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VALENCIA. La venta de Ciudad de la Luz será cualquier cosa menos una operación sencilla. Así lo consideran fuentes de la industria audiovisual española que han asegurado que la falta de incentivos fiscales nacionales atractivos para los rodajes dificultará su venta más que su precio de salida. En este sentido, un representante de la asociación de productores nacional, FAPAE, cree que el reciente anuncio del ministro Cristóbal Montoro de nuevos incentivos fiscales ha sido "decepcionante" y no contribuirá a aumentar la presencia de rodajes internacionales en España.

Hace apenas dos semanas el ministro de Hacienda anunció que las desgravaciones fiscales para los rodajes se quedaban en el 15%, cuando en la industria audiovisual esperaban que subiera hasta el 30%. La propuesta del ministro fue descalificada y hasta cineastas como Juan Antonio Bayona anunciaron públicamente que con esas ayudas no podrían rodar en España, en su caso la secuela de World War Z. De hecho la asociación de productores calificó la propuesta de Montoro de "insuficiente" y "dañina".

"Mientras Alemania y el Reino Unido apuestan por fuertes desgravaciones, aquí seguimos quedándonos a medias", se lamentaba este jueves un productor español consultado. Para esta fuente, la presencia en Valencia de películas como Tomorrowland o la confirmación oficial de que Juego de Tronos por fin recalará en España, en la localidad andaluza de Osuna, tras una primera intentona en Peñíscola, son producto más de los atractivos de los escenarios seleccionados que de los beneficios fiscales.

"Vienen porque se ahorran más viajando que construyendo los decorados, pero te aseguro que si el resto de España tuviéramos los incentivos fiscales que tiene Canarias [donde hay descuentos de hasta el 38% para los rodajes] vendrían el triple de películas estadounidenses y europeas", comentaba.

Estas mismas fuentes consideran que esta ausencia de incentivos fiscales nacionales y locales será uno de los escollos más importantes que se encontrará la subasta de Ciudad de la Luz, ordenada por Bruselas en mayo de 2012, y que se ratificó este jueves con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que consideraba ilegales las ayudas para la construcción del complejo. "Hay mucha gente interesada, pero no en las condiciones que va a salir a la venta", apuntaban.

EN CUÁNTAS PARTES SE DIVIDIRÁ

La negociación que se encuentra ahora abierta entre el Consell y la Unión Europea es cuáles serán los lotes que saldrán a subasta. Desde Bruselas no aceptaron la petición inicial de la Generalitat de que se vendiese todo el complejo de una, algo que consideran acertado buena parte de las fuentes de la industria audiovisual valenciana consultadas. Muchas de ellos creen que en la actualidad tampoco saldrían compradores que pudieran abonar el coste real del complejo de una e incluso vaticinaban que con suerte se podría vender por un 10% de su valor real.

Una cuestión que queda por dilucidar entre Consell y Unión Europea es la composición de los lotes. Por lógica, los productores consultados consideran que se venderá por un lado lo que son en sí los estudios, que incluye los seis platós, el plató de agua y el back lot, mientras que por el otro irán otros tres lotes con los terrenos adyacentes donde se pueden construir hoteles, la zona de servicios y el Centro de Estudios.

La empresa consultora Ambers & CO XXI que lleva las gestiones ha recibido ya varias propuestas para la adquisición de los estudios e incluso fuentes de Ciudad de la Luz han asegurado que "en su momento" algunos de estos posibles compradores visitaron los estudios ubicados en Alicante.  Pero no hay nada. Ni lo más optimistas consideran viable el anuncio de Català de que se podrá vender a mayor precio de su coste. "No recuperan los 265 millones; eso seguro. Si lo ha dicho la consellera es porque o no sabe nada del tema o ha querido ser optimista. Pero esto es la vida real y los refuerzos positivos no aumentan el precio de las cosas", comentaba un cineasta valenciano.

Y en ese contexto, insisten, la Comunidad Valenciana podría avanzar mucho si mejorase su política de incentivos fiscales a rodajes nacionales. Así, productores consultados abogaban porque se negociara con el Gobierno un incremento de los incentivos a rodajes así como la puesta en marcha de otros específicamente valencianos. Se trata de embellecer el complejo, de hacerlo aún más atractivo de lo que es, para que así la ruina que ha sido Ciudad de la Luz sea lo menos onerosa posible.

A LA GENERALITAT LE IMPORTA QUE NO TIENE COSTE

Por su parte, desde la Generalitat se ha querido restar importancia a la sentencia. Así, tanto la portavoz del Consell, María José Català, como el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, recordaron a lo largo del jueves que la devolución de dichas ayudas no tendrá en la práctica coste alguno para la administración. El fallo de la UE obliga al Consell al absurdo de ordenar a una empresa pública que le reintegre las ayudas que ella misma le dio. Como Moragues lo resumió de manera explícita en declaraciones a Europa Press, "es la Generalitat la que se devuelve a sí misma".

Tal y como la describía un alto cargo cultural valenciano, "la sentencia es un poco surrealista", y lo importante, el fondo, es que en la práctica fuerza a la administración a privatizar los estudios cinematográficos. Una orden que lleva aparejada un precio: los 265 millones de euros que estima la Unión Europea que ha aportado la Generalitat a la Ciudad de la Luz. No es de extrañar pues que, como resumía una persona del equipo del vicepresidente José Císcar, sin ser una buena noticia el fallo de la UE no le había acelerado el pulso a nadie.

¿Por qué? Porque la situación en la práctica está como se hallaba en mayo de 2012, cuando la Comisión Europea resolvió a favor de los denunciantes contra Ciudad de la Luz, entre los cuales se encuentran los estudios británicos Pinewood. No ha cambiado nada. O sí. Ahora se sabe que ya no queda ninguna alternativa, ninguna otra salida: La Generalitat debe vender a un inversor privado el complejo. Y debe hacerlo lo antes posible.

Y es que ésa es la otra cuestión importante: ¿Cuándo saldrá a la venta? Una decisión, la del calendario, que se le escapa a la administración y que está en manos de la Unión Europea. 

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