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VALENCIA (EP). La Sala Segunda de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación a la imputación de tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que participaron en 1999 en el proyecto de colocación de balizas de control de velocidad en la Línea 1.

La jueza que investiga el accidente de Metrovalencia que en julio de 2006 costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47 citó a declarar como imputados a tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV): el director de Explotación, Vicente Contreras; el director técnico, Francisco García, y el jefe de la DIEC, Francisco Orts.

En el auto, recogido por Europa Press, la Audiencia rechaza los argumentos de las defensas de los imputados y de la abogacía de la Generalitat aduciendo que la decisión de la jueza es "llamar a declarar como imputados a determinadas personas en relación con un hecho investigado y que aparentemente podría ser constitutivo de uno o varios delitos, entre ellos homicidio y lesiones imprudentes con contra la seguridad colectiva, según las tesis mantenidas por las acusaciones particulares".

Se trata, por tanto, de tomar declaración a tres personas "frente a las que existen unos determinados datos que podrían determinar en su momento una imputación formal, bastando para ello que exista unas hipótesis acusatorias racionales y mantenidas por datos objetivos en las que no concurriría la prescripción" y que "resulta prematuro en este momento concluir que todo tipo de responsabilidad penal estaría prescrita sin haberse producido siquiera la declaración de estos".

Asimismo, respecto al argumento alegado por las defensas de que no hay una causalidad directa entre la ausencia de balizas y el accidente, el auto lo considera no válido dado que "según los datos que se vienen recogiendo en la instrucción, tales como las declaraciones testificales de técnicos y mecánicos y declaraciones de los maquinistas", por lo que "la declaración de los tres imputados como responsables de la determinación, función y colocación de las balizas que protegían a los trabajadores y usuarios del metro se hace imprescindible para aclarar dichos extremos".

Considera, además, que Contreras, García Sigüenza y Orts deben declarar como imputados dado que existen "indicios recogidos de las declaraciones testificales ya referidas en atención a su condición de presuntos responsables de las medidas de seguridad de la Línea 1 del metro por entrar dentro de sus cometidos la revisión periódica, decisión sobre ubicación y características técnicas y de funcionamiento de las balizas de limitación de velocidad, con la finalidad de llevar a cabo con ello el total esclarecimiento de las causas que motivaron el siniestro y poder adoptar una decisión definitiva sobre las mismas".