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VALENCIA. Las dudas sobre la viabilidad de la privatización de la sanidad pública vuelven a planear sobre el techo de Ribera Salud, la compañía creadora del 'modelo Alzira'. El grupo DKV Seguros anunciaba este jueves pérdidas en la sociedad Marina Salud, empresa participada en un 65% por la aseguradora y en un 35% por la compañía presidida por Alberto De Rosa, con la que gestionan el hospital público de Dénia (Alicante).

DKV quiso remarcar que la reducción de su beneficio un 12% respecto al año anterior es por culpa de  las pérdidas de 2,9 millones de euros en Marina Salud. ¿El motivo? Un reajuste en el censo de la Marina Alta por la reducción de población en el área, lo que supone una pérdida de 15.000 habitantes y por lo tanto una bajada del canon pagado por la Generalitat para la gestión del hospital, lo que ha implicado un reajuste de todo el plan de negocio.

Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que esperaban un incremento del censo, sin embargo, ha sido justo todo lo contrario, y reconocen que el 'modelo Alzira' es "muy sensible a los cambios". Marina Salud recibe 639 euros anuales por persona establecida, por lo que una reducción de población implica la reducción de ingresos para las concesionarias. Desde la Conselleria de Sanidad apuntan a que DKV, socia mayoritaria de Marina Salud, no se ha puesto en contacto con ellos para tratar la reducción.

Insisten en que el pago de Sanidad a las empresas se realiza sobre la acordado en el contrato, que toma como base la cápita a la que beneficia. Se realiza en función de la población que realmente cubre, la población que ha entrado como nacimiento y población nueva, y la que ha salido como migraciones y fallecimiento. Esta se multiplica por los días exactos que esas personas han estado cubiertas por la concesión y el importe fracción-día de cápita exacta por ese tiempo.

Esta situación recuerda, por lo menos en el problema, a lo vivido en 2003, cuando se estableció un canon a pagar a Ribera Salud y Adeslas, quienes gestionan el hospital en Alzira, pionero en este modelo, con el que no les salían las cuentas. La Generalitat tuvo que rescatar el hospital y volver a sacarlo a concurso con unas reglas del juego renovadas más favorables a las concesionarias. Esta vez se incluyó en el lote la atención primaria y subió la cuota por habitante en un 68%. 

DKV ESTUDIA MEDIDAS PARA SOLVENTAR ESTAS PÉRDIDAS

Según apuntan las mismas fuentes, este recuento del censo se realizó hace varios meses, tiempo en el que el Consejo de Administración de Marina Salud llega estudiando la situación. La aseguradora ha estudiado medidas a tomar, sin embargo este periódico no logró ponerse en contacto en la tarde de ayer con la compañía y desde Ribera Salud prefieron no hacer declaraciones por tener un porcentaje menor de la compañía.

El modelo de negocio de sanidad público-privada está más que cuestionado. La venta de los hospitales públicos de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Manises (Valencia) a Sanitas, firmada el 5 de diciembre de 2012, salvó a Ribera Salud de acabar ese año en pérdidas, según se desprendió de las cuentas anuales de la compañía valenciana. 

La Comisión Europea también manifestaba, en un informe recogido por redacciónmédica.com, sus reticencias a la privatización de hospitales y de algunos servicios sanitarios. De hecho, su conclusión es que este modelo no es tan beneficioso como podría parecer a priori. Para Bruselas, el principal problema es la falta de evidencias que demuestren que el modelo es realmente eficiente. "No hay una metodología convincente para revisar los impactos económicos y clínicos" y además los datos actuales al respecto son "pobres, inconsistentes y no estandarizados", asegura el informe. 

Este modelo de sanidad público-privada sigue recibiendo golpes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiese mantener suspendida cautelarmente la adjudicación de la gestión de seis hospitales de la región a tres empresas externas, entre ellas Ribera Salud, y que desencadenó la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, y la suspensión de la adjudicación.