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MADRID (EFE). A poco más de un año para las elecciones autonómicas de 2015, varias autonomías han puesto en marcha reformas electorales que pueden alterar el mapa político de sus territorios, ya sea mediante la reducción del número de diputados o a través de la elección directa de sus representantes. El próximo miércoles 14 de mayo, el pleno del Senado dará el visto bueno definitivo a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para permitir la reducción de diputados a una horquilla de 25 a 35.

Esa reforma del Estatuto será el paso previo a una nueva reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha, la segunda esta legislatura, pues ya se aprobó una, también impulsada por el PP, por la que se aumentó de 49 a 53 el número de parlamentarios. Siguiendo los pasos de Castilla-La Mancha -donde los parlamentarios sólo cobran dietas desde enero de 2013-, el presidente balear, José Ramón Bauzá, anunció la pasada semana que propondrá una reforma del Parlament que supondría la reducción de 16 diputados, de 59 a 43, y un cambio del sistema de retribución de sueldos por dietas, lo que traduce en un ahorro por legislatura de 11 millones de euros.

Tanto Bauzá como Cospedal justifican sus propuestas en la austeridad y en la ejemplaridad, pero en ambos casos la oposición rechaza de forma frontal la reforma por considerar que se trata de un intento de reducir el pluralismo y, en el caso de Castilla-La Mancha, de dar "un pucherazo electoral" ante las encuestas adversas. En cualquier caso, la primera comunidad autónoma que aprobó reducir diputados para la próxima legislatura fue Cantabria, donde se pasará de 39 a 35 escaños.

Una iniciativa que se aprobó gracias a la mayoría absoluta del PP, igual que en Galicia, donde, tras las últimas elecciones, Alberto Núñez Feijóo promovió pese al rechazo de toda la oposición una modificación para suprimir 14 parlamentarios y pasar de 75 a 61. En La Rioja, el PP y el PR+ han impulsado una reforma del Estatuto de Autonomía que prevé reducir a 25 el número actual de 33 diputados y limitar a dos los mandatos del presidente del Gobierno regional.

En Extremadura, el PP -que gobierna en minoría- ha promovido los trabajos de una comisión para estudiar un cambio electoral con elementos que van más allá de alterar el número de representantes. En concreto, propone incluir las listas abiertas, que la candidatura más votada sea la que gobierne, además de reducir el número de diputados de 65 a 45 y rebajar del 5 al 3 el porcentaje de votos para conseguir un escaño.

También en la Comunitat Valenciana se ha abierto el debate sobre la ley electoral, aunque en este caso lo que pretende el presidente, Alberto Fabra, es que un tercio de los parlamentarios sea elegido de forma directa entre los vecinos. Una fórmula parecida a la que propone el PP en Madrid, donde se ha creado una comisión para el estudio del cambio de la normativa electoral para el que se requiere una mayoría reforzada de dos tercios de la Cámara.

Los populares quieren dividir la Comunidad de Madrid en 43 circunscripciones y elegir un diputado en cada una de ellas, mientras que el resto de los parlamentarios serían elegidos, como hasta ahora, en listas cerradas. En Canarias, todas las formaciones se han mostrado dispuestas a cambiar la normativa electoral, aunque no coinciden en la forma de hacerlo. Los socios de gobierno (CC y PSOE) han impulsado cambio del Estatuto de Autonomía en el que, según el presidente, Paulino Rivero, se acometerá la reforma electoral.

También hay planes de cambio en Murcia, en cuya Asamblea ha comenzado a funcionar una comisión de estudio para estudiar diferentes modelos. Un cambio que no cristalizó en Asturias, donde el PSOE desistió de apoyar la propuesta de reforma electoral que había pactado con UPyD e IU, lo que hizo tambalearse al Gobierno de Javier Fernández.

También se mostró en su momento partidaria de reducir el número de diputados la presidenta navarra, Yolanda Barcina, pero no ha llegado a plantearlo formalmente en el Parlamento, donde su partido (UPN) no tiene mayoría. En Andalucía, el PP se ha mostrado partidario de estudiar la reducción de diputados, mientras que IU, socio de gobierno del PSOE, se decanta por reformar la normativa para hacer más equitativo el acceso al Parlamento.