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MADRID. El volumen de la deuda pública española contraída hasta febrero de 2014 ha superado los 987.000 millones de euros, alcanzando el 96,6% del PIB, siendo la estimación oficial que la ratio de deuda pública sobre PIB podría cerrar 2014 próximo al 99% aunque, según previsiones del FMI, esa ratio podría superar el 105%. Esta progresión cobra toda su trascendencia cuando vemos su evolución: en 2003 la deuda global era del 48,80% del PIB.

Con ello, España soporta ya el mayor nivel de deuda pública desde principios del siglo XX y el Estado deberá captar este año el mayor volumen de deuda de su historia. En concreto, según la estrategia de financiación prevista para 2014, el Tesoro afronta unas necesidades brutas de financiación de 242.400 millones de euros. Dicho de otro modo, el Gobierno deberá pedir prestado al mercado el equivalente al 24% del PIB para pagar deuda pasada y cubrir la brecha existente entre ingresos y gasto público.

Es la consecuencia de la profunda crisis económica y que ha afectado a toda la eurozona hasta el punto de que sus miembros van a salir de la crisis con niveles de deuda pública sin precedentes. Así, la deuda de Italia se sitúa por encima del 120% y la de Francia y el Reino Unido también ha dejado atrás la barrera del 90%. Y como no podía ser de otra manera, el modelo de rigor presupuestario y de ajuste, la Alemania de Merkel, ya ha franqueado el límite del 80% sobre el PIB.

Pero no es un asunto exclusivo de Europa, ya que si hablamos de Japón, su nivel de deuda supera el 220% de su PIB, mientras que en EE UU su deuda pública está por encima del 100% de su PIB.

A partir de ahí, el debate se convierte en interminable y solo tratar de determinar cuándo un nivel de deuda es aceptable para un Estado, cuál puede ser la solución para afrontar nuevas inversiones y estimular el crecimiento, o cuándo comienza a convertirse en un gigantesco problema para un país, se convierte en un tema recurrente de imposible consenso entre economistas.

Lo que si parece claro es que la contención de los costes de financiación se ha traducido en un alargamiento de los plazos de emisión por parte del Tesoro y también de las CC AA con el resultado de un incremento de la emisión neta de valores a largo plazo en los primeros meses del año.

En el proceso futuro de la deuda, se entrecruzan demasiados factores, siendo el de la normalización monetaria el que irá encareciendo paulatinamente los costes de financiación de la deuda, algo que los analistas contemplan como posible que se produzca a lo largo de 2014 y que tendrá unos efectos negativos para los inversores, que verán cómo va desapareciendo el ciclo positivo de la deuda pública -muy lucrativo para los fondos de inversión que la han tenido en cartera-, y para el Estado, que pagará una factura creciente por endeudarse, con el consiguiente riesgo en caso de no reducir el déficit y la emisión de deuda.

Es bueno recordar que el endeudamiento público no es malo siempre y con él se puede lograr un crecimiento económico suficiente para cubrir el costo financiero de dicha deuda. Si el crecimiento económico del país no crece a la tasa suficiente como para que sea posible pagar intereses y amortizar capital sin tener que recurrir a un nuevo endeudamiento, se estaría ante un verdadero problema creado por el endeudamiento, problema que agravará la balanza por cuenta corriente, el déficit fiscal e incluso al euro, y eso son palabras mayores.

Por ello, España precisó hace algo más de un año el auxilio comprador de deuda en el mercado secundario por parte del BCE, lo que no impidió que la prima de riesgo llegara a superar el nivel de los 600 puntos básicos.

Hoy como ayer y a la vista de las próximas elecciones generales, el proceso está presidido por una máxima incontrovertible muy estudiada que apunta claramente a que menos impuestos presentes, suponen mayores impuestos futuros por aquello de que una reducción de impuestos financiada con deuda no genera una reducción de impuestos para los hogares, si no una reasignación de la misma para un tiempo futuro.

Otra consecuencia tan clara como determinante de nuestro nivel de deuda pública, viene representado por el hecho de lo lenta y trabajosa que será la recuperación apenas comenzada, no en vano la evolución de la economía no es ajena al hecho de cada año los españoles tenemos que pagar alrededor de 40.000 millones de euros de intereses de la deuda, sacados de aumentos de impuestos o recortes sociales en enseñanza, educación, pensiones o prestaciones del desempleo. Solo de intereses supondrán 240.000 millones de euros hasta el año 2019.