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VALENCIA (EP). El juzgado de Instrucción número 3 de Gandia (Valencia) ha imputado al alcalde de la localidad, Arturo Torró, por presunta desobediencia a la orden de readmitir e indemnizar a las 12 educadoras de las Escoletes que denunciaron, por ilegal, su despido por parte del Ejecutivo local antes de privatizar la red de guarderías públicas en junio de 2012.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza decide investigar este asunto al estimar que existen indicios "racionales, verosímiles y suficientes" de un posible delito de desobediencia, estafa y falsedad documental, y acuerda imputar a Torró.

De esta forma, acuerda practicar las diligencias "necesarias" tendentes a la averiguación de los hechos "con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y las personas responsables de los mismos", expone en el mismo escrito.

Entre estas diligencias, la jueza imputa a Torró, en su calidad de alcalde presidente del Ayuntamiento, y ordena librar un oficio al juzgado número 2 de lo Social de Valencia para que remita testimonio de la sentencia dictada en abril de 2013, por la que se obligaba al consistorio a readmitir e indemnizar a las 12 educadoras de las Escoletes.

Esta sentencia de lo Social daba respuesta a una denuncia que la Unión General de Trabajadores (UGT) interpuso en los juzgados al considerar que la actitud que adoptó el gobierno del PP con las empleadas de las guarderías no era la apropiada.

Ahora, la jueza pide incorporar esta resolución a la causa, que se ha originado a partir de dos querellas interpuestas por el PSPV y por UGT contra Torró; el coordinador general de la Alcaldía, Francisco Javier Reig; y los concejales de Educación, Marta Cháfer, y de Hacienda, Guillermo Barberá.

En su resolución, la jueza inadmite las querellas al estimar que estas partes --PSPV y UGT-- no están legitimadas a personarse como acusación particular --aunque les abre la vía a que sea como acusación popular--, pero del escrito y de los documentos acompañados aprecia indicios de delito, con lo que acuerda abrir una investigación.

En la querella socialista, presentada por la concejala Liduvina Gil y la secretaria general del PSPV-PSOE en Gandia, Diana Morant, se apuntaba a un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y/o una infracción contra la administración pública relacionada con las Escoletes.

INCUMPLIMIENTO DE DOS SENTENCIAS

El PSPV denunció que el Gobierno del PP, tras privatizar las Escoletes y despedir a las trabajadoras, "ha incumplido reiteradamente hasta dos sentencias judiciales que declaraban improcedente el despido y condenaban al Ayuntamiento a reincorporarlas y pagarles los salarios de tramitación". Así, destacaba que el equipo municipal las reincorporó para despedirlas de nuevo, "sin abonarles ningún tipo de salario o indemnización".

Según apuntaban los socialistas, "han desobedecido y desatendido el cumplimiento de resoluciones judiciales, haciendo imposible su cumplimiento al no dotar de forma voluntaria y dolosa una partida destinada a la readmisión de las trabajadoras, el pago de sus salarios de tramitación y los costes de su despido final".

De esta forma, lamentaban que han dejado a algunas de las empleadas "en situación de verdadera necesidad en algunos casos, privándolas de su derecho a la efectividad de la reincorporación a sus puestos de trabajo en los términos del fallo judicial de manera consciente y finalmente dirigidas sus actuaciones a impedir el ejercicio de ese derecho como trabajadores, legalmente protegido y judicialmente reconocido".