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VALENCIA. El pasado 8 de julio el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se reunía con un buen número de referentes empresariales tras la protesta que habían hecho al unísono un día antes contra la actitud de "ninguneo insultante" del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana. El Consell, con graves problemas para llevar la iniciativa en la agenda política, reaccionó con presteza al 'grito de guerra' proferido por los empresarios, convocándolos a una reunión institucional para canalizar las protestas que, en gran medida, coinciden con las del Ejecutivo valenciano.
Un encuentro, una foto y una promesa: la de una cita en julio entre los empresarios y el ministro Cristóbal Montoro con la mediación del Gobierno valenciano. De hecho, en la comparecencia posterior de la portavoz del Ejecutivo, María José Catalá, y José Vicente González (Cierval), se mencionó que Fabra era el que en primera persona había hablado con Montoro obteniendo la respuesta afirmativa a la petición de encuentro.
Las hojas fueron cayendo del calendario sin que la repetida pregunta realizada por los medios de comunicación obtuviera respuesta desde el Consell: "¿Se ha fijado fecha para la cita con Montoro?". "Se hará en los próximos días", ha sido la respuesta repetida hasta esta misma semana.
Este viernes, 1 de agosto, les tocó a la portavoz del Consell, María José Catalá, y el titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, asumir una vez más la pregunta admitiendo, esta vez, el fracaso institucional que supone el aplazamiento de la reunión con Montoro a septiembre. El conseller manifestó su "decepción" y calificó de "inaudito" que no se hubiera logrado poner fecha al encuentro. Catalá, por su parte, puso el acento en que el aplazamiento había sido una decisión del ministerio.
UNA DERROTA POLÍTICA QUE DEJA A FABRA EN EVIDENCIA ANTE LOS EMPRESARIOS
Lo cierto es que a Fabra no terminan de salirle las cosas en esta legislatura. La reiterada caída de inversiones del Gobierno central en la Comunitat Valenciana y el rechazo, pese a los denodados esfuerzos del Consell, de abordar la reforma del sistema de financiación en el presente legislatura -como confirmó ayer Mariano Rajoy- han evidenciado la debilidad del presidente frente a sus compañeros de partido en Madrid.
Un endeble predicamento en la capital que no ha pasado desapercibido para los empresarios valencianos, que meses atrás comenzaron su particular cruzada reivindicativa frente al Gobierno central pero también ante el Consell de Fabra. La reunión con Montoro orquestada por el presidente de la Generalitat era una de las últimas oportunidades para que éste ganara crédito ante unos referentes patronales que, desde tiempo atrás, dudan del liderazgo del máximo responsable del Gobierno valenciano.
De hecho, como ya publicó este diario recientemente, en los corrillos y reuniones empresariales se han escuchado voces que apuntan a la posibilidad de impulsar la creación de un partido nuevo de centro y corte autonomista que pueda reivindicar sin complejos ante Madrid o, en su defecto, presionar para que se produzca una refundación del PPCV.
A lo largo del mes, los empresarios valencianos han hecho llamamientos públicos de todo tipo al ministro para que pusiera fecha al encuentro sin resultado, una labor en la que tampoco ha tenido éxito el jefe del Consell, que es quien debería tener los galones suficientes para lograrlo. Que Montoro sí haya encontrado tiempo estos días para acudir a una jornada con los empresarios catalanes, ha inflamado todavía más el sentimiento de 'ninguneo' por parte del Gobierno central hacia la patronal valenciana.
Con todo, lo que resulta posiblemente más preocupante del aplazamiento de la cita, al margen del desplante al propio presidente y a los empresarios valencianos, es el fallido funcionamiento de los mecanismos internos que van desde que surge la propuesta de la cita con Montoro y la gestión de la misma con el ministerio, hasta la comunicación pública dando por hecho un encuentro en unos plazos que luego no se han producido. Una situación que ya se ha dado en otras ocasiones a lo largo de la legislatura, algo que evidencia errores en el procedimiento o una clara falta de respeto desde el Gobierno central.
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