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VALENCIA. El incremento de presión aplicado en materia de corrupción por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sigue levantando ampollas en el Partido Popular, especialmente en sectores alicantinos de la formación, dirigentes próximos a Francisco Camps y parte del partido en Valencia, como ya evidenció Alfonso Rus el pasado sábado cuando mostró su desacuerdo con el jefe del Consell.

El procesamiento de los diputados Luis Díaz Alperi y Milagrosa Martínez ha propiciado un aumento de la presión por parte del Consell para evitar que sigan ocupando un escaño en Les Corts dentro del grupo parlamentario 'popular'. Una situación sobre la que no hay unanimidad en la formación que lidera Fabra, y donde existe un sector crítico que considera que el jefe del Consell aplica una doble vara de medir.

Así, voces del partido critican la flexibilidad de la línea roja dibujada por Fabra al inicio de la legislatura y le acusan de moldearla acorde a sus intereses. De hecho, consideran que el jefe del Consell está protegiendo a dirigentes afines a Eduardo Zaplana como el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, o la exalcaldesa de Orihuela y diputada provincial, Mónica Lorente, procesada por el caso de El Escorratel y también imputada en Brugal.

Fuentes ‘populares' recuerdan que Fabra ha sido firme en lo que se refiere a las imputaciones en cargos designados por el Consell. De hecho, el presidente ha sido férreo a lo largo de su mandato y ha destituido u obtenido la dimisión -ya fuera forzada o voluntaria- de altos cargos imputados como ha sido el caso, entre otros, de Dora Ibars, Jorge Vela, Luis Lobón y José Manuel Vela.

Sin embargo, según insisten fuentes del partido, a Ripoll se le ha permitido -ya en su nombramiento estaba imputado- continuar al frente del puerto pese al aumento de ‘mano dura' aplicada por Fabra contra la corrupción y siendo un cargo cuya designación depende del Gobierno valenciano.

Sobre este particular, el presidente Fabra fue preguntado hace un par de meses, asegurando que Ripoll deberá dejar el cargo si se le abre juicio oral. Los sectores críticos del PP opinan que esta consideración hacia el expresidente provincial de la formación popular evidencia una doble vara de medir en las actuaciones del jefe del Consell.

Por otro lado, las citadas fuentes recuerdan que recientemente se ha decretado la apertura de juicio oral a la exalcaldesa de Orihuela y diputada provincial Mónica Lorente por irregularidades en la reforma de una plaza en la pedanía de El Escorratel, donde la Fiscalía ha señalado que se firmó el contrato de una obra por valor de más de 34.000 euros tres meses después de haber sido inaugurada por la alcaldesa. Además, Lorente se encuentra imputada en la pieza de las basuras del caso Brugal.

En este caso, las citadas fuentes señalan que Fabra, siguiendo la línea marcada en Les Corts, debería instar a la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, a que forzara la salida o al menos apartara de sus competencias a Lorente en la corporación provincial.