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VALENCIA (EFE). El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra la excúpula directiva de Ruralcaja por apropiación indebida, por ordenar el trasvase de tres millones de euros entre dos empresas del mismo grupo para satisfacer parte de una deuda.
Los acusados son el expresidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer, su exvicepresidente José Montoliu y el ex director general Juan José Arrieta, así como el exdirector de la sucursal que concedió el crédito José Virgilio Garzón y el representante legal de las empresas Cosesa y Afrepark Pascual Serrano.
Como responsables civiles subsidiarios el juzgado cita a Cajamar (tras la integración de Ruralcaja en el Grupo Cooperativo Cajamar en 2012), Cosesa SA (Construcciones Serrano) y Afrepark SL.
La causa se remitirá a la Audiencia Provincial de Valencia una vez concluida la instrucción, según el auto al que ha tenido acceso EFE.
La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel y una fianza de 400.000 euros para todos los acusados en la operación por un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de insolvencia punible.
Los hechos que se investigan ocurrieron en 2007, cuando un grupo de personas firmó un contrato de compra con la empresa Afrepark, propiedad de Cosesa, para adquirir una plaza de garaje en la calle de Jesús de Valencia que nunca se construyó.
Cosesa compró Afrepark, propietaria de un solar en la citada calle valenciana, mediante una póliza de crédito de siete millones de Ruralcaja, que estableció la devolución de la mitad del importe en los próximos meses y la conversión del resto en hipoteca sobre los bienes de Afrepark.
En enero de 2008 Ruralcaja concedió un préstamo de siete millones a Afrepark, 3,9 de los cuales fueron abonados a la entidad bancaria, y quedaron pendientes de devolver otros tres millones.
Pero en abril de ese año Cosesa entró en concurso de acreedores y la dirección de Ruralcaja decidió ordenar la transferencia de los tres millones que estaban en la cuenta de Afrepark para la construcción del aparcamiento a la cuenta que Cosesa tenía en la misma entidad bancaria con el fin de aminorar su deuda.
Como consecuencia, Afrepark quedó en situación de descapitalización, práctica insolvencia y sin posibilidad de continuar la promoción del aparcamiento, y se declaró en concurso de acreedores, según fuentes conocedoras del proceso.
Ello provocó un perjuicio económico a los compradores que perdieron el dinero entregado y no recibieron el aparcamiento.
Cosesa salió beneficiada de la operación porque su deuda con Ruralcaja se redujo en tres millones y así pudo conseguir un convenio concursal con sus acreedores, mientras que Ruralcaja cobró un importe que debería haber reclamado por procedimiento concursal, que en ese caso se habría considerado como crédito ordinario y sin garantía real y, por tanto, sin privilegios.
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