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VALENCIA. El diario ValenciaPlaza.com ha celebrado un nuevo encuentro restringido a profesionales en la redacción del periódico bajo el lema: 'El nuevo entorno tributario y las medidas de eficiencia en la Administración', con la participación del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues, y el patrocinio de Everis.
El conseller, acompañado de Vicent Peiró, director general de Tributos, ha respondido a las preguntas de responsables de consultoras y despachos sobre la reforma tributaria y los pasos que la Generalitat está siguiendo para que se establezca un nuevo reparto de la financiación autonómica y local, además de exponer las próximas medidas que afectan a su departamento para incrementar su eficiencia y la lucha contra el fraude fiscal.
En el encuentro han participado José Pablo Carbonell, socio director de Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña de Everis; María Trinidad Jiménez, directora de Sector Público de Everis; Mario García, director de Sector Público en la Comunidad Valenciana y Murcia de Everis; Luis Trigo, socio director y experto en Derecho Tributario y Wealth Management de Broseta Abogados; Pedro Gil, socio responsable del área de Derecho Tributario de Cuatrecasas-Gonçalvez Pereira; Enrique Lucas, editor y presidente de Valencia Plaza; Cruz Sierra, director de Valencia Plaza y Alvaro Mohorte, redactor de Valencia Plaza.
JOSÉ PABLO CARBONELL, SOCIO DIRECTOR DE COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA Y CATALUÑA DE EVERIS
–En mi caso, soy el único que no soy técnico en la materia, pero sí puedo hablar como contribuyente y como empresario. Así, tengo la sensación de que la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica o la homogeneización del sistema tributario se está convirtiendo en un 'clásico popular'.
Al final nos da la sensación de que todos estos planteamientos terminan en propuestas parciales y con efectos no deseados. Por ejemplo, el diciembre pasado, la tributación que se estableció para los pagos en especie, las retribuciones no dinerarias como los tickets restaurant o de gasolina, nos supuso un aumento de costes en un porcentaje de dos dígitos en la cuenta de resultados de unos presupuestos ya cerrados.
Ahora se toca el IRPF y se toman otras medidas, pero surge la pregunta de porqué no hacemos algo consistente y con una visión duradera, dejando los 'clásico populares'. Como ciudadano me lo planteo, porque parece que vayamos a salto de mata.
Juan Carlos Moragues– Cuando se hizo la Comisión Lagares, se planteó un estudio global para tender a una clarificación del sistema tributario en su conjunto. La postura del ministerio era acertada, al plantearse mirar primero la financiación autonómica y los impuestos para que quede claro qué impuestos se pagan, qué impuestos se cobran, qué servicios se reciben y de quién dependen.
Era una posición muy ambiciosa y el profesor Lagares planteó distintas propuestas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre otros. Se trata de planteamientos que en laboratorio son muy interesantes, pero que a la hora de ponerlos en práctica la situación políticas y económica te hace ponderar con otros aspectos.
Por ejemplo, el Partido Popular siempre ha anunciado que iba a bajar impuestos, pero cuando se llegó al gobierno en 2011 con un país que tenía unos déficits entre un 9% y un 11% y una prima de riesgo por encima de los 3.230 puntos básicos, evidentemente, la voluntad política marcaba un camino, pero la responsabilidad, otro.
Así, lo que se anunciaba como una bajada de impuestos se transformó en una subida de impuestos y ahora que se entiende que estamos en un escenario macroeconómico positivo o mejor que hace un año o dos, se opta por una bajada de impuestos en una primera fase.
LUIS TRIGO, SOCIO DIRECTOR Y EXPERTO TRIBUTARIO Y WEALTH MANAGEMENT DE BROSETA ABOGADOS
–La reforma es oportuna en un momento en el que los datos de creación de empleo y de recaudación apuntan hacia la recuperación. Inicialmente, el informe de expertos planteaba una bajada de impuestos en la tributación directa a cambio de una bajada en la indirecta y los buenos datos de la recaudación han impulsado al gobierno a moderar esta combinación, que hubiera tenido un impacto negativo en la percepción de los ciudadanos hacia los cambios.
