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VALENCIA (EP). El comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha pedido la devolución al Consejo de Ministros del denominado proyecto de Ley de Mutuas que actualmente se está tramitando en las Cortes Generales.

En un comunicado, la patronal provincial critica que este texto "pone en riesgo la naturaleza privada de estas organizaciones: a pesar de que formalmente preserva su naturaleza jurídica privada, supone un proceso de socialización y nacionalización de las mutuas".

También considera que "lastra la competitividad y la capacidad de generar empleo de las empresas" y "genera un régimen económico perverso: cuando hay beneficios van al Estado y si hubiera pérdidas las pagarían por derrama las empresas".

Asimismo, recuerda que "los empresarios destinan 11.300 millones de euros anuales para cubrir sus obligaciones frente a los accidentes y enfermedades laborales y no laborales de los trabajadores".

Se critica que "los beneficios, lejos de destinarse a la reducción de las cotizaciones empresariales o a dotaciones del patrimonio histórico de las mutuas, se va casi íntegramente a los Fondos de la Seguridad Social y al Fondo de Reserva para el pago de pensiones (más de 20.000 millones de euros".

RESPONSABILIDAD JURÍDICA SIN CAPACIDAD DECISORIA 

"Se atribuye a los empresarios mutualistas una responsabilidad jurídica que no se corresponde con su nula capacidad decisoria, que queda en el ámbito de la administración", añade el comunicado de la CEV.

La ejecutiva de la CEV ha realizado también una primera valoración del actual borrador de la Ley de Cámaras que será trasladada a Cierval a fin de consensuar un posicionamiento común en el ámbito autonómico.

En esta primera valoración la CEV rechaza el carácter representativo del tejido empresarial que la nueva Ley otorga a las Cámaras de Comercio y que la CEV ha cuestionado desde el inicio de las negociaciones al entender que esta representatividad es "competencia y razón de ser de las propias organizaciones empresariales".

Asimismo, la CEV, como ya ha manifestado en anteriores ocasiones, no comparte la adscripción obligatoria y de oficio de todas las empresas a las cámaras de comercio. Por otra parte, se ha aprobado este miércoles la constitución de dos nuevas comisiones de trabajo: la Comisión Fiscal y la Comisión de Colaboración Público-Privada.