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MADRID (EFE). Se confirman las previsiones más pesimistas y la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este martes sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, junto con otras 363 plazas. En la práctica, significa que el órgano de gobierno de los jueces acelera la marcha del instructor de casos de corrupción como el de los papeles de Bárcenas o Gürtel, que hace apenas unas semanas consideró al PP partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción liderada por Correa.

El acuerdo se ha tomado con los votos a favor del presidente, Carlos Lesmes, y de los vocales conservadores Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. A ellos se ha unido el de la progresista Mar Cabrejas. El único voto en contra ha sido el del vocal Álvaro Cuesta, nombrado a propuesta del PSOE.

El acuerdo alcanzado por la Comisión Permanente incluye una cláusula «dirigida a garantizar la mínima perturbación posible de los procedimientos en curso», lo que significa que tanto Ruz como el resto de responsables de las plazas que salen a concurso seguirán al frente de estos juzgados hasta que aterricen los nuevos titulares, lo que está previsto que ocurra el próximo marzo.

A partir de entonces, y sólo si lo pide el propio Ruz, podría quedarse como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 5. Entonces, tendría que repartirse los procedimientos en curso con el nuevo titular.

La posibilidad de que Ruz tenga que abandonar el juzgado de la Audiencia Nacional antes de la conclusión de sus investigaciones ha suscitado gran polémica al interpretarse que la salida del juez estaba vinculada a las causas en las que investiga diversas tramas de corrupción en el entorno del PP.

Fuentes jurídicas señalan que la plaza de Ruz podría haber salido a concurso en el mes de junio, extremo que el CGPJ niega con el argumento de que si las plazas se hubieran dividido en varias convocatorias, «los magistrados que concursen ahora no podrían hacerlo en la siguiente, viendo así perjudicados sus legítimos intereses profesionales».

Con esta decisión, que ya adelantó ABC, la Comisión Permanente del CGPJ ha desoído así la petición de un grupo de vocales que solicitó al presidente del CGPJ que llevara este asunto a Pleno, para que el futuro del instructor de Gürtel lo decidieran los 19 vocales y no los cinco de la Comisión Permanente.