Eso no quita para que hubiera aspectos positivos en estas recomendaciones, especialmente en lo que se refería a orientar hacia el IVA las cargas sociales de la empresa. Esto no se ha llegado a abordar, y seguramente hubiera sido interesante, porque lo que se busca es una aceleración de ese proceso de recuperación.
Estábamos desde hace años en un círculo vicioso del que era muy difícil salir: cuanto mayor déficit, mayor deuda, mayor paro, menos recaudación de impuestos... La mecha que enciende el cambio es la bajada de impuestos que mejora la renta disponible, que se va al consumo o al ahorro.
Cuando estamos hablando de rentas medias y bajas, esta renta se va a consumo, lo que produce un incremento en la recaudación por IVA. Se sustituye un impuesto directo con un impuesto indirecto y el IVA se convierte en el impuesto de los pobres. Al final, se va a conseguir un efecto de renovación.
Dicho esto, nos hemos quedado en esa primera fase de la reforma relativa a la imposición estatal. Se ha hablado menos de la reforma de la Ley General Tributaria que va dirigida a una lucha contra el fraude fiscal y a una mejora y a una eficacia de los procedimientos.
Como en todo, hay puntos que contentan a mucha gente y otros, que menos. En todo caso, creo que esta reforma es una reforma atractiva y valiente en cuanto a bajada de tipos, pero que en los impuestos cedidos nos ha dejado un mal sabor de boca por no se haberse producido.
Pero claro, es muy difícil que se afronte un cambio de esta naturaleza sin que previamente se haya conseguido una mejora en la normativa que regula la financiación autonómica, un debate que está hoy por en medio.
Sobre el tema, el principal problema es que una cuestión aritmética como el reparto de los fondos estatales se convierta en una cuestión política. Cuando lo que es aritmético se tiene que resolver de una forma aritmética y lo político, por la política, aunque entiendo que es complicado porque sistema es complejísimo y alimenta a todos.
En todo caso, urge que esto se resuelva para poder afrontar una reforma de los impuestos cedidos equilibrada y que venga acompañada de una rebaja, por ejemplo, en el impuesto de Patrimonio para que se suprima o se le deje morir; y en materia de Sucesiones, ya que es un impuesto que se ha quedado muy antiguo y no responde a un principio de Justicia, por lo que debe mantenerse con unos niveles mucho más bajos.
En lo que se refiere a la armonización de los distintos territorios españoles, hay que tener en cuenta que la armonización en Europa nunca es de tipos, la armonización es de bases. Con los tipos se juega porque así se demuestra también la mayor eficiencia de unas comunidades sobre otras.
En Estados Unidos se habla de voto por los pies porque la gente se mueve de un estado a otro en función de la eficiencia fiscal. Esto está en nuestro propio sistema y quizás hay que darle varias vueltas para ver cómo reformarlo y no cómo matarlo, ya que muchos mensajes van por este último camino.
JCM– En el informe Lagares o en el del BBVA Research o el del Fondo Monetario Internacional se pone sobre la mesa la posibilidad de subir la imposición indirecta y reducir cotizaciones, pero yo creo que el Gobierno ha entendido con buen criterio que en un momento de recuperación como el actual no es una buena idea subir la imposición indirecta.
En materia de recaudación, es verdad que este año ha sido buena y permite ser optimistas. De hecho, yo le recuerdo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en la Comunitat Valenciana la recaudación tributaria está creciendo más del doble que en media española. Eso demuestra que si hemos sufrido más que nadie la crisis, estamos saliendo antes que nadie.
La actividad económica está creciendo más del doble que la media española. A mayo de 2014 frente a mayo de 2013, el IRPF ha crecido en el Estado una media del 6,3%, mientras que en la Comunitat Valenciana ha crecido un 13%. Cuando hablamos de IRPF hablamos de trabajo, de ahorro, de empresarios, personas físicas...
En materia de IVA, si el Estado ha crecido un 11,7%, en la Comunitat hemos crecido un 24,6%. En Sociedades, por el efecto devoluciones había decrecido en el Estado, mientras que en la Comunitat Valenciana crecíamos un 18,2%. Y si vemos los tributos propios y cedidos no sujetos a liquidación (Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio...), hemos crecido en derechos reconocidos (liquidados) un 13% y en materia de derechos ingresados, un 17%.
