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VALENCIA (EP/VP). La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido provisionalmente el juicio por la pieza 3 del 'caso Gürtel', en la que se han investigado supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, hasta resolver sobre la competencia tras dejar su escaño la exdiputada y exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez.

La sala ha acordado esta medida provisional ante la proximidad del inicio de la fecha de juicio por esta pieza, que estaba señalado para el próximo lunes, 31 de marzo. Con ello, no anticipa posición alguna, y tiene hasta el jueves para recibir las alegaciones de las partes ante la situación creada tras la dimisión el pasado viernes de Milagrosa Martínez, quien ostentaba la condición de aforada.

Tras estudiar las argumentaciones jurídicas que se planteen por las diferentes partes, la sala deberá resolver qué entiende que procede hacer respecto al juicio y quién es el tribunal competente para juzgarlo.

En esta pieza, junto a Martínez, también están procesadas otras 12 personas: la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa -considerados presuntos cabecillas de la trama-; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, también alcaldesa de Novelda (Alicante), Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito de cohecho.

El PSPV, que ejerce de acusación popular en el 'caso Gürtel', varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.

A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.