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La empresa Savia-Gerocentros, vinculada a la familia del presidente de las Corts, recibió plazas de residencias por valor de 15 millones de euros cuando Cotino ocupaba la cartera de Medio Ambiente

VALENCIA. Esquerra Unida ha solicitado este lunes a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investigue si el presidente de las Corts, Juan Cotino, cometió un delito de tráfico de influencias cuando adjudicó, en su etapa de conseller de Bienestar Social, plazas de residencias por valor de 15 millones de euros a las empresas Savia-Gerocentros, vinculadas a su familia.

Para ello, la diputada de EU, Esther López, ha entregado a Fiscalía todos los expedientes de las adjudicaciones de estas plazas residenciales en mayo 2009 que se realizaron cuando Cotino estaba al frente de Bienestar Social, si bien la publicación de estas resoluciones fue ya en su etapa de conseller de Medio Ambiente y que vincula a las escuchas publicadas en la pieza del Plan Rabassa dentro del 'caso Brugal' que se investiga en el juzgado de Orihuela.

Así, ha facilitado también las trascripciones de estas escuchas en las que aparecen conversaciones entre el sobrino del presidente de las Corts, Juan Cotino, el empresario Enrique Ortiz y el consejero delegado de Centros Residenciales Savia, Arturo Alario, en las que "se habla de que al parecer Cotino tiene intención de llenarles las residencias".

Del mismo modo, adjunta otras escuchas en marzo de 2009 de las que se desprendía la posibilidad de que conseller "cambiara la normativa" para que aumentara la concertación al 100 por cien de las plazas residenciales de las que "ya tenían el 40 por ciento los centros residenciales vinculadas a la familia Cotino".

Por ello, López ha explicado, en declaraciones a los medios, que EU han entregado a Fiscalía "todos los expedientes, transcripciones y escuchas y otras documentación que puede servirle a dirimir si puede haber un posible caso de tráfico de influencias por parte de Cotino y otros miembros de la Administración". López ha aclarado que la conselleria de Bienestar Social les ha dado "absolutamente toda la documentación" que le solicitaron. "Qué se desprende de ello sacado la conclusión que queráis", ha señalado a los periodistas.

FALTA DE ÉTICA

Al respecto, ha señalado que Fiscalía debe investigar estas adjudicaciones de forma independiente porque "trascienden al Pla Rabassa" ya que puede haber un posible delito de tráfico de influencias. En cualquier caso, ha señalado que "imputen o no a Cotino la falta de moralidad y de ética es manifiesta y por tanto debería dimitir ya", ha recalcado López, quien ha insistido en que no obstante desde EU "queremos llegar al final para ver si realmente se produjo un delito en la adjudicación de las residencias".

Además, ha señalado que estas adjudicaciones se produjeron en "un procedimiento negociado sin publicidad", que "se ha vuelto a producir en 2013 siendo Asunción Sánchez Zaplana consellera, aumentado la cantidad a 22 millones y también en su gran mayoría Savia o Gerocentros".

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