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VALENCIA (EFE). El cierre de las emisiones de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), ejecutado el 29 de noviembre a las 12.19 horas, cumple hoy tres meses con los trabajadores cobrando aún sus nóminas sin ir a trabajar y abierta todavía la negociación del expediente de regulación de empleo para extinguir los contratos.

Si el Gobierno valenciano tardó veinticuatro días en poner fin a veinticuatro años de emisiones de la radiotelevisión pública autonómica desde que anunció su intención hasta que la ejecutó, noventa días después todavía no se ha procedido al despido de los trabajadores, que permanecen en situación de permiso retribuido.

Durante estos tres meses se han sucedido las protestas públicas de los trabajadores, ha comenzado un inventario de los bienes de la cadena, se ha licitado el plan de recolocación externa de los empleados, y ha comenzado -el pasado día 21- la negociación entre la empresa y los sindicatos para el ERE de extinción de los contratos.

Se calcula que, en cuanto concluya el plazo legal de un mes para esas negociaciones, a partir de abril entre el 90 y el 95 por ciento de los 1.615 trabajadores de RTVV sean despedidos de forma inmediata, aunque hasta junio de 2015 permanecería en sus puestos un centenar de empleados para acabar la liquidación de la cadena.

El comité de empresa sostiene que es "más barato" mantener una RTVV viable que cerrarla, pues en estos tres meses se han pagado cerca de 14 millones de euros en nóminas, se han perdido tres millones de euros en publicidad en la campaña navideña, y se siguen abonando gastos fijos de alquileres, mantenimiento o seguridad.

En el plano judicial, el PSOE y una veintena de trabajadores de RTVV han recurrido al Tribunal Constitucional la ley aprobada en Les Corts Valencianes que suprimió el servicio público de RTVV, pues los primeros consideran que el cierre fue "un atropello democrático" y los empleados que les han lesionado derechos fundamentales.

A la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana también ha llegado la denuncia de un trabajador contra el president de la Generalitat, Alberto Fabra, por posible malversación de caudales públicos, al haber ordenado el cierre de las emisiones y seguir pagando a los empleados.

El cierre de RTVV ha llegado además al Parlamento Europeo, donde representantes del comité de empresa se han reunido con miembros de la comisión de Peticiones y de distintos grupos políticos para pedir que se exija responsabilidades a los exdirectivos de la empresa pública por el cierre.

Colectivos sociales también se han movilizado para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a garantizar el derecho de los valencianos a tener un servicio público de radio y televisión en su lengua propia, que necesita de 50.000 firmas para poder ser debatida en el Parlamento valenciano.

Mientras se desarrollan las negociaciones entre sindicatos y la empresa para el ERE extintivo, alrededor de un centenar de personas acuden cada día a trabajar a las instalaciones del centro de producción de programas de RTVV en Burjassot, entre ellos técnicos que ha visto suspendido este mes su permiso y se ha reincorporado para colaborar en el inventario que elabora Ernst&Young.

Durante este mes, los trabajadores han acudido a las instalaciones de RTVV a recoger los efectos personales que quedaron en los centros de trabajo el día en que, tras una larga madrugada retransmitida en directo, se apagaron las emisiones y pasaron a situación de permiso retribuido, en la que seguirán al menos hasta finales de marzo.