 euros por autobús.

El PP ha denunciado que lleva tres años y medio solicitando información sobre la adjudicación de ciertos servicios públicos, como la Tomatina, y se ha encontrado con "la opacidad más absoluta" del gobierno tripartito, por lo que se han "visto obligados a realizar acciones judiciales".

Han recordado que el 17 de agosto de 2014 la Fiscalía Anticorrupción inició unas diligencias previas de investigación penal sobre la adjudicación a dedo de la venta de entradas de la Tomatina, que calificó de presunta prevaricación y pidió un informe a la Intervención de la Administración General del Estado.

En el transcurso de la instrucción, según el comunicado, "el alcalde de Buñol ha tratado en todo momento de no tener que llegar a declarar e intentar que las partes personadas como acusación dejarán de estarlo para no poder reclamar pruebas documentales y testificales".

"Si tan transparente es el alcalde y su gobierno, y no tienen nada que ocultar, no tendrían que haber tenido inconveniente en declarar", han agregado y han reprochado estas "maniobras dilatorias".

Según los populares, entre 2012 y 2014, el Ayuntamiento ha cedido suelo público municipal del Parque Planell para la realización de un actividad económica privada de zona de acampada con motivo de la Tomatina, sin que exista una concesión administrativa y sin el pago de licencias ni tasas, lo que supone un quebranto para las arcas municipales.

Además, consideran que la adjudicación a dedo de la venta de entradas, habilita a la empresa privada para ofertar una serie de servicios de transporte y otras prestaciones ajenas a esa venta.

De hecho, dicen que se traduce "en un control de acceso al evento, al que se liga un derecho de la empresa contratada de ofertar (de facto, en exclusiva) una serie de prestaciones adicionales lucrativas, de distinta naturaleza y contenido, pero generadas, en cuanto negocio privado, al control de acceso conferido por el ayuntamiento en exclusiva a dicha empresa".

Los populares también han denunciado que los responsables municipales de Buñol han encomendado a otra empresa privada (Socarrat Studio S.L), "sin ningún tipo de procedimiento administrativo, la adjudicación de la gestión, organización y explotación de la publicidad, las búsqueda y cobro de patrocinios".