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ELCHE (EFE). Una empresa gallega, Aparcisa SA, invertirá 12,5 millones de euros en la construcción del nuevo mercado central de Elche, según la clasificación aprobada hoy por la junta de gobierno local ilicitana. El único requisito que falta para que la adjudicación sea definitiva es el aval, de 610.000 euros.

La propuesta contempla un edificio con planta baja de 1.220 metros cuadrados destinada a los puestos tradicionales de mercado (está previsto unos 42 de entre 10 y 12 metros cuadrados), primera planta y cubierta de 735 y 298 metros cuadrados respectivamente para ocio y restauración.

El semisótano será una planta comercial de 3.680 metros cuadrados, además de tres plantas subterráneas destinadas para cerca de 400 plazas de aparcamiento, según ha destacado en rueda de prensa el concejal de Infraestructuras, Vicente Granero.

La propiedad de la construcción será municipal y no supone desembolso para el consistorio ilicitano, que cede la gestión del edificio y del aparcamiento a la empresa adjudicataria durante los próximos 40 años.

Después de este tiempo, la gestión volverá a ser municipal, menos dos de las plantas para aparcamientos que serán propiedad de los ilicitanos que adquieran las plazas.

Los placeros deberán pagar un canon de entrada por su puesto de 950 euros por metro cuadrado, así como un alquiler de 45 euros por metro cuadrado mientras que los aparcamientos tendrán un precio de 0'024 céntimos por minuto.

La empresa adjudicataria se hará cargo, además, del mercado provisional, que se instalará en una calle cercana al actual mercado, así como de la peatonalización de las calles colindantes y del proyecto de musealización de los restos encontrados en las catas arqueológicas realizadas hace unos meses junto al edificio.

El plazo de ejecución de las obras será de 20 meses, aunque desde el equipo de gobierno no han precisado la fecha de inicio.

A partir de ahora la empresa Aparcisa SA tiene un plazo de 10 días para presentar un aval de 610.000 euros para la adjudicación definitiva.

Tras la firma del contrato con el Ayuntamiento de Elche, tendrá un plazo de tres meses para redactar el proyecto de ejecución.

Antes de la construcción deberá llevarse a cabo el derribo del antiguo un proceso, según el portavoz de la Junta de Gobierno, Manuel Rodríguez, "específico" ya que el techo es de amianto y requiere de un desmontaje "preciso" con importantes medidas de seguridad.

Varios de los ediles populares no han acudido a la junta de gobierno, Manuel Latour, Daniel McEvoy, Sebastián Polo y María José López.

Los tres primeros hace unos meses se mostraron disconformes con la actitud llevada a cabo por la alcaldesa, Mercedes Alonso, del PP, en los plenos, además por ser tenientes de alcalde tienen derecho a voto en las juntas.

Rodríguez ha restado importancia a este hecho, ya que ha dejado claro que "lo importante es que ha salido adelante por unanimidad".

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Rodes, ha calificado esta decisión de "atrocidad" porque se ha tomado "contra la lógica, contra el comercio del centro y de los vecinos".

Rodes ha asegurado que se trata de un asunto "personal" de la alcaldesa y ha anunciado que su grupo alegará esta cuestión desde el punto de vista político y jurídico.

Ante la ausencia de varios ediles, el portavoz del PSOE ha señalado que "no han acudido por sentido común, al que no querer participar de esta atrocidad".

Por su parte, la plataforma "Salvem el Mercat" ha rechazado la aprobación ya que apuestan por la rehabilitación del actual mercado y en su entorno comercial como centro comercial abierto de titularidad pública.

Han recordado que existe un mandato del pleno del ayuntamiento de paralización de todas las actuaciones de este expediente, y "un recurso judicial en curso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el Plan de Reforma Interior que posibilita esta actuación contraria a las determinaciones del Plan General".

No han dudado en señalar que, de seguir la propuesta, emprenderán acciones legales para "dirimir las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios y cargos públicos involucrados en este atentado contra el bien común de los ilicitanos".