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VALENCIA (VP). La noticia publicada este lunes en ValenciaPlaza.com sobre una querella presentada por cuatro mujeres contra la directora general de Familia y Mujer de la Conselleria de Bienestar Social, Laura Chorro, contenía una imagen equivocada.

En vez de una fotografía de la querellada Laura Chorro, se introdujo por error una imagen de otra persona que nada tiene que ver con el asunto de la noticia.

El artículo tenía el siguiente contenido (con la imagen ya corregida tras haberla modificado horas atrás):

Cuatro asociaciones de mujeres de la Comunitat se querellan contra Laura Chorro por coacciones 

La querella guarda relación con el hecho de que la Generalitat pretende que estas asociaciones dejen de usar un local que les había decido  

Cuatro asociaciones de mujeres de la Comunitat Valenciana han presentado una querella por coacciones contra la directora general de Familia y Mujer de la Conselleria de Bienestar Social, Laura Chorro.

Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la denuncia está firmada por las presidentas de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunitat, de las Amas de Casa Consumidoras y de la Asociación de Mujeres Separadasy Divorciadas, así como por la secretaria de la Asociación por la Coeducación.
Laura Chorro

Tal y como avanza hoy el diario Levante-EMV, la querella guarda relación con el hecho de que la Generalitat pretende que estas asociaciones dejen de usar un local que les había cedido en la calle de Martínez Cubells de Valencia.

Desde hace más de veinte años, según las asociaciones de mujeres demandantes, la Generalitat había abonado el alquiler, los suministros y los gastos de limpieza de este inmueble, en el que se acoge a mujeres en riesgo de exclusión.

La Generalitat ha ofrecido a estas asociaciones otros locales en Burjassot y Valencia, pero han sido rechazados en ambos casos por considerar que no reunían las condiciones mínimas.

Según consta en la querella, la Generalitat, como medida de presión, entregó las llaves del local a la empresa propietaria, resolvió el contrato de arrendamiento, dejó de abonar los gastos de agua y electricidad e incluso reclamó por escrito la baja de este último servicio.

Estos hechos, a juicio de las entidades denunciantes, "han puesto en riesgo el derecho a la intimidad de las usuarias y la privacidad de sus expedientes".

Asimismo, se denuncia la entrada a la vivienda de personas ajenas al inmueble que han retirado productos de limpieza y otros enseres allí almacenados.

Estos hechos constituyen, en su opinión, "al menos un delito de coacciones" que se le atribuye a Laura Chorro o "a quienes hayan ordenado la resolución de contratos de alquiler, la devolución de las llaves y el cese del suministro eléctrico en el inmueble".