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MADRID (EFECOM). La gran banca quiere tener en funcionamiento desde julio el fondo de rescate que está diseñando para salvar empresas fuertemente endeudadas pero aún viables, un proyecto que se ensayará primero con cuatro o cinco compañías, y que, si sale bien, podría ampliarse en el futuro.

Según fuentes del sector financiero consultadas por Efe, este fondo serviría para que la banca capitalice la deuda que tienen con ella las citadas empresas, canjeándola por una participación temporal en el accionariado de la que las entidades podrían salir cuando mejorara la situación económica de la empresa en cuestión.

Se trataría de hacer algo similar a lo que la banca acreedora está haciendo en Pescanova, una empresa que pese a sus elevadas deudas -3.500 millones de euros-, es "claramente viable", puesto que obtiene unos ingresos anuales de unos 1.200 millones de euros.

Otro ejemplo de empresa ahogada por las deudas pero con posibilidades de seguir adelante con ayuda sería Metrovacesa, explicaron las fuentes, aunque dejaron claro que ninguna de las dos mencionadas entrarían en el citado proyecto piloto.

Ahora toca ponerse de acuerdo al Santander, el BBVA, CaixaBank, Bankia, el Banco Popular y el Sabadell, que son las entidades que participan en el llamado Proyecto Fénix y que tienen que decidir qué empresas se beneficiarían del fondo en primer lugar y sobre la forma de hacerlo y los plazos.

Esta iniciativa se enmarca en el real decreto ley de Medidas Urgentes de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Empresarial aprobado a principios de marzo por el Ejecutivo y que modifica parte de la ley concursal.

El proyecto se denominó en un primer momento Proyecto Midas y se le llamó "el banco malo de las empresas", aunque en este caso la estructura no será la misma, ya que la banca está casi decidida a actuar "empresa por empresa".

La medida servirá básicamente para reducir el número de quiebras empresariales después de que la crisis se haya llevado por delante a unas 135.000 compañías, y se unirá a otras iniciativas como las medidas fiscales que ultima el Gobierno y que prevén una rebaja en el impuesto de sociedades.

Según constaba en el proyecto original, tras la capitalización de deudas, la banca podrá hacerse con una participación de control o "co-control" en las compañías y luego traspasarla a un fondo o sociedad de capital riesgo para que sea gestionado por una sociedad independiente.

Este último detalle es importante si se tiene en cuenta que las empresas rescatadas tendrán que someterse previsiblemente a ajustes de plantillas, que es mejor que sean decididos por un experto y no por los bancos que se han convertido en accionistas por un periodo máximo que puede durar entre 5 y 7 años.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó en su día que no sólo se trata de la conversión de deuda en capital, sino de cómo facilitar todo el proceso de reestructuración, ya que, si esto no se produce, "ni los acreedores ni el negocio van a cobrar y por tanto va a perder todo el mundo".

En España, el proceso concursal lleva en la mayoría de los casos a la liquidación de empresas, pero ésa no es siempre la mejor alternativa, dijo De Guindos.

El cierre tiene que ser el último recurso, y es preciso encontrar otras alternativas más razonables para los trabajadores, los acreedores, los accionistas, la gestión de la empresa y para el conjunto de la economía.