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VALENCIA (EP/VP). La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha obligado al Consell a entregar documentación solicitada por Esquerra Unida (EUPV), en este caso relativa a los estudios de opinión trimestrales realizados por el Gobierno valenciano.

La sala estima así el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la formación de izquierdas por vulneración del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución sobre denegación de documentación por parte del Ejecutivo autonómico.

En este caso, EUPV presentó un recurso por el procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales por una resolución de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, de fecha 20 de noviembre de 2013, frente a la solicitud de copia íntegra y literal de los cuestionarios de los estudios trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunitat realizados en virtud del contrato adjudicado a la empresa Datos de Opinión S.L., de los informes de resultados de los estudios trimestrales, de las fichas técnicas de los estudios y de los cruces de datos de dichos estudios trimestrales.

En respuesta a esta petición, el gobierno valenciano indicó, como recoge la sentencia, que "dicha documentación tiene carácter auxiliar para la evaluación y definición de políticas públicas y no aborda cuestiones relacionadas con la intención de voto ni con las valoraciones personales de los líderes políticos". Asimismo, señaló que "la información correspondiente será pública, de acuerdo con la futura ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la normativa autonómica que la Generalitat apruebe en 2014 en desarrollo de aquella".

El TSJCV considera con este fallo "la existencia de vulneración constitucional en la negativa a facilitar los datos solicitados por el demandante a que viene obligado el órgano requerido" y procede así a estimar el recurso presentado por EUPV.

A este respecto, apunta que "en el caso de la Comunitat Valenciana, el artículo 22f de su Estatuto de Autonomía enuncia, entre las funciones de las Cortes Valencianas, todas aquellas que les confieran las leyes" y que "su reglamento, en los artículo 8 y siguientes, reconoce a los diputados una serie de derechos encaminados a situarles en condiciones de contribuir al ejercicio de esos cometidos" como "parte del contenido legalmente aportado al que les reconoce el artículo 23.2 de la Constitución".

Tras ello, el TSJCV añade que "además, en este caso concreto, no se ha dado razón alguna que justifique la negativa a facilitar dicha información" porque "ciertamente, si dicha razón es justificada podría prevalecer a no ser ilimitado el derecho a la información de los parlamentarios".

Apunta, que "sin embargo, y tal como declaró el TS, no queda tampoco al criterio de la Generalitat Valenciana establecer, mediante la definición de sus límites, dicho derecho o, lo que es lo mismo, la existencia de impedimentos jurídicos que hacen improcedente atender la solicitud de información". "Nada impide, desde luego, a los diputados que la hayan visto rechazada, en parte o en su totalidad, seguir el camino parlamentario previsto en el artículo 12 antes trascrito", resalta la sentencia, a la vez que dice que "nada les impide tampoco hacer uso de los otros medios que el ordenamiento jurídico les brinda para defender su derecho fundamental y, en este caso, la tutela judicial".

"EL CONSELL MÁS OPACO"

Tras conocer esta sentencia que "obliga por séptima vez al Consell a entregar documentación pública solicitada por EUPV", el portavoz adjunto de esta formación en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, que interpuso el recurso que se ha estimado, ha valorado que este fallo sea "una sentencia más que ha ganado Esquerra Unida contra el Consell más opaco de la historia".

"En este caso, por las encuestas de 2009. Han pasado cinco años y el Consell de Alberto Fabra se niega a darnos los resultados de unos estudios que fueron pagados con dinero público. Por eso, vamos a exigir responsabilidades políticas y también penales, porque hay quien utiliza el Gobierno como mejor le conviene, gastando dinero público para incumplir de manera sistemática la ley y recurrir las sentencias a sabiendas de que se van a perder generando un quebranto económico a todos los valencianos", ha planteado Blanco.