Tuvimos una evolución de nuestros tributos propios y cedidos en 2006 de unos 3.000 millones y pasamos en 2012 a recaudar mil. Una bajada de un 66%, especialmente por la crisis inmobiliaria. Sin embargo, en 2013 ya crecimos por primera vez en este periodo, y lo hicimos un 20%, hasta los 1.200 millones de euros. Ahora crecemos un 13% en derechos reconocidos y un 17% en derechos ingresados. Vamos muchísimo mejor que otras comunidades.
Cuando hablamos de tributos cedidos hablamos de un 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales, pero esa cesión es ficticia porque se distorsiona por un sistema de financiación en el que se incluye el Fondo de Garantía o el de Suficiencia que lo único que quieren mantener es el statu quo y que ninguna comunidad autónoma pierda con los cambios respecto a su situación precedente. Además, para conseguir la solidaridad están los fondos europeos, el Fondo Interterritorial y las inversiones del Estado, que no se tienen que incluir en el propio sistema.
Está claro que también se puede actuar de otra manera. Por ejemplo, Madrid ha anunciado deducciones en el tramo autonómico del IRPF, pero ha sido un anuncio político, porque a día de hoy ningún contribuyente se ha beneficiado de estas deducciones y sólo lo podrá hacer para la Renta de 2014. El efecto es diferido, lo mismo que si se anunciara una subida de impuestos.
Con el complejo sistema compensatorio que ahora tenemos, la pérdida recaudatoria anunciada en septiembre de 2013 se producirá en julio de 2016, con lo que puedo concluir que el sistema de cesiones es claramente mejorable. Hay que tener en cuenta que sobre las comunidades autónomas se descarga el peso del sistema de bienestar.
Vicent Peiró– Yo soy totalmente contrario a la competencia fiscal entre territorios porque es buena cuando hay un mercado competitivo, pero en este caos se trata de un oligopolio. En España hay 17 oferentes y en la Unión Europea, 25. A partir de ahí, en un oligopolio si se produce una guerra de precios el resultado final, según la teoría económica, es que el precio terminará siendo más bajo y todos perderán.
Si todo empezamos hacer una fiscalidad a la baja, llegará un momento que no habrá dinero para pagar los servicios públicos fundamentales. La competencia puede ser razonables, pero sólo dentro de unos límites para que esto no sea la ley de la selva que nos arrastre a todas las administraciones públicas a una espiral en la que perdamos todos.
MARÍA TRINIDAD JIMÉNEZ, DIRECTORA DE SECTOR PÚBLICO DE EVERIS
–En el concepto de lo que es una administración tributaria y su eficiencia, tenemos por un lado la estructura fiscal y una serie de medidas de gestión en la que hay un recorrido de mejora y optimización. En este sentido se ha planteado reducir los costes de personal, hacer más eficiente la recaudación y reducir la carga administrativa de los procedimientos.
Cuando hablamos de eficiencia, también las administraciones tributarias tienen que trabajar en educación fiscal. Los españoles tributan 1.900 euros más por culpa del fraude fiscal, según los estudios realizados por los expertos de Hacienda, y estamos tomando medidas para disminuir 500, 900 euros de carga de IRPF. Si los ciudadanos fueran realmente conscientes de que el fraude fiscal de su vecino le impone 1.900 euros más al año creo que la conciencia fiscal cambiaría.
Igualmente, es necesaria la transparencia y rendición de cuentas para conocer qué ingresos tenemos, cuántos contribuyentes somos y cómo se gastan estos ingresos. Si el ciudadano supiera en qué se gasta su dinero, no habría tanto fraude fiscal. En este caso, la 'cuenta corriente del contribuyente' (donde figuere lo que paga en impuestos y a qué se destina) seria un ejemplo. Es complicado hacerlo, pero es necesario hacer el esfuerzo. En otros países, como Suecia, cuando el ciudadano ve que se estado de bienestar es alto, esto le anima a cumplir sus obligaciones fiscales.
Y por último tenemos la fiscalización. Si analizamos la ciudadanía en general, hay ciudadanos que van a cumplir siempre y a los que hay que facilitarles el pago; ciudadanos que cumplirán pero si tienen asistencia tributaria que les ayude; y, por último, una parte de la sociedad que sí tiene intención de defraudar.
