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"La sociedad tiene que tener claro en qué invierte la universidad sus recursos y ésta debe justificar la financiación pública que reciben poniendo de manifiesto sus resultados en términos medibles..." 

MADRID. Por si fuera necesario escenificar la ruptura entre el ministro de Educación y la Conferencia de Rectores de España (CRUE), el órgano que representa a los responsables de todas las universidades del país, ésta se produjo en sede parlamentaria hace algo más de un semana cuando Wert llamaba mentirosos -"afirmaciones manifiestamente inciertas" y "juicios de valor infundados"- a los dirigentes de las 50 universidades públicas y 25 privadas del país que días antes habían exigido colectivamente al ministro que revocara las medidas como el aumento de tasas o el endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca.

En concreto, los rectores expresaban su profundo malestar con las duras "medidas excepcionales" que "asfixian" a los campus, que llegaron primero con los recortes presupuestarios (unos 1.400 millones desde 2009) y después con los cambios normativos que afectaron a las tasas y a las becas, exigiendo a Wert que rectificara esas medidas, una vez que el Gobierno ha decretado la recuperación económica.

El ministro no desperdiciaba la ocasión parlamentaria para dejar claro que "en lo único en lo que estoy de acuerdo con los rectores es en su reivindicación de una modernización del sistema universitario", a la vez que desmentía o matizaba, punto por punto y con datos y cifras, las acusaciones de los 75 rectores.

Una de las más importantes reformas que quedan pendientes de abordar en España es la universitaria, aunque son legión los que consideran que ni el ministro ni el gobierno están ya por la labor de llevar a cabo tan magna faena, dada la envergadura del empeño, una vez que se ha traspasado el ecuador de la legislatura.

Del calado del proyecto da fe el dictamen de la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria entregado al ministro en febrero de 2013 en el que se señala que "el sistema universitario español (SUE) requiere una profunda reforma para cumplir adecuadamente con las dos tareas del sistema: la formación de la juventud y la generación de nuevas ideas y conocimiento". Difícil decir más en tan corto espacio, aunque no dejaba escapar la ocasión de concluir que la primera condición para mejorar la calidad del sistema universitario es reconocer que es muy insuficiente y que la falta de de excelencia es incontrovertible.

Tales afirmaciones fueron firmadas, con dos votos particulares, por relevantes miembros de la comunidad universitaria como Miras-Portugal, Alzaga, Azcárraga, Barberá, Campmany, Chulía, Garicano, Goñi, Puyol, Rodríguez Inciarte y Urrea, lo que pone de manifiesto la ingente tarea que demanda el SUE para adecuarlo al siglo XXI.

Algún relevante intelectual buscaba recientemente un cierto paralelismo entre la necesaria reforma del SUE con la que tuvo que llevar a cabo Azaña para conseguir un ejército más moderno y eficaz y terminar con una situación imposible: el ejército español tenía 800 generales -le habría bastado con 80- tenía más comandantes y capitanes que sargentos y sumaba 21.000 jefes y oficiales para 118.000 hombres.

El decreto de retiros extraordinarios en el que se ofrecía a los oficiales del Ejército que así lo solicitaran la posibilidad de apartarse voluntariamente del servicio activo con la totalidad del sueldo, permitió que casi 9.000 mandos (entre ellos 84 generales) se acogieron a la medida, aproximadamente un 40% de la oficialidad (el mayor porcentaje de abandonos se produjo en los grados superiores), y gracias a esto Azaña pudo acometer a continuación la reorganización del Ejército.

Hoy, la situación de la universidad española es tan insostenible como el ejército en la época de Azaña y no solo desde el punto de vista financiero sino del de la operatividad y la competitividad. Ya no es cuestión de si una o ninguna universidad española se encuentra en los ranking de Shanghái-ARWU o Times, o de si la universidad española no resista una comparación seria con las de su entorno como se encarga de dejar de manifiesto el Lisbon Council, que pone de manifiesto que nuestro país ocupa el último lugar en un ranking sobre la calidad de los sistemas educativos superiores en 15 países de Europa más Estados Unidos y Australia.

De lo que se trata es de que de todo ello tendrán algo que decir los 75 rectores españoles, cuando de lo que se trata es de enfrentarnos a un mundo globalizado en el que la calidad del capital humano es el principal y más determinante factor del éxito económico de un país. Sin embargo, los máximo dirigentes de las universidades españolas prefieren poner el acento en aspectos laborales y en la «igualdad de oportunidades» para los estudiantes y en sus preocupaciones no suelen aparecer términos como calidad, excelencia o rendimiento académico.

Los expertos, nacionales y extranjeros, tienen estudiados y detectados los problemas del SUE, aunque en ello los rectores no se suelen detener, quizá porque resulta poco explicable las razones por las que las universidades española se han limitado a reproducirse miméticamente, lo que ha provocado distorsiones, duplicidades y dispersión, algo que hace muy difícil la excelencia y en este sentido el fomento de la excelencia puede ser determinante para romper la visión burocrática de lo académico mediante la oferta, entre otras cosas, de retribuciones más atractivas para los profesionales competitivos.

Para ello, la gobernanza es una pieza clave aunque cambiar el modelo no será posible hasta que no cambie la normativa y el nuevo marco se base en una amplia representación de personas independientes y ajenas a la comunidad universitaria; en una autonomía que permita a la Universidad gestionar lo académico sin intromisiones, pero proporcionando una cuenta de resultados bajo supervisión; así como en la libertad de selección de profesores y estudiantes con un reto irrenunciable: la internacionalización, ya que es imprescindible atraer talento internacional y contar con los mejores académicos e investigadores del mundo, algo que no es posible si no se cuenta con la regulación, financiación y gobernanza adecuadas.

A partir de ahí, los problemas están más que detectados y lo único que hace falta es voluntad política para cambiar el estado en que está sumida la universidad española, partiendo de la base de que ni hay demasiadas universidades, ni hay demasiados universitarios, ya que España sigue siendo uno de los países donde hay un mayor número de habitantes por universidad y donde el porcentaje de cualificación de la población es aún inferior a los países del entorno.

Partiendo de esa premisa, la sociedad tiene que tener claro en qué invierte la universidad sus recursos y ésta debe justificar la financiación pública que reciben poniendo de manifiesto los resultados que producen en términos medibles, como la actividad docente e investigadora, la actividad de transferencia o la innovación.

Y eso pasa por algo tan determinante como el que la financiación de la universidad pública deba llevarse a cabo con una mayor participación del usuario, garantizando siempre la igualdad de oportunidades y preservando la equidad y el acceso de personas con recursos limitados.

De nada de eso suele ser habitual escuchar a los rectores, más centrados en cuestiones de orden laboral, no en vano hasta la disminución por las medidas de ajuste de los últimos años, el número de profesores y de personal administrativo venía experimentando durante años un aumento sostenido, mientras que el número de estudiantes se mantenía más o menos estable. Así, si el personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas rondaba las 90.000 personas hace diez años, en el curso 2011-2012 eran ya casi 104.000. Mientras, el personal de administración y servicios (PAS) pasaba de poco más de 47.000 en el curso 2004-2005 hasta más de 54.000 siete años después.

El resultado de todo ello es una falta de equilibrio que lo único que permite es detectar una carencia de gestión clamorosa que queda reflejado en la ratio del número de alumnos por profesor y que oscila desde los 5,36 de la Pompeu Fabra, los 2,17 de la Universidad Internacional de Andalucía o los 3,12 de la Universidad San Jorge de Aragón a los 18,3 de la Universidad de Barcelona o los 26,38 de la UNED.