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VALENCIA (EFE/VP). El secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, declarará mañana como imputado por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón.
Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Monzó declarará por su etapa como director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat.
Junto a Monzó declararán mañana en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón el ex director técnico de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Javier de Diego, y el que fuera responsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, Fernando Benzo.
Según las citadas fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava no está imputado en este asunto.
La causa abierta por el juzgado castellonense investiga las supuestas irregularidades que se pudieron cometer en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón.
El proyecto se encargó al arquitecto Santiago Calatrava en 2008, y la Generalitat pagó 2,7 millones a este por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque el proyecto fue suspendido temporalmente a finales de 2012 por el Consell debido a la coyuntura económica.
Antes de que el Consell descartara llevar a cabo el proyecto en el corto plazo, Esquerra Unida denunció en 2011 ante la Fiscalía de Castellón irregularidades en la adjudicación del citado proyecto en la cual aseguraban que se podían haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración pública.
EU consideraba que la forma de contratación "no fue legalmente procedente" porque el proyecto se adjudicó a Calatrava a través de procedimiento negociado sin publicidad y denunciaba que los honorarios que se pagaron al arquitecto fueron "superiores a los inicialmente pactados", sin que existiese "razones de interés público".
Asimismo, consideraban que hubo "un concierto entre todas las autoridades intervinientes para beneficiar a un particular" y pedían la nulidad de los contratos efectuados al entender que debió convocarse un concurso de ideas para elegir "el proyecto más idóneo".
EU reveló también que el arquitecto había recibido de la Generalitat un total de 2,7 millones de euros por la redacción del proyecto, en anteproyecto y el proyecto básico, "a pesar de que este no cumplió con sus obligaciones".
La Fiscalía, sin embargo, decretó el archivo de la causa en marzo de 2011 e instó a la formación a presentar la denuncia ante el juzgado si lo consideraba oportuno, aunque no se presentó por parte de la formación.
Según han informado fuentes de EU conocedoras del proceso, la causa actual ha sido abierta a raíz de una denuncia de un particular presentada en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, la cual derivó el caso a los juzgados de Castellón.
Ya no queda ni banquillo, por favor que se vayan ya todos, se abran las ventanas y cajones, se levanten las alfombras y corra el viento que regenere y limpie de suciedad y salga tambien la insoportable pestilencia que destila la banda que ocupa la Generalitat de todos los valencianos.
¿Por que no se disuelven y entregan la Generalitat de una vez? Que asco me dan
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