Para estos últimos hay que tomar medidas de lucha y persecución contra el fraude. Se calcula que el Tax Gap (la diferencia entre la recaudación potencial y la obtenida) es de un 20%. Para luchar contra esto se requiere información, para lo que es importante la colaboración entre administraciones. Hay que saber explotar esa información disponible. De hecho, la Agencia Estatal Tributaria ya ha anunciado que va a invertir bastante en este sentido.
Si tenemos fórmulas de inteligencia de negocio que nos permitan focalizar dónde están y cuáles son los contribuyentes con más tendencia a defraudar se podrán concentrar en ellos los esfuerzos y sacarles una mayor rentabilidad.
Respecto a medidas de la Administración, hay que dedicar esfuerzos a la lucha contra el fraude, la deuda pendiente de cobro o del control de los costes administrativos derivados de la resolución de recursos, que también son costes indirectos. En este caso, cuando hablamos de eficiencia tenemos que hablar de las dos cosas.
JCM– La recaudación PIB es un problema de país. Si vemos datos comparados con otros estados, nuestra recaudación PIB está situada en el 37% y la media europea en un 46% (cuando en el caso de Francia es de un 52%, por ejemplo). Si estamos con un déficit del 6,6%, ahora con el aumento de recaudación subiremos unas décimas. Sin embargo, si estuviéramos en la media europea, este país no tendría el problema que tiene de déficit y de mantenimiento del estado de bienestar.
Nos centramos en el gasto, pero hay que mejorar mucho los ingresos. Respecto al Tax Gap, en la Comunitat hemos incluido medidas para ganar en eficiencia, digitalizando recursos y medios de contacto... También se ha introducido un Cuerpo de Gestión de Tributos de la Generalitat, que es un cuerpo muy cualificado.
La desafección hacia la política también tiene que ver con la educación cívico tributaria. Tenemos que incidir mucho más porque hay en determinados sectores de la sociedad en los que el fraude fiscal es aplaudido. Hay que hacer patente la necesaria responsabilidad tanto del contribuyente como del político, porque la propia democracia está en juego.
Hay que generar un incentivo personal para no defraudar. Sólo de esa manera nacerá en los contribuyente el compromiso por no defraudar. No todo tiene que ser medidas represivas, sino también preventivas y de concienciación. De ahí la idea de la 'cuenta corriente fiscal'.
Por ejemplo, todo valenciano debe saber que cada día invertimos 15 millones de euros en sanidad, y eso que tenemos un gasto per cápita que es el antepenúltimo de España. Vamos, que no es excesivo. Lo mismo ocurre en educación, donde se gasta 10 millones al día.
Por otra parte, ya aplicamos criterios de valoración de riesgos, a través de un sistema informático, para prestarle más atención. Lo mismo hacemos con la Delegación de Grandes Contribuyentes o las unidades regionales de inspección y, a partir de ahí, se va bajando.
Aunque es cierto que hay que mejorar la coordinación entre la Agencia Tributaria y las administraciones autonómicas. Igualmente, hay que dejar de demonizar la gestión de las comunidades autónomas, porque son las que más han contribuido a la reducción del déficit.
Respecto a la recaudación, tenemos mucho que mejorar, porque hay un acuerdo de gestión con la Agencia Tributaria, que nos cobra la oportuna comisión. Nosotros entendemos que tenemos mucho más recorrido, a pesar de la posición ventajosa que tienen ellos por la enorme base de datos de la que disponen.
PEDRO GIL, SOCIO RESPONSABLE DEL ÁREA DE DERECHO TRIBUTARIO DE CUATRECASAS-GONÇALVEZ PEREIRA
–La reforma tributaria, desde el punto de vista de los tipos, probablemente vaya en la línea correcta. En la medida en que esté creciendo la recaudación y la actividad económica es necesario un cierto mayor aliciente para que las retenciones bajen y que los contribuyentes notes lago más esta mejora.
También los tipos marginales al 54% creo que alimentan hasta cierto punto el fraude, sin entrar en que haya una voluntad confiscatoria. A esos tipos, la intensidad de cumplimiento de muchos contribuyentes se ve relajada, por decirlo de alguna manera.
