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VALENCIA (EP). El juez del 'caso Emarsa' ha rechazado los recursos de 16 imputados en la pieza principal del procedimiento ante los "abundantes indicios de criminalidad" y al estimar que sus procesamientos están "ajustados a derecho". Respecto a los supuestos cabecillas, insiste en que presuntamente son los "principales artífices del fraude". 

Así consta en un auto, con fecha 23 de junio, dictado por el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia en el marco de la pieza 1 del 'caso Emarsa', en la que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, que se ha cifrado finalmente en 23.766.765,50 euros.

El magistrado rechaza los 16 recursos de reforma interpuestos contra el auto que ponía fin a la instrucción de la pieza principal. Los recurrentes fueron el expresidente de la entidad, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo; Ignacio Bernácer, jefe de Explotaciones de Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar); Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Así mismo, presentaron recurso los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua; Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; José Ramón Cuesta, hermano del exgerente; y el administrador de la mercantil Arrima Centre d'Estudis, Antonio José Arnal.

Los imputados Cristina Segarra, mujer del exgerente Esteban Cuesta; y José Juan Morenilla, gerente de la Epsar, presentaron un recurso de apelación. Además, en esta pieza figuran también como procesados Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; María Paz García martínez, hermana de 'Chanín'; Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada; y el empresario fugado Jorge Roca.

El juez decide desestimar todos los recursos y lo justifica individualmente. Respecto a Enrique Arnal, por ejemplo, señala que hay "indicios suficientes" para considerar que "permitió, en beneficio propio y ajeno, el pago con fondos públicos de facturas mendaces emitidas por determinados proveedores a Emarsa con pleno conocimiento de que éstos no estaban prestando servicio alguno para la empresa pública".

En cuanto a Antonio José Arnal señala que hay indicios para considerar que los cursos 'on line', tutorizados o no, facturados por la empresa Arrima a Emarsa y abonados por ésta con fondos públicos "no fueron impartidos". "El imputado en ningún caso ha acreditado siquiera que se hiciera entrega de las claves precisas para que los cursos pudieran ser impartidos", agrega.

Sobre el recurso de Juan Carlos Gimeno, el juez indica que sus manifestaciones "no desvirtúan los múltiples indicios de criminalidad"; y sobre Bernácer afirma que junto al reconocimiento de hechos de Cuesta y las declaraciones de éste, "se han aportado al proceso abundantes indicios que permiten concluir que uno de los principales artífices del fraude llevado a cabo es el recurrente".

En relación con el recurso de Enrique Crespo, asevera que en la resolución "se exponen todos y cada uno de los indicios que revelan" su participación "en el expolio de la empresa pública Emarsa", en la que ejerció el cargo de presidente del Consejo de Administración y consejero delegado del órgano.

EVA MARSAL

La imputada Eva María Marsal solicitó al juez que se le devolviera su pasaporte para ir a Sudáfrica al entierro de su padre, a lo que las acusaciones --ministerio fiscal, Emshi y PSPV-- se opusieron.

Al respecto, el juez indica en una resolución independiente que la petición de Marsal, acusada de un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, es "tan humanamente comprensible" como, a efectos del proceso penal que se sigue, "jurídicamente inasumible".

El magistrado recuerda que cuando se le impusieron medidas cautelares, entre ellas, la retirada del pasaporte, existían "razones fundadas" para temer que pudiera sustraerse a la acción de la justicia, impidiendo así el cumplimiento del posible fallo condenatorio.

Ahora, además, --agrega-- se han modificado sus circunstancias personales y no en el sentido de acentuar su arraigo: carece de trabajo, se halla en precaria situación económica, según informa su representación procesal, trata de vender el único bien inmueble que figura a su nombre, y se ha mudado a otra ciudad. Ello, unido a la imposibilidad de garantizar que la imputada regresara a España una vez saliera de ella y a la posibilidad de que eludiera con "extrema facilidad" la acción de la justicia, obliga al juez a desestimar su solicitud.