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MADRID (EP). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reconoce que en la comercialización de las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tuvo que ser rescatada en 2011 con unas ayudas públicas de 5.249 millones de euros, se produjeron "incidencias menores", aunque descarta casos de fraude o infracciones que sí tuvieron lugar en la venta de otros productos financieros como las preferentes.

Así lo señala el Gobierno en respuesta al portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, en relación con la situación de los titulares de cuotas participativas de la CAM así como con las actuaciones previstas para "aclara si ha habido algún tipo de fraude" en la venta de estos instrumentos financieros.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo descarga la responsabilidad sobre la supervisión de estas cuotas en la CNMV que, según la normativa, es el organismo encargado de supervisar los instrumentos financieros, entre los que se cuentan las cuotas participativas.

No obstante, también asegura que al ente que preside Elvira Rodríguez "no le consta, como resultado de sus trabajos de supervisión, que se produjera ningún tipo de infracción o fraude" en la comercialización de las cuotas participativas, "aunque sí se detectaron ciertas incidencias menores que no fueron merecedoras de actuaciones disciplinarias", asunto sobre el que no se dan más detalles.

ARBITRAJE VOLUNTARIO

En cualquier caso, el Gobierno recuerda que "los clientes que entiendan que sus derechos han sido vulnerados pueden acudir a los tribunales de justicia competentes para reclamar el oportuno resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos", aunque descarta la posibilidad de imponer un mecanismo de resolución de conflictos como el arbitraje porque la CAM no está participado en ningún porcentaje por la Administración.

De este modo, debe ser la propia entidad bancaria la que "voluntariamente" decida someterse a la mediación y acepte un arbitraje en las "controversias surgidas" respecto de las cuotas participativas.

Y es que aunque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se hizo cargo de la administración provisional de la CAM y del Banco CAM en julio de 2011, en diciembre de ese año el Banco Sabadell se adjudicó la entidad por un euro, y apenas once meses más tarde el proceso de reestructuración de la entidad había terminado.

INVESTIGADAS POR LA JUSTICIA

De hecho, el pasado mes de junio el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acordó ampliar al Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas comercializadas por la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la fundación de la entidad, al considerar que "fue el negocio financiero que compró Banco Sabadell el que llevó a cabo la comercialización de las cuotas participativas y obtuvo los beneficios de la misma".

Con esta resolución las dos entidades deberán afrontar conjuntamente las indemnizaciones que podrían derivarse en concepto de responsabilidad civil en un eventual juicio oral por la comercialización de este producto.

Además, a finales de agosto las acusaciones particular y popular pidieron al instructor del caso el embargo preventivo o la imposición de una fianza de 24,5 millones de euros al Banco Sabadell al temer que el proceso soberanista pudiera afectar al patrimonio con el que la entidad tendría que hacer frente, eventualmente, a las indemnizaciones.

55.000 AFECTADOS

El magistrado Gómez Bermúdez investiga desde septiembre de 2012 las cuotas participativas emitidas por la CAM en una pieza separada de la causa principal, en la que están imputados los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de Recursos y Planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, respectivamente.

La investigación sobre las cuotas participativas, que también está dirigida contra la cúpula de la entidad, se inició a partir de una querella presentada en marzo de 2012 por 300 clientes de la entidad que acusaban a los antiguos gestores de la CAM de haber estafado a más de 55.000 personas con la "venta planificada y sistemática" de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada tras facilitar "información falsa".

Las cuotas participativas son aportaciones dinerarias de duración indefinida que pueden ser aplicadas en igual proporción y a los mismos destinos que los fondos fundacionales y las reservas de la entidad. Se trata de un instrumento de renta variable, por lo que han de cotizar en un mercado secundario organizado, y están desprovistas de derechos políticos. Su precio de emisión ha de ser coherente con el valor económico de la caja.