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PALMA (EP). El juez del caso Nóos, José Castro, tomará mañana declaración como imputado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en relación a los convenios que firmó el Instituto Nóos con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), de la que es presidente, para organizar foros sobre deporte en 2004, 2005 y 2006.
Castro decidió citar a Grau a declarar al entender que "existen indicios fundados de criminalidad" en los convenios suscritos entre el instituto que presidía Iñaki Urdangarin, la FTVCB y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar dichas jornadas.
El juez basa esos indicios en las declaraciones prestadas por varios testigos en esta causa los pasados 11 y 12 de abril en Valencia y también en unos informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jurídica de la FTVCB y la aplicación a dicha entidad de la Ley de Contratos de la Administración Pública en el momento de los hechos.
El informe de Intervención, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, concluye que la FTVCB pertenece al sector público y está integrada en el Ayuntamiento de Valencia ya que el consistorio financia casi la totalidad de su presupuesto y controla su gestión con el 99,55 % de los votos en su patronato.
Según Castro, existen "indicios racionales" de que en las diferentes contrataciones al Instituto Nóos "se orilló el interés general, se prescindió de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado".
De acuerdo con el juez, tampoco se fiscalizó cómo se desarrollaban los convenios ni si pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos.
Castro indica que esas pautas eran "de obligada observación" ante la calificación jurídica como entidad de derecho público de la FTVCB que realiza la Intervención del Estado por el hecho de que los fondos que manejaba esta entidad eran "abrumadoramente públicos".
El juez considera necesario que Grau sea oído como imputado en su calidad de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, presidente de la fundación y miembro de su consejo rector en representación de la corporación municipal.
Castro aceptó una petición de la defensa de Grau, que solicitó tiempo para estudiar la causa y aplazó a mañana a las 11 horas la declaración que había fijado inicialmente para el 17 de mayo.
Después de Grau está previsto que declare como testigo por videoconferencia desde la cárcel de Barcelona el empresario Juan José López Ribes, a partir de las 13.30 horas, en relación con el posible vínculo con el caso Nóos de una transferencia de Telefónica por 12 millones efectuada en diciembre de 2007 a una entidad con sede en Ucrania de la que él era titular.
El juez recibió este lunes documentación de una entidad bancaria que confirma la existencia de dicha transferencia realizada por orden de Telefónica, que obedecía al concepto de alquiler de líneas de teléfono.
La investigación deriva de unas diligencias abiertas por un juzgado de Barcelona, que imputó al empresario ahora encarcelado y le intervino en un registro varias cartas dirigidas a Telefónica.
En dichas cartas, el empresario relataba que recibió por error en un banco de la ciudad ucraniana de Odessa, donde tenía negocios, una transferencia de 12 millones ordenada por la compañía de comunicaciones y que él sospecha que tenía como destinatario a Iñaki Urdangarin.
El juez quiere que el testigo explique "de dónde extrae las conclusiones" que relacionan a la entidad que ordenó la transferencia "con una fundación vinculada a Iñaki Urdangarin", la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fcdis), considerada sucesora de Nóos.
También desea aclarar el destino de esa importante suma, cuál era el papel que jugaba el empresario en la operación y qué beneficio le reportaría.
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