JOAQUIM CLEMENTE . 15/11/2014 El Gobierno valenciano da el visto bueno para que Les Corts tramite la iniciativa legislativa popular que reclama la existencia de un servicio público de radiotelevisión valenciano pero vincula el apoyo definitivo al texto a enmiendas a aspectos clave de la propuesta

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VALENCIA. La portavoz del Consell, María José Catalá, reconoció este viernes que la recuperación del servicio público de radio y televisión por parte de la Generalitat es inviable a corto plazo. Las propias condiciones que marcó el presidente Alberto Fabra en su anuncio el jueves -la existencia de una estabilidad presupuestaria que, actualmente, es una quimera- junto a las incertidumbres jurídicas que dimanan de la propia orden de cierre que dictó el propio Consell hace justo un año, hacen inviable la puesta en marcha de una nueva RTVV sin exponerse a agravar el conflicto societario ya existente. 

Sin embargo, el Gobierno valenciano decidió apoyar la propuesta que lanzó Fabra de forma imprevista y sin haberlo consensuado con el resto del Consell dando su visto bueno a la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular que un grupo de instituciones cívicas promovieron y que han presentado a Les Corts con el apoyo de 90.000 firmas.

Aunque Català trató de dar coherencia a la iniciativa de Fabra, lo que no fue capaz de desvelar la consellera portavoz fue cuál es el objetivo final del cambio de discurso del presidente respecto a RTVV. "Vamos a escuchar a los promotores de la ILP y veremos si la aprobamos... Hay que tener en cuenta que se puede enmendar el texto que se ha presentado", dijo Català. 

La cuestión es que, tal y como está redactada actualmente la ILP, su aprobación obligaría al Gobierno valenciano a presentar en un plazo máximo de seis meses una propuesta de servicio público de radiotelevisión, incluido un plan económico. Este escenario es incompatible con el mensaje de Fabra, ya que la Generalitat Valenciana no podrá cumplir con el déficit ni este año, ni el próximo ni hasta que no se cambie el sistema de financiación autonómica, como reconoció Català. 

Este sería uno de los puntos que, supuestamente, enmendaría el grupo popular durante la tramitación parlamentaria de la ILP en el caso de que su intención sea aprobarla a modo de declaración institucional y con un claro mensaje electoral de que la formación que cerró Canal 9 está a favor de recuperarla cuando sea posible.

AL MENOS DOS ARTÍCULOS A ENMENDAR 

Hay, de hecho, dos puntos que el PP baraja enmendar: el de la obligación temporal -una nueva redacción vinculando la posible recuperación del servicio de radiotelevisión público a la recuperación econónica y disposición presupuestaria- y el artículo que hace referencia a la necesidad de contar con los extrabajadores del RTVV para el nuevo proyecto.

Este último aspecto choca con el anuncio de Fabra, que de hecho al ser preguntado por si tendría en cuenta a los despedidos, insistió en que sería un proyecto "totalmente nuevo partiendo de cero". El problema de esa aseveración es que la ley impide a la Generalitat crear una nueva sociedad o volver a prestar el servicio públlico en un plazo de tres años desde el último despido (previsto para 30 de junio de 2015) si no quiere incurrir en una sucesión de empresas. 

Con estos cambios mínimos, el PP podría sacar adelante la ILP y presumir electoralmente de su voluntad de contar con una nueva RTVV, si bien no tendría ningún efecto práctico. No habría un nuevo Canal 9 a corto plazo. Solo una declaración de intenciones.

Los planes de la Generalitat han hecho saltar las alarmas entre los promotores de la ILP que ya han solicitado una reunión con el presidente para conocer sus intenciones antes de que empiece el trámite parlamentario al tiempo que han advertido que no permitirán que se pervierta el sentido de su propuesta. De hecho, desde la comisión promotora se ha recordado que de las cuatro ILP que se han presentado a Les Corts en toda su historia, solo una fue admitida a trámite y fue enmendada en su totalidad, cambiando su espíritu.