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Este artículo es continuación del publicado el pasado sábado en Valenciaplaza.com bajo el título 'Reformas en el sector bancario: un largo camino por recorrer'. Tras abordar entonces los procesos de fusión de las cajas de ahorros, se analizan ahora los otros dos ejes del proceso de reformas: órganos de gobierno de las cajas de ahorros y transparencia informativa (2ª parte)

B. La necesaria reforma de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros

La reforma del régimen legal de las cajas de ahorros viene justificada por dos motivos esenciales. Por un lado, el agotamiento de un modelo organizativo, que impedía a las cajas emitir acciones con derechos políticos, en un contexto en el que los bancos necesitan aumentar sus ratios de capital. Y por otro lado, el efecto diferencial de la crisis sobre estas instituciones, que ha culminado en la intervención de dos cajas ahorros -Caja Castilla La Mancha y Caja Sur- y la integración de las 43 restantes en 18 entidades de nueva creación.

Al objeto de facilitar el acceso de las cajas a los mercados de capitales, la Ley 11/2010 de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, aprobada en julio de 2010, abre la posibilidad a que estas instituciones financieras a) emitan cuotas participativas con derechos políticos, y b) cedan su negocio tradicional a un holding de nueva creación, cuyas acciones quedarían bajo el control de la caja o cajas cedentes, y cuyos dividendos permitirían a las cajas seguir desarrollando su obra benéfico-social. De este modo, se pretende dotar a estas instituciones de un gobierno corporativo reconocible para los inversores financieros internacionales, equiparado al de los bancos comerciales.

Reconociendo que los cambios introducidos constituyen un paso en la dirección correcta, conviene recordar que la reforma del régimen legal de las cajas de ahorros es condición suficiente pero no necesaria para reconducir la situación. Hoy por hoy existe en los mercados una creencia generalizada de que los males de las cajas de ahorros españolas no se deben únicamente al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sino también a un modelo de gestión viciado por dos condicionantes clave: 1) la excesiva politización de sus órganos de gobierno y 2) la inhabilitación de los mecanismos de disciplina de mercado, dada la imposibilidad material de reemplazar a los gestores ineficientes mediante la adquisición de acciones con derechos políticos.

Distintos trabajos de investigación avalan esta percepción. Crespí, García-Cestona y Salas (2004) muestran que, a diferencia de los bancos comerciales, en las cajas de ahorros no existe una relación estadísticamente significativa entre la (baja) rentabilidad económica y el cese del consejero delegado o presidente de la entidad. Jiménez y Saurina (2004) analizan más de tres millones de créditos concedidos por las entidades financieras españolas y obtienen que los concedidos por las cajas tienden a incorporar un mayor riesgo de impago. Illueca, Norden y Udell (2007) aprecian indicios de politización en la expansión geográfica de las cajas y documentan una relación directa entre el grado de politización de las mismas y su apetito por el riesgo. Y, finalmente, Cuñat y Garicano (2010) muestran que los (malos) resultados de las cajas de ahorros guardan relación con la (inadecuada) formación, (escasa) experiencia y (excesiva) politización de los presidentes.

No en vano, la propia Ley de Cajas, en su exposición de motivos, señala que uno de sus principales objetivos es "impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros", transformando el régimen jurídico de las cuotas participativas. Se pretende en definitiva, aislar a estas instituciones de toda influencia política para recuperar la confianza pérdida en el sector y, en última instancia, facilitar la recapitalización de estas entidades financieras.

Pero, por desgracia, los primeros pasos de las cajas tras la entrada en vigor de la nueva ley no parecen impregnados