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con fuegos artificiales

La Fiscalía pide la imputación del alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán, por quemar la montaña

VALENCIAPLAZA.COM. 23/05/2014 El fiscal solicita que se cite Ernesto Sanjuán y el concejal de Fiestas, Andreu Piqueras, en calidad de imputados por un delito de incendio forestal por imprudencia grave

VALENCIA (EP). El fiscal coordinador de Incendios Forestales de Valencia, José Antonio Nuño de la Rosa, ha solicitado que declaren como imputados el alcalde de Cullera, Ernesto Sajuán (PP), y el concejal de Fiestas, Andreu Piqueras, por el incendio declarado el pasado mes de abril en la localidad después de que se disparase un castillo de fuegos artificiales pese a estar prohibido, ya que existía un Nivel 3 de Preemergencia por riesgo de incendios.

Así consta en el escrito, facilitado por Compromís, en el que el fiscal acuerda remitir a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sueca (Valencia), encargada de investigar el caso, las denuncias y documentos que tiene, y le solicita además una serie de diligencias.

Entre las nuevas diligencias, el fiscal solicita que se cite a Sanjuán y a Piqueras en calidad de imputados por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave, después de que se reciba el informe definitivo de causas tanto del Seprona como del grupo operativo de investigación de incendios forestales.

El fiscal realiza este requerimiento al entender que en estos momentos "existen datos" para considerar que la "responsabilidad máxima" a la hora de realizar y autorizar el disparo y ejecución del espectáculo pirotécnico "corresponde" al alcalde y al concejal de Fiestas, "con independencia del resto de personas que pudieran aparecer como responsables en cuanto hubieran tenido un dominio funcional a la hora de realizar dicha conducta".

Así mismo, requiere que se reciba declaración en calidad de testigo a Javier Navarrete, del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, sobre el fax que se remitió al Ayuntamiento en el que se advertía de que se había decretado el Nivel 3 de Preemergencia y que no se podía disparar el castillo de fuegos artificiales. El fiscal pide que se pregunte al testigo por qué envió este fax, la hora de su remisión, y si tuvo constancia de su recepción por el destinatario.

Junto a éste, el ministerio público también reclama las testificales de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que participaron en el desalojo de las viviendas; y de las personas identificadas como desalojadas durante el incendio.

A nivel documental, el fiscal requiere que se solicite al Seprona de la Guardia Civil el informe técnico de las causas del incendio forestal; y al Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales dependiente de la Conselleria de Gobernación y Justicia un informe definitivo sobre el fuego.

Además, pide que se solicite al Centro de Coordinación de Emergencias información sobre el Nivel de preemergencia decretado para el día del incendio; y las comunicaciones remitidas por cualquier vía al Ayuntamiento de Cullera en relación al nivel de preemergencia.

El fiscal se interesa también porque la Guardia Civil identifique a las personas que fueron desalojadas de sus viviendas en las calles Churruca y Progres de Cullera; y a las personas encargadas del lanzamiento del espectáculo pirotécnico, ya que en el atestado solo se hace mención a que en el programa de fiestas aparecen reflejadas las empresas Pirotécnica Ricardo Caballer S.L. y Hermanos Caballer Pirotécnicos S.L., mientras que en las cajas de material aparece reseñada únicamente la empresa Pirotécnica Ricardo Caballer.

Junto a ello, requiere un informe sobre el impacto en el medio ambiente a un perito ecotoxicólogo del Instituto de Medicina Legal de Valencia; y solicita a la Conselleria de Sanidad que remita, en su caso, un listado de las personas que fueron atendidas en los Centros de Salud o los que correspondiera por inhalación de humos u otras patologías directamente relacionadas con el incendio.

COMUNICADO "EXPRESAMENTE"

El fiscal estima, tras los informes de los que dispone, que el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales, estando declarado y comunicado expresamente el estado de Preemergencia 3, realizándolo no ya en las proximidades de la masa forestal, sino en el interior de la misma, "reviste los caracteres de un posible delito de incendio forestal por imprudencia grave".

Al respecto, recuerda que el informe preliminar del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales señala en sus conclusiones que la actividad de lanzar el castillo no era autorizable al haberse realizado dentro del propio terreno forestal; y que se hizo estando declarado para ese día el Nivel 3 de Preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales, preemergencia "conocida por el Ayuntamiento, ya que le fue remitida por vía fax, y es directamente comunicada también por el Centro de Emergencias a través de mensaje SMS".

Así mismo, el atestado levantado por la Guardia Civil contempla que estaba decretado por el Centro de Coordinación de Emergencias el nivel 3, y que por tanto no se permitía ningún tipo de fuego.

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