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VALENCIA. La Generalitat anunció en 2012 la puesta en el mercado de buena parte de los inmuebles que desalojaba tras la apertura del Complejo Administrativo 9 d'Octubre. En la lista se incluían algunas de las sedes de consellerias como Infraestructuras, Agricultura, Bienestar Social o Economía con el objetivo de ingresar 133,9 millones de euros, según estableció en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Generalitat 2012-2014.

A cinco meses de cumplirse el plazo del ambicioso documento, los resultados están muy lejos de haberse cumplido. Sólo hizo falta unos meses tras ese anuncio para que un estudio disipara cualquier intención de vender a la carrera: la situación del mercado había hecho de la operación una nueva ‘almoneda del siglo' para recoger una magra ganancia.

De hecho, esta idea de no colocar los activos a cualquier precio ha hecho que la mitad de los principales inmuebles sigan vacíos a los dos años del anuncio. Entre las piezas más relevantes en esta situación está la antigua Clínica de La Cigüeña, situada en la Alameda de Valencia.

LAS PIEZAS EN CARTERA

Tanto por esta antigua sede de la Conselleria de Bienestar Social y por la de Agricultura, en el edificio contiguo y recayente a la calle Amadeo de Saboya, se han mantenido contactos con diversos interesados, según la Generalitat, pero no se ha cerrado ninguna operación.

Entre los que se acercaron a conocer la propuesta ha habido desde fondos de inversión hasta empresas especializadas en la gestión de residencias para la tercera edad, sanitarias o de carácter educativo. Según fuentes conocedoras del proceso, en breve podría haber novedades sobre este activo.

También se confía en tener novedades a no muy largo plazo respecto a Colón 78 y 80, otro edificio de Bienestar social para el que hay intención de dar uso para oficinas o para un establecimiento hotelero, aunque no hoy nada cerrado a día de hoy.

Más compleja es la venta o alquiler de la antigua ‘embajada' de la Generalitat Valenciana en Madrid, situada en la calle del Españoleto en el distrito de Almagro de la capital de España. Aunque se han interesado responsables de distintos países para establecer una sede diplomática y de despachos profesionales, la oferta en la zona en mucha, lo que dificulta una salida rápida.

Más fría es la recepción que están teniendo otros edificios más pequeños en la calle Náquera o de Nápoles y Sicilia de Valencia (donde se situaba la sede de Instituto Valenciano de Estadística), pero la Generalitat confía en sacarlos pronto a licitación.

LAS RAZONES DEL RETRASO

Fuentes inmobiliarias no achacan estos resultados al trabajo realizado por el director general de Patrimonio de la Generalitat, Miguel Sánchez Ferrer, sino a la situación del mercado y la actitud de los arrendadores y compradores, conocedores de la necesidad de la Generalitat que cerrar operaciones.

De hecho, se coincide en señalar que la decisión de abandonar la idea inicial de vender para conformarse con alquiler fue la más apropiada, dado el bajo precio que se ofrece por las propiedades ofertadas. "Habría sido pan duro para hoy y hambre para mañana", asegura gráficamente un consultor.

Igualmente, se considera sensato dar los plazos de cinco años que se están estableciendo para la revisión de los precios, ya que, en muchos casos, se prevé un repunte a medio plazo del que puede beneficiarse la Generalitat. En todo caso, la condición de que los arrendadores puedan prorrogar los contratos hasta 20 años se entiende como una contrapartida lógica.

Pese a todo, no se descarta que en los próximos años se puedan producir operaciones de venta con inquilinos, sale & leaseback, o de generación de derechos de compra en beneficio de determinados arrendatarios.

MISIONES CUMPLIDAS

Sin embargo, no todas las operaciones se han quedado en el aire. Una de las primeras operaciones que se saldaron con éxito se produjo en 2013, cuando la Conselleria de Infraestructuras pasó al Complejo Administrativo 9 de Octubre.

Fue entonces cuando la Generalitat alquiló la sede de la Avenida Blasco Ibañez de Valencia a la Agencia Tributaria por medio de un contrato con una vigencia de cinco años, prorrogable a otros cinco, y un coste anual de 1,2 millones de euros brutos.

Este pasado otoño llegaba a buen puerto la negociación por el alquiler de la antigua sede de la Conselleria de Economía en la calle Colón. Tras los tanteos de distintos inversores, como el Grupo Mango, finalmente se hizo con la pieza el Grupo Inditex, para situar en ella una flagship de su marca Bershka.

Los ingresos que por esta vía consigue la Generalitat son de 1,2 millones de euros anuales brutos. El periodo de vigencia es de cinco años, con posibilidad de prorroga por periodos iguales hasta 20 años. Se le alquila todo el edificio, aunque la tienda ocupa solo la planta baja y el primer piso, dejando la parte superior para ser subarrendada a una cadena hotelera.

El último de los grandes movimientos se ha producido hace unas semanas, cuando Clave Denia SA - Alehop se ha hecho con la antigua sede de Impiva en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. En este caso, el contrato no afecta a la totalidad del inmueble, sino sólo a la planta baja, el sótano y el entresuelo.

Como en los casos anteriores, la vigencia del contrato es de cinco años, con posibilidad de prorroga por periodos iguales hasta 20 años. En este primer periodo, el alquiler asciende a 204.000 euros anuales, pero quedan por comercializar los pisos superiores, adquiridos a lo largo de los años para dar cabida al personal de la casa.

OTROS INGRESOS DIVERSOS

A estas cantidades hay que sumar los ingresos logrados en las dos subastas de inmuebles procedentes de herencias sin testar, ab intestato, que asume la Generalitat. En las próximas fechas se prevé la publicación de un nuevo lote, con el que se prevé engordar los 1,3 millones de euros que se han conseguido por esa vía.

También se ha conseguido dar salida a la integridad del Parking de Velluters en Valencia. Esta operación ha generado unos ingresos de 220.000 euros anuales por las plazas de aparcamiento en esta zona de la ciudad con escasez de este tipo de productos.

En todo caso, la Generalitat recuerda que la rescisión de contratos de alquiler que se ha conseguido en los últimos años supera los 14 millones de euros en toda la Comunitat.

De hecho, en Castellón la Generalitat sólo mantiene un inmueble arrendado y se está viendo cómo reubicar los servicios y el personal que acoge en otro edificio propiedad de la Generalitat. En Valencia se han rescindido el mayor numero de contratos de alquiler, manteniendo en el 95% de los casos servicios de tipo asistencial como centros de salud o juzgados.