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VALENCIA (X. A./ EP). La responsable de la Abogacía de la Generalitat, Cristina Macías, se encargó este lunes de poner distancia entre el organismo que dirige frente a las decisiones políticas que se gestan en el Gobierno valenciano. Una muestra más de que en los últimos tiempos, como ya informó este diario, la independencia y celo de la Abogacía respecto al Ejecutivo se ha acentuado, algo que está causando más de un quebradero de cabeza a diferentes miembros del Consell.
En este caso, en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat celebrada en Les Corts, la secretaría autonómica de Presidencia admitió que el informe redactado por la Abogacía no respalda el posible recurso que se plantea el Gobierno valenciano contra la petición de facturas de las cajas fijas. De esta postura se desprende que presentarlo sería una mera acción estratégica del Consell para ganar tiempo y evitar aportar la documentación solicitada. Aunque no es excepcional que un informe de la Abogacía sea contrario a una intención del Consell, del contexto actual y de las propias declaraciones de Macías se desprende que las relaciones entre ambos organismos no atraviesan su mejor momento.
LAS CAJAS FIJAS: PELIGRO DE ESCÁNDALO
El grupo de Compromís con la diputada Mònica Oltra al frente viene solicitando al Gobierno valenciano las facturas de las cajas fijas del Ejecutivo desde 2006. Una petición desoída por el Consell de forma continuada a la que, meses atrás, dio luz verde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Consell, según aseguró la portavoz María José Catalá, estudia presentar un recurso alegando los problemas que implica la recopilación de unos tres millones de documentos. Mientras, en los últimos días se han filtrado a diversos medios de comunicación llamativas facturas con gastos de las citadas cajas fijas, por ejemplo, en restaurantes de postín. Unas informaciones que han llevado a Oltra a augurar que este será el caso 'tarjetas black' del Gobierno valenciano.
En su comparecencia, Macías afirmó que ve "complicado" que pueda prosperar el citado recurso contra la sentencia del TSJCV dado que, a su juicio, no existen "argumentos jurídicos" para ello. Unas reflexiones que están plasmadas en el informe que la Abogacía ha facilitado al Consell y sobre el que todavía no ha tenido respuesta. "Estamos a la espera de la contestación formal por parte del Consell para decidir si formalizamos o no el recurso de casación", explicó Macías, quien recalcó que la decisión de interponer un recurso no es de la Abogacía.
Además, Macías, quien indicó que el derecho de los parlamentarios no es "ilimitado", puntualizó que en esta legislatura los diputados de la oposición han presentado 32 recursos contencioso administrativos, alegando vulneración del artículo 23. Al respecto, señaló que se han dictado 25 sentencias, ya están ejecutadas 16 y se han recurrido en casación un total de cinco. En este sentido, consideró "necesario" encontrar una fórmula adecuada "para cumplir los derechos de los parlamentarios sin que se altere el normal funcionamiento de la administración".
"ES UNA DECISIÓN POLÍTICA QUE CORRESPONDE AL PRESIDENTE"
La coordinadora de la Abogacía de la Generalitat insistió en poner distancia con la posible presentación del recurso. "Es una decisión política que corresponde al presidente, al Consell y al conseller de la materia", destacó la secretaria autonómica, quien subrayó que la Abogacía solo toma postura cuando es consultada sobre un determinado tema.
Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, apuntó que no se "cuestionaba" el trabajo de la Abogacía de la Generalitat. "Lo que está en cuestión es que los miembros del Gobierno valenciano están utilizando a la Abogacía para defender la vulneración de derechos de los diputados y pagando con dinero de los valencianos", subrayó.
Al respecto, Oltra denunció que desde el Consell "contravienen la Constitución, vulneran los derechos de los ciudadanos y cogen dinero de los ciudadanos para recurrir y seguir vulnerando derechos". "En lugar de velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, velan por tapar sus miserias con dinero público", resaltó.
"FALTA DE TRANSPARENCIA"
Los diputados del PSPV Eva Martínez y de EUPV Ignacio Blanco coincidieron con Oltra en denunciar la "falta de transparencia" del Consell. "No puede alegarse que este Consell no apuesta por la transparencia", destacó la secretaria autonómica, quien aseguró que desde que empezó esta legislatura el número de solicitudes de documentación contestadas por el Consell se ha incrementado un 104 por ciento respecto a toda la legislatura anterior.
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