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VALENCIA. Si en algo hemos acumulado experiencia los españoles es en lo que cuesta conseguir credibilidad en materia económica. No están tan lejos los días en los que, todavía dentro del Sistema Monetario Europeo, teníamos miedo de que no se nos permitiera entrar en el euro aún cumpliendo los famosos "criterios de Maastricht". Así, precisamente a petición de los países periféricos, el Tratado establecía que si un país cumplía los criterios de convergencia pasaría a formar parte de la Unión Monetaria, sin que otros candidatos pudieran bloquear su acceso apelando a pretextos menos objetivables. Sin embargo, a pesar de las dudas iniciales, una vez dentro del euro, España fue ganando credibilidad por el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en los años de crecimiento.

Ya aludí a este mismo tema, el de los compromisos internacionales y la credibilidad de nuestras acciones, en un artículo anterior. Sin embargo, como espectadora del día a día de la economía (y la política) española, no deja de sorprender, por un lado, el grado de frivolidad de las declaraciones y propuestas de los que aspiran a gobernarnos y, por otro, la inacción de buena parte de los que nos gobiernan en este momento. Es decir, nos encontramos atrapados entre el "postureo" de los maniquíes postmodernos, de formas ovaladas pero sin contenido en su interior, y la impavidez de las figuras hieráticas que se diría recién sacadas del museo de cera. Así, podría decirse que la política en España se está convirtiendo en una frívola y triste fiesta de los maniquíes.

Muestra de ello, es la (pen)última de las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y la propuesta, aprobada en la Ejecutiva de su partido, sobre reformular la reforma del artículo 135 de la Constitución que se pactó por el PSOE y el PP al final de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, el 11 de septiembre de 2011 y que se aprobó por 316 votos a favor y sólo 5 en contra (más algunas ausencias y abstenciones), cifra muy superior a los 212 exigibles (3/5 de los 350 diputados del Congreso).

La reforma, publicada el 27 de septiembre de 2011 en el BOE, consagra el principio de estabilidad presupuestaria en la actuación de todas las administraciones públicas, siguiendo los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros. No se trata de un hecho sin importancia, pues se logró en pocas semanas un acuerdo "exprés" para introducir una reforma constitucional. ¿Cómo se llegó a este punto?

Lo primero que cabe recordar es que en agosto de 2011 la prima de riesgo española alcanzó los 400 puntos. Después del giro dado en la política económica en mayo de 2010, cuando el Reino de España no pudo colocar su deuda soberana, los sucesivos rescates (de Grecia, Irlanda y Portugal) acabaron por amenazar a la propia moneda única por el riesgo de contagio a Italia y España. Con el fin de estabilizar la situación y evitar el colapso se decide mejorar la supervisión mutua y la coordinación de políticas y, entre las diversas medidas que se adoptaron en el seno de la UE en los meses destaca un Tratado intergubernamental denominado 'Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza', firmado en diciembre de 2011.

El tratado fue firmado por 25 de los entonces 27 países miembros de la UE (todos excepto Gran Bretaña y Chequia), lo que incluye a países miembros de la zona euro pero también a algunos notables no miembros, como Dinamarca o Suecia. En este Tratado se reforma el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el objetivo de reforzar el pilar económico mediante normas que mejoren la disciplina presupuestaria y, sobre todo, la doten de credibilidad En el artículo 3 se detallan las obligaciones de los países firmantes, básicamente el mantenimiento del equilibrio presupuestario, estableciendo un límite inferior de déficit estructural del 0.5% del PIB, comprometiéndose a converger a ese nivel siguiendo un calendario pactado con la Comisión Europea.

Entró en vigor el 1 de enero de 2013 y se dio plazo de un año para que el tratado se incorporase a la legislación nacional. También regula la aplicación del procedimiento de déficit excesivo y el ritmo que deberá seguir un país en la reducción de la deuda pública cuando haya superado el 60% del PIB, así como la gobernanza de la zona euro. Existe el compromiso de incorporarlo al Tratado de la Unión Europea antes de cinco años.

Lo complejo de dicho proceso explica que se recurriera al tratado intergubernamental para evitar mayor demora. Finalmente, pero no menos importante, sólo aquellos países que hayan ratificado e incorporado el Tratado a su legislación podrán recurrir, si el caso lo exige, al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), es decir, al rescate. Por tanto, la no inclusión de estos acuerdos en la Constitución no elimina en ningún caso su cumplimiento, simplemente los hace más creíbles y rebaja el coste financiero (y, por tanto, también en términos de crecimiento y empleo) de su aplicación.

España es uno de los países que más se ha beneficiado del aumento de confianza que ha generado este Tratado (y su inclusión en la Constitución española), junto con otras medidas posteriores dirigidas a apuntalar el entramado institucional de la zona euro. Renegar de ello implica no sólo incumplir un tratado internacional, sino dilapidar el frágil aumento de credibilidad conseguido desde entonces. Es evidente que la salida del actual estancamiento económico en la zona euro debe ser no sólo económica, sino también política.

Nuestros socios son también nuestros mayores acreedores y, si queremos encontrar un acuerdo futuro mancomunado y solidario al problema del sobreendeudamiento, antes deberíamos haber ganado su confianza en nosotros, en la seriedad de nuestros compromisos y en el respeto de lo pactado. Los políticos deberían esforzarse en facilitar que este nuevo pacto en Europa tan necesario sea posible de la forma más eficiente posible. Si la corrupción es inaceptable y costosa, muchas veces no somos conscientes de que la inepcia y la estupidez lo son más.