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VALENCIA (EP). El ministerio fiscal ha interpuesto una demanda de procedimiento de reintegro contra exdirectivos y cargos de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA (VAERSA) para quienes solicita que sean condenados a reintegrar el dinero facturado por trabajos de asesoría jurídica externa, dentro de un procedimiento que se sigue por responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas.

Según ha informado CGT en un comunicado, el proceso se inició en este órgano a raíz de una denuncia de este sindicato contra los gestores de VAERSA "responsables de haber contratado a dedo servicios de asesoría jurídica que supusieron el desembolso de 1.974.964 euros".

En este caso, el ministerio fiscal ha interpuesto demanda de procedimiento de reintegro contra la exjefa de Recursos Humanos de VAERSA; el ex director general y la persona que ocupa actualmente este cargo, sobre los que pide que sean condenados, "como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos", de acuerdo con la petición del fiscal, reflejada en un auto del Tribunal de Cuentas, en el que acuerda tener por apartados del procedimiento de reintegro por alcance tanto al sindicato como a la empresa pública, al no ostentar la condición de parte demandante ni demandada.

El sindicato señala en un comunicado que en enero de 2012 presentó denuncia ante el Tribunal de Cuentas porque en los años 2009 y 2010, según los informes de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, "la empresa pública había facturado un total de 655.135 euros por servicios de asesoría jurídica externa, prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación", pese a exitir un convenio de la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda con VAERSA "para realizar esos servicios por los letrados propios de la Generalitat, personal funcionario público, por un coste 100 veces inferior".

CGT asegura que, durante la fase de instrucción, "se ha acreditado que durante seis años se desembolsaron por parte de VAERSA 1.974.964 euros en pagos por servicios de asesoría jurídica externa". En el momento de la denuncia, el sindicato subraya que exigió a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, como presidenta del Consejo de Administración de VAERSA, que diera "explicaciones" al personal funcionario de la Generalitat, "que sufría importantes recortes en sus retribuciones y derechos laborales".

DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Asimismo, le pedía que dijera "públicamente quién o quiénes eran las personas beneficiadas por la adjudicación a dedo de dichos servicios" y reclamaba que se depuraran responsabilidades. "La pasividad de la Conselleria para exigir responsabilidades fue total, pese a reconocer la entonces secretaria Autonómica de Territorio, Medio Ambiente y Paisaje, Aranzazu Muñoz Criado, en las Cortes, el despropósito y retirar los poderes al abogado contratado a dedo", ha añadido.

Este hecho llevó a CGT a presentar denuncia ante el Tribunal de Cuentas y a personarse en el proceso para exigir la devolución de los fondos públicos. Según el sindicato, finalizado el periodo de instrucción, "se aportaron numerosas pruebas que acreditaban la presunta responsabilidad contable de altos cargos y trabajadores de VAERSA", aunque decidió finalmente dejar la acusación únicamente en manos del fiscal por los "riesgos" de condena en costas que podía existir.

DENUNCIA ANTE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

No obstante, al considerar que "hay indicios de la posible comisión de varios delitos contra la administración pública", que concreta en prevaricación y malversación de fondos públicos, el sindicato ha decidido presentar también denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Para ello, y dado que "los costes de luchar contra la corrupción son elevadísimos, gracias a las medidas instauradas por el Partido Popular, como las tasas judiciales, inasumibles para un sindicato como CGT que se financia sin subvenciones públicas", la central sindical ha hecho un "llamamiento a la colaboración ciudadana" en una campaña de recaudación de fondos que pondrá "próximamente" en marcha con el fin de recuperar "lo que nos han robado".