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VALENCIA (EP). Dos directivos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y un técnico del departamento económico-financiero del organismo han defendido este lunes ante el juez que no sabían que cobrar dos sueldos públicos --de la APV y de Valencia Plataforma Intermodal Logística S.A. (VPI)-- fuera ilegal o incompatible, al tiempo que han indicado que aceptaron esta situación a propuesta del secretario general del Consejo de Administración de estas entidades, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa.

De esta forma se han defendido estas tres personas en el juzgado, donde estaban citadas a declarar como imputadas en la causa abierta por presuntas irregularidades en la gestión de la autoridad portuaria, en la que también está imputado el presidente del Puerto, Rafael Aznar, que declarará este viernes.

Básicamente los tres imputados han coincidido en sus versiones y han explicado que ninguno sabía que el cobro de sueldos por parte de APV y de VPI fuera ilegal, puesto que de hecho se lo propuso su empresa con el acuerdo del Consejo de Administración y un informe favorable a propuesto del secretario general del Consejo, que además es "abogado del Estado y conoce la legalidad", han dicho.

En concreto, el técnico, que ha sido el primero en declarar, ha explicado que le propusieron hacer tareas de contabilidad y compatibilizar su trabajo en la APV con el VPI. Para ello, ha indicado que hacía horas extras cada semana, y sobre ellas se aplicaba el IVA y el IRPF.

De esta forma, llegó a cobrar 24.350 euros en horas extras durante tres años --de 2009 a 2011--, que después, tras requerírselo el Puerto y la Intervención, devolvió. Ha indicado que le convocaron a una reunión para explicarle que había estado cobrando de forma irregular, sin aplicar la ley de forma estricta, con lo que tenía que devolver el dinero abonado.

El trabajador ha explicado que no sabía que esto era ilegal hasta que se lo comunicaron: "Si la empresa me lo ordena o me lo propone, acepto", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que era una medida que venía del Consejo de Administración y a propuesta del secretario, que es abogado. "¿Cómo vas a pensar que esto no está correcto o que sea irregular?", se ha preguntado.

Ha indicado que el abogado del Estado --secretario-- estaba al corriente de todo porque fue él quien lo propuso, y ha dicho que en ningún momento informó de situaciones irregulares.

Por su parte, el director de gestión de Infraestructuras en la APV, arquitecto, ha declarado que trabajaba desde 1998 en VPI y que luego comenzó a colaborar con el Puerto. Fue cesado de la primera empresa cuando en 2012 les dijeron que no podían tener los dos trabajos, ha narrado.

Ha señalado que requirieron sus servicios en el Puerto como arquitecto, y allí desempeñaba varias horas extras a la semana que luego facturaba y le pagaban. En total, cobró unos 23.000 euros en tres años, importe que ahora está devolviendo a plazos y con intereses.

El imputado ha señalado que se enfadó mucho cuando el Consejo le requirió que devolviera el dinero, y al pedir explicaciones ha señalado que el secretario general le dijo que había interpretado erróneamente la legislación. Así, ha asegurado sentirse perjudicado porque ha estado trabajando gratis durante tres años.

NI EXCLUSIVIDAD NI INCOMPATIBILIDAD

También ha aclarado que en su contrato de trabajo no se especificaba nada de incompatibilidades ni de exclusividad, y ha agregado que si hubiera tenido que pedir algún tipo de permiso para trabajar en las dos empresas públicas, lo hubiera hecho sin ningún problema.

Ha insistido en que nadie le advirtió de que no pudiera cobrar dos sueldos públicos, y ha señalado que se lo propusieron sus jefes. Preguntado por el uso que hacían de los vehículos de la empresa, ha indicado que él no tiene coche asignado, sino que hay una flotilla y si tiene que salir a otro Puerto, coge el coche que esté en ese momento. Pero para ir hasta el Puerto y para volver a casa utilizaba su vehículo propio.

Esta versión ha coincidido con la que ha aportado el segundo directivo de la APV, que ha narrado que le propusieron trabajar en el Puerto porque se requería a una persona con su experiencia y perfil --había sido funcionario europeo en un banco de inversiones-- para hacer promoción comercial.

Ha indicado que todo lo que cobraba lo factura con su IRPV e IVA correspondiente, y ha subrayado que no firmó nada relativo a exclusividad o incompatibilidad. También ha dicho que era público y notorio que estaba empleado tanto por la APV como por VPI porque no tenía que esconderse de nada.

El imputado ha afirmado que cogió los dos trabajos porque se lo propusieron sus superiores. En total, facturó por horas extras unos 71.000 euros aproximadamente, cantidad que ya ha podido devolver. Así, ha lamentado que ha estado trabajando por algo que no ha sido finalmente remunerado, ya que ha tenido que devolver lo ingresado.

Por otro lado, preguntado por el uso de vehículos, ha coincidido con su compañero y ha señalado que se suele mover mucho y que para ello utiliza uno de los vehículos de la flotilla del Puerto. Sin embargo, para uso particular se ciñe a su coche.