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VALENCIA (EP/VP). La sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado una sentencia anterior que anuló un acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 2010 por el que se destinaron fondos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo al proyecto de rehabilitación de la Tabacalera, la Plaza Redonda y el Mercado Central en vez de a la promoción de vivienda pública.

De esta forma, el alto tribunal valenciano desestima el recurso interpuesto por la corporación municipal contra una resolución del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Valencia --fechada en junio de 2010--, que, a su vez, estimó las alegaciones formuladas por el grupo municipal socialista contra la decisión aprobada en un pleno municipal de 2008, relativo a la segunda modificación del presupuesto de créditos extraordinarios y suplementos de crédito de ese ejercicio por un importe de 22.387.447 euros de los que 7,8 millones procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo se destinaron al proyecto de rehabilitación de la Tabacalera, en vez de a la promoción de vivienda pública. En aquella sentencia, el juzgado consideró el acuerdo "contrario a derecho".

Ahora, el TSJ ratifica esa decisión al considerar que, "como bien razona la sentencia apelada, el Ayuntamiento no ha acreditado que en 2008, año en que se tramitó y dictó el acuerdo plenario, la demanda de vivienda de protección pública en el municipio estuviera satisfecha".

"En consecuencia --concluye-- el acuerdo del Ayuntamiento de 30 de mayo de 2008 que dispuso aplicar los recursos generados por la venta de patrimonio municipal del suelo a proyectos municipales distintos de la vivienda de protección pública --concretamente, primero a rehabilitación y adaptación de La Tabacalera; segundo al plan especial de la Plaza Redonda; y tercero, a la rehabilitación del Mercado Central-- es contrario a derecho".

Tras conocer esta decisión judicial, el concejal socialista en el consistorio valenciano Vicent Sarriá ha manifestado que la gestión de la alcaldesa, Rita Barberá, "se ha caracterizado por el despilfarro de los recursos públicos, las malas prácticas que mantienen el urbanismo en nuestra ciudad bajo sospecha y por el despilfarro del patrimonio municipal de suelo donde ha actuado con el autoritarismo y soberbia que la caracteriza vulnerando permanentemente la ley en un ejercicio de insumisión intolerable".

En este sentido, el edil recuerda, a través de un comunicado, que el Ayuntamiento "acumula centenares de sentencias en su contra por no seguir los procedimientos legales que deben prevalecer en un gobierno democrático".

"En estos 23 años de gobierno municipal se han llevado a cabo subastas de solares procedentes del patrimonio municipal de suelo (como en la Avenida de Francia donde se ingresaron más de 18 millones de euros) o se ha entregado a los agentes urbanizadores el suelo procedente del excedente de aprovechamiento municipal, y todos estos ingresos que podrían superar los 50 millones de euros, se han destinado en la gran mayoría de los casos a otros fines diferentes al de la promoción y rehabilitación de vivienda pública, lo que pone de manifiesto el despilfarro y la nefasta gestión de la alcaldesa", opina Sarrià.

En al misma línea el representante socialista apunta que el Ayuntamiento "ha perdido además sentencias por vulnerar la normativa urbanística; la ley de contratos de la administración pública; la concurrencia e información pública; no aplicar la normativa ambiental o no justificar los cambios de planeamiento".

"La alcaldesa acumula más de un centenar de sentencias por su forma autoritaria de gobernar que le lleva a menospreciar los fundamentos jurídicos, lo que supone para nuestra ciudad suspender en credibilidad democrática" ha señalado Sarrià, quien ha recordado que muchas de estas sentencias son por vulnerar la normativa urbanística y ambiental, como los planeamientos y adjudicaciones de los sectores urbanizables de Orriols; Patraix y Massarrojos Nord; los de suelo urbano en Camino de Moncada; Guillem de Anglesola o Pedro Cabanes en Torrefiel; Font de Sant LLuís; el cambio de sectorización en Quatre Carreres o aprobar la recalificación del suelo deportivo de Cortes Valencianas sin la aprobación de la Generalitat.

"DEFICIENTE GESTIÓN DEMOCRÁTICA"

Sarrià agrega que "la deficiente gestión democrática de la alcaldesa en su permanente conflicto con la aplicación de la normativa urbanística y patrimonial es sobradamente conocida en el Tribunal Supremo principalmente por el Cabanyal que culminó con la declaración de expolio y por la Tabacalera, obligando al TSJCV a revisar su sentencia, por destruirse las naves laterales y traseras del edificio vulnerando su protección patrimonial, ni justificar el convenio urbanístico que permitió un despilfarro del patrimonio público.

Por último, el concejal socialista espera que esta sentencia del TSJCV "se cumpla con carácter inmediato en todos sus términos y se modifique el acuerdo plenario de 2008 destinando los 7,8 millones de euros a la promoción de vivienda pública en la ciudad, garantizando así las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo que avalan este criterio como permanente retroalimentación del patrimonio municipal del suelo, para garantizar el compromiso constitucional del acceso de los ciudadanos a una vivienda".

En caso contrario, ha manifestado Sarrià, el Grupo Municipal Socialista pedirá al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 que dictó la sentencia 298/10 de 21 de junio, ahora ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, el incidente de ejecución de sentencia.