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VALENCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha dado la razón a Giussepe Grezzi, el asesor del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia que mostró en sus redes sociales una camiseta en la que se veía una caricatura de él mismo azotando a la alcadesa de Valencia Rita Barberá. Esto provocó que el 26 de abril, el pleno del Ayuntamiento de valencia, con los votos a favor de los 19 concejales del PP aprobara una Moción de Reprabación que ahora ha quedado invalidada. 

En esta moción se acusaba a Grezzi de mantener "una conducta inapropiada para un empleado municipal". Sin embargo, la justicia asegura que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos de una sociedad democrática y se agarra al artículo 20 de la Constitución, además de abogar por la pluralidad política. El asesor defiende que fue una ilustración que le envió una amiga, y que tan solo muestra una idea de Compromís como azote político, sin embargo desde el PP llegó a ser interpretado como violencia de género.

Grezzi recurrió la medida  al Contencioso Administrativo, y finalmente, el juzgado número 7 de Valencia ha ordenado retirar la reprobación. En la sentencia el tribunal ha declarado nula de pleno derecho la Moción, condenando al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio por entender que la medida emprendedida por Barberá y su Gobierno vulnera el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

La Fiscalía asegura que la camiseta es un acto respaldado la libertad de expresión por parte de los ciudadanos y que deben considerarse superados los tiempos en los que era exigible una lealtad acrítica a los servidores públicos. Asegura que tienen derecho a la libertad  de expresión y que tampoco es lo mismo que la actuación tenga lugar en calidad de ciudadano o de funcionario y que la misma ponga o no en entredicho a la autoridad de sus superiores y comprometa el buen funcioamiento del servicio. 

Grezzi ha emplazado a Barberá y su equipo a que hagan un bote y paguen las costas de su bolsillo. Además de los gastos a los que ha tenido que hacer frente la administración de justicia durante el procedimiento. El próximo viernes 28 de marzo hay una junta de Gobierno local, y el grupo municipal de Compromís espera que el Gobierno acate la sentencia sin más dilación anulando la Moción de Reprobación y no recurra la decisión de la justicia.