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MADRID(EFE). Al menos cuatro políticos -el exconsejero madrileño Francisco Granados, el presidente de la Diputación de León y los alcaldes de Parla y Valdemoro- han sido detenidos en una gran operación contra la corrupción en varios Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que alcanza ya más de medio centenar de arrestos.
En el marco de esta investigación, la Guardia Civil ha detenido a un total de 51 personas en Madrid, Valencia, Murcia y León, acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de lograrse adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.
El principal detenido es, por ahora, Francisco Granados, que fue número dos con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre al ocupar los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Otro de los arrestados es el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), quien sustituyó a la asesinada Isabel Carrasco.
Los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, del PP, y de Parla, José María Fraile, del PSOE, son otros de los arrestados, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.
Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
Además de los 51 detenidos, en la Operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
La operación, que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción.
Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La información aportada por todos permitió presentar una "detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar hoy con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.
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