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VALENCIA (EP/CP). La entidad Cercle Obert ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Valencia que incoe diligencias de investigación penal por los desprendimientos en la fachada del Museo San Pío V de Valencia por un posible delito de expolio y atentado contra el Patrimonio Histórico y Cultural.

El objetivo, informa la entidad cívica en un comunicado, es "depurar responsabilidades e identificar a todos y cada uno de los responsables institucionales que han permitido y alimentado, por acción u omisión, la presunta degradación, ruina, expolio y abandono que sufre este bien y todo su entorno de protección".

Los hechos sucedieron el pasado 17 de abril, cuando de la pared de la pinacoteca que recae a la calle cayeron cascotes. El incidente, que no causó daños personales, se produjo a primera hora de la mañana y los bomberos de Valencia tuvieron que acudir a realizar tareas de limpieza y saneamiento en la pared exterior del museo. Posteriormente, técnicos llevaron a cabo igualmente labores de afianzamiento de la fachada.

Cercle Obert, que ha entregado a la Fiscalía un escrito y varios documentos anexos y fotografías, argumenta que los tipos delictivos que el vigente Código Penal contiene en este punto son los descritos en los artículos 321 a 324 y en ellos el bien jurídico protegido es el patrimonio histórico.

Así, recuerda, a través de un comunicado, que el artículo 324 "castiga al que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga, o bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos".

Agrega que el artículo 4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, establece que se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social.

"En consecuencia, y ante la visible falta de actuaciones institucionales por parte de los titulares y gestores del Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia y de su entorno, durante estos últimos años, y en vista de los gravísimos desprendimientos acaecidos el pasado jueves, que podrían haber ocasionado lesiones graves a los viandantes, podemos afirmar que estamos ante un posible delito de expolio y atentado contra el Patrimonio Histórico y Cultural, dada la crónica falta de actuaciones preventivas y cautelares a nivel institucional".

"DEBER INELUDIBLE"

El colectivo considera que el propietario de dicho bien, que es de titularidad estatal y gestión autonómica, "le corresponde el deber ineludible de mantener los edificios constructivos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos en ellas las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que permitirían obtener las licencias administrativas de ocupación para el destino que les sea propio".

"Todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y los artículos 206 y 207 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en los que la administración tiene el deber y la obligación de exigir a cualquier propietario que cumpla con su deber de mantener, conservar y garantizar la seguridad del edificio, requiriéndole para que subsane las deficiencias señaladas por los técnicos", sin olvidar la necesidad de imponer las preceptivas multas coercitivas y otras sanciones por el incumplimiento de esta normativa", sostienen.

DESPRENDIMIENTOS EN LOS SANTOS JUANES

Por otra parte, la entidad también se refiere a un "desprendimiento de la cornisa que rodea la torre del campanario de la Real Parroquia de los Santos Juanes, también conocida como iglesia de San Juan del Mercado, en su parte orientada a la Plaça Ciutat de Bruges y el Carrer Vell de la Palla, ocasionado una seria lesión a un joven que paseaba acompañado de su novia.

"Ambos desprendimientos en los citados BIC y entornos, hubieran podido no ocurrir, si tanto la propia Fiscalía Provincial de Valencia como el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Diputación Provincial de Valencia y la Generalitat Valenciana se hubieran tomado en serio nuestras documentadas denuncias, quejas, iniciativas y propuestas, formuladas y presentadas por los cauces legalmente establecidos en su día", reprocha finalmente.