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VALENCIA. El actual sistema de colegios profesionales está en crisis a causa de las nuevas normativas europeas que prevén anular las cláusulas de colegiación obligatoria, impiden la fijación de precios de referencia o no dejan clara la atribución profesional de los estudiantes de carreras condenadas a la desaparición por el proceso de Bolonia o de profesionales que no encuentran su equiparación en otros países europeos, como ocurre con las ingenierías técnicas o en las arquitecturas.

Por si esto fuera poco, algunos de los colectivos porfesionales más numerosos de la Comunitat tienen sus propias tensiones internas, fruto de la crispación generada en recientes campañas electorales o por medidas de ajuste que no se consideran justificadas por algunos colegiados, como ha sido el caso del Colegio de Economistas de Valencia (COEV).

Ya de puertas para afuera, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) mantiene las espadas en alto contra la Generalitat por los retrasos en el pago de las retribuciones por el turno de oficio. De hecho, la tensión ha llevado a que el colegio haya llegado a "romper relaciones" con la Conselleria de Justicia, acusándola de "falsedad" al asegurar eran los colegios quienes no cumplían con el pago a sus colegiados.

DECISIONES CONTROVERTIDAS Y RESACAS ELECTORALES

En general, las relaciones con el Consell de casi todos ellos no son precisamente óptimas, entre otras cosas por la actitud mantenida por el Ejecutivo valenciano y el conseller de Economía, Máximo Buch, que ha manifestado su respaldo a las medidas restrictivas del poder de los colegios que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy "en beneficio de la competencia".

De este modo, entre unas cosas y otras más de 81.000 profesionales se ven afectados en la Comunitat Valenciana directa o indirectamente por esta situación, tanto en su ejercicio laboral del día a día como en temas claves que afectan hasta a su continuidad laboral.

En orden interno, al margen de los debates y hasta tensiones que se puedan producir en procesos electorales como el del Colegio de Arquitectos, que eligió el pasado 16 de mayo a Mariano Bolant como nuevo presidente; o el Colegio Oficial de Médicos, que vota presidente el próximo 26 de junio, hay otros casos en los que la tensión se prorroga o se abre en otros frentes.

Este último ha sido el caso del Colegio Oficial de Economistas (COEV), que preside Juan Manuel Pérez Mira desde hace dos años y que ha aplicado un ajuste de personal de una quinta parte de su plantilla. Los motivos aducidos han sido la mejora organizativa, pero esto no ha evitado tensiones entre los colegiados al verse afectados profesionales dedicados a la casa desde hace décadas.

RUPTURA DE RELACIONES 'PÚBLICAS'

En otros casos, las tensiones vienen de lejos, como la que mantienen el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y la Generalitat por el cumplimiento de los pagos a los profesiones que participan en el turno de oficio. El último episodio lo protagonizaron el decano del colegio, Mariano Durán, y el secretario autonómico, Antonio Gastaldi.

El alto cargo aseguró en les Corts Valencianes que son los colegios los que pagan a los abogados y, por lo tanto serían responsables de las demoras que se produzcan, ante lo que Durán negó la mayor y recordó que los fondos del turno de oficio son "única y exclusivamente" del departamento dirigido por Gastaldi.

"Mejor que se vayan a su casa", que dimita, ha llegado a exigir por escrito el Decano ante la sucesión de enfrentamientos entre el secretario autonómico y el ICAV. "No es asumible que paguen tarde y mal, que tampoco paguen ni las fotocopias, ni que un abogado perciba 50 euros por 24 horas de guardia, que se convierten en 48 horas si al día siguiente hay juicios rápidos de esas detenciones", como explicó Durán.

Este colectivo ha realizado concentraciones muy numerosas en la Ciudad de la Justicia, pero ya plantea ir más lejos. "Ya no se tratará de movilizaciones, como hasta ahora, sino de medidas más contundentes", se asegura desde el colegio.