La prórroga de la escala complementaria del IRPF va en la buena dirección, al igual que en el Impuesto sobre Sociedades, para intentar homogenizar también al 25% y que pueda llegar a un 23%.
Sin embargo, desde el punto de vista de los que hemos leído el Informe Lagares y el mucho interés que tenía la Administración en hacer una reforma tributaria general, quizás se ha quedado un poco corta. Se tenía que haber pensado con un poco más de detenimiento y a largo plazo si el IRPF tiene la distribución y la cesta de impuestos lógica que queremos.
A largo plazo no sé si seguir reformando los sistemas de financiación, diciendo cuánto toca a cada comunidad pero sin dejar claro quién tiene la capacidad legislativa y hasta qué punto puede esto romper la unidad de mercado. Habría que ver es mejor establecer definitivamente un modelo más centralizador u otro mucho más federalista, y no estoy hablando desde un punto de vista político.
Se debía haber dado otra vuelta de tuerca y no sólo quedarse en motivos recaudatorios, aunque esa la segunda parte de melón, la de los impuestos cedido a las comunidades autónomas, que se abrirá con el tiempo. A partir de ahí, no sabemos cuanto dará de sí la lógica aritmética.
También creo que se echa en falta en la reforma, desde el punto de vista del Impuesto de Sociedades, más seguridad jurídica, especialmente para los extranjeros. Así, una reforma del Impuesto de Sociedades que acaba convirtiendo en definitivos algunos pagos a cuenta que son objeto de devolución es una forma de financiar gratis al Estado, aunque éste reconozca la exención. Ante esto, un inversor extranjero, como es lógico, cuando quiera invertir a través de una entidad española se lo pensará dos veces antes de hacerlo.
También me plantean muchas dudas por lo que implica esta reforma del IRPF respecto a los tributos cedidos. Si, en principio, estos cambios y la mejora de la actividad económica debería mejorar la recaudación, no sé hasta que punto esto va a ser suficiente como para reducir el déficit en el que estamos hoy por la infrafinanciación clara y evidente que sufre la Comunitat Valenciana.
A partir de ahí, me pregunto si, aparte de los impuestos cedidos, ¿el propio IRPF es mantenible con el sistema de deducciones autonómicas tal y como lo tenemos? También, ¿es planteable la rebaja de la tributación directa o requiere de un aumento de una tarifa complementaria también en el ámbito autonómico a efectos de compensar parte de la caída de la recaudación?
Y, por último, en lo que respecta a impuestos autonómicos, en el caso de Patrimonio y Sucesiones me pregunto si podemos romper la inercia que, a falta de una medida valiente, nos hace vivir con unas tarifas del impuesto establecidas a principios de los 80 en las cuales las necesidades de financiación y los tipos de interés del Estado eran muy diferentes a los que hay ahora.
Todo esto está muy desfasado y responde a una realidad económica muy diferente a la actual, 30 años después de su establecimiento. A partir de ahí, no sé hacía dónde irá la financiación autonómica. No sé si la aritmética da para seguir jugando con los porcentajes de reparto de recaudación, porque eso va en contra de la idea de corresponsabilidad fiscal.
Por último, está la publicación en el BOE del impuesto de depósitos del 0,3% frente a las perspectivas del 0,5% que se estableció desde la Comunitat Valencia y que hoy por hoy no viene regulado en el Real Decreto con ningún tipo de compensación, como ya se advirtió en su día por parte del Estado.
JCM– Actualmente, estamos en una situación de indefinición sobre cómo va a ser la nueva financiación autonómica, y esto hace que con un 50% del IRPF y el resto del reparto es verdad que conseguir la corresponsabilidad fiscal se complica. Tenemos que mejorar mucho.
Se tienen que incardinar el IRPF, por una parte, y Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, por otra; pero la reforma fiscal no ha contemplado esta cuestión que yo creo que es básica y fundamental. Respecto a los tipos del 54%, es verdad que es una barrera psicológica y que no se pueden mantener en el tiempo, ya que atendían a unas circunstancias concretas.
Aunque no considero que sean confiscatorios ni que incentiven el fraude fiscal, sí entiendo que desincentivan el trabajo y produce una distorsión, pero esta ya se anunció que sería temporal y se ha cumplido.
Sabíamos que la bajada de impuestos trae una bajada de recaudación inicial, pero no final. Al ensancharse la base, unido a una mayor actividad económica, al mayor crecimiento y al mayor empleo, se produce un efecto recaudatorio positivo. Y ahora, ha llegado el momento político de bajar impuestos.
Una vez se produzca una mayor corresponsabilidad fiscal, esa unidad de mercado y ese diseño del sistema tributario autonómico ligado a la financiación autonómica, habrá que coordinar el IRPF junto a Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. Por el momento, en materia de deducciones del IRPF, nosotros hemos entendido que debíamos incentivar determinadas deducciones orientadas a rentas medias y bajas y a situaciones concretas. Y es lo que hemos hecho.
Respecto al impuesto sobre depósitos bancarios, hay que tener en cuenta que se legisló por parte de unas comunidades autónomas (Canarias, Andalucía y Extremadura); después se legisló por parte del Estado para imponer un tipo 0%; y se compensó a las tres comunidades autónomas año tras año vía Presupuestos Generales del Estado. En ese momento entró Asturias y entró Cataluña y al final todo se recurrió ante el Tribunal Constitucional.
El alto tribunal lo que ha dicho es que puede ser un impuesto con conexión autonómica y ha levantado la suspensión. Nosotros al ver el desequilibrio presupuestario estructural que arrastramos por culpa de la infrafinanciación, introdujimos la medida y estamos ahora en comisión mixta entre el Estado y la administración valenciana para ver qué pasa.
El primer viernes de julio, el Gobierno ha legislado ahora este impuesto a tipo positivo, no a tipo cero, con efecto retroactivo, por lo que nosotros lo que reclamamos es que haya una compensación, al ser nuestra legislación anterior a este cambio y porque nuestro impuesto no está recurrido de inconstitucional.
MARIO GARCÍA, DIRECTOR DE SECTOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA DE EVERIS
–Aunque son muchos los temas que se han tratado, no quiero dejar de advertir la relevancia de la tecnología Big Data y su aplicación contra el fraude fiscal. Básicamente, de lo que se trata es de cruzar grandes cantidades de información de distintas fuentes, en unos casos estructura y en otros caso menos estructurada, o de fuentes externas para detectar los patrones de fraude y ponerlos encima de la mesa.
Es una perspectiva más empresarial a la hora de hablar de la infrafinanciación y los efectos que vemos como empresa fuera, teniendo en cuenta además que en los últimos años se ha visto una capacidad de inversión por parte de la Generalitat Valenciana reducida año a año.
Esto ha hecho que el papel que interpretó hasta hace un tiempo de impulsor de la actividad se haya reducido también y haya afectado al conjunto de empresas con un efecto añadido: las dificultades de pago de facturas, aunque la Administración se haya acogido a planes como el FLA.
La cuestión es saber cómo de optimista se puede ser en la mejora de esa infrafinanciación que padece la Comunitat para ponernos en un nivel más o menos igualitario.
JCM– La Agencia Tributaria tiene un muy alto nivel de control de datos, como demuestran los borradores de la Renta, un elemento casi de ciencia ficción en otros países de nuestro entorno como Francia. En todo caso, tenemos que mejorar en base de datos y en salir a calle y percibir el fraude que se produce.
Respecto a la capacidad pública de ser motor económico, hay que tener en cuenta que la Comunitat Valenciana ha sufrido mucho la crisis con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria entre otros factores, pero también hay datos objetivos de que estamos saliendo antes y por delante de otras comunidades autónomas.
En materia de PIB regional, el pasado año fuimos la tercera comunidad autónoma con mejor comportamiento. A pesar de la situación de financiación, quien genera empleo y es motor económico son sectores como la automoción, el agroalimentario, el turístico... sectores que está dinamizando la economía valenciana por encima de otras.
En este contexto, la Administración autonómica tiene que ayudar y no ser un lastre, por lo que en la situación actual la mejor forma es pagando en tiempo y forma. Así podremos tener una política activa de inversión y de ayuda.
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