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VALENCIA (EFE). El Gobierno valenciano seguirá recaudando el impuesto autonómico sobre depósitos bancarios, que el Ejecutivo central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, hasta que este tribunal decrete su suspensión o su inconstitucionalidad, ya que "está en vigor" mientras no ocurra alguno de esos supuestos.

Así lo ha señalado el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha recordado que el Gobierno valenciano ha recurrido también al Constitucional el decreto ley del Estado en el que se legisló el tipo del impuesto bancario estatal.

Según ha dicho, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la suspensión del impuesto sobre depósitos bancarios valencianos, y ha recordado que en el caso de Cataluña y de Asturias no la decretó, si bien en ese momento el Estado solo había legislado ese impuesto a tipo cero.

La Comunitat Valenciana entendió que la tributación a tipo cero no era "efectiva" y aprobó su propio impuesto a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2014, mientras que el pasado mes de julio el Estado fijó en un decreto ley un tipo positivo para el impuesto bancario estatal, ha señalado.

"Mientras no se suspenda, el impuesto" valenciano "está en vigor y por tanto se tiene que aplicar y tiene todos los efectos", ha indicado el titular de Hacienda.

Ha explicado que ese impuesto autonómico entró en vigor el pasado 1 de enero y tiene un sistema de pagos a cuenta, que su autoliquida el 20 de abril, el 20 de octubre y el 20 de diciembre, por lo que ya en abril todas las entidades bancarias presentaron su declaración y "algunas, las menos, ingresaron, y las otras presentaron recurso".

Por otra parte, la portavoz del Consell, María José Catalá, ha señalado al ser preguntada sobre la postura del president de la Generalitat, Alberto Fabra, a favor de un "pacto a la alemana" en 2015 que fue un planteamiento en una reunión "informal" con empresarios.

"Pensamos que los dos grandes partidos garantizan la estabilidad de la gobernabilidad, no solo en la Comunitat Valenciana sino también en el territorio nacional", ha afirmado Catalá, quien ha matizado que, en todo caso, es una "reflexión de carácter político" de Fabra y no forma parte del ámbito de decisión del Consell.