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AL LÍMITE

El 'sadismo' de Montoro y el recurso a la tasa valenciana a los bancos

VP CONFIDENCIAL. 30/09/2014 El ministro esperó al último minuto para recurrir el impuesto a los depósitos de la Generalitat



VALENCIA. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, esperó al último minuto para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto valenciano a los depósitos bancarios. Según la ley, el Gobierno tiene nueve meses para recurrir una norma autonómica desde su entrada en vigor. La tasa se empezó a aplicar en la Comunitat Valenciana el 1 de enero de 2014.

Pese a que el Gobierno siempre ha mostrado su descontento con la tasa bancaria tanto la valenciana como la de otras autonomías y las ha recurrido sistemáticamente, en el caso de la Generalitat el ministro Montoro esperó a llevar al Consejo de Ministros del viernes pasado, 26 de septiembre, el dictamen del Consejo de Estado recomendando el recurso. Era el último Consejo de Ministros antes de que acabara septiembre y, por tanto, el plazo para recurrir.

En la Generalitat se preguntan por qué el ministro ha esperado tanto. "No lo sabemos, sinceramente", explican desde la Conselleria de Hacienda, que andan preparando los presupuestos del año que viene y la ley de acompañamiento, donde están las medidas fiscales.

No son pocos los que en el Consell consideran que Montoro se ensaña con la Comunitat Valenciana. Los desaires del ministro o de su secretario de Estado Antonio Beteta han generado más que malestar y aunque no usan la palabra, se desprende un sentimiento de que el Gobierno tiene un punto de sadismo con la Generalitat. 

En todo caso, el conseller Juan Carlos Moragues inicialmente mantendrá en los presupuestos de 2015 la tasa a los depósitos bancarios. Pese a que el recurso del Gobierno supone la inmediata paralización, lo cierto es que el Constitucional ya falló en contra del Gobierno en un caso similar, permitiendo a las autonomías aplicar un impuesto destinado a incrementar sus ingresos.

Aunque no se pueda recuadar, la Generalitat quiere que se consolide su derecho a aplicar la tasa para que, en el caso de obtener un dictamen favorable del Constitucional, pedir al Gobierno que le compense si no le deja aplicar el impuesto, algo que ya ocurre en Extramadura o Canarias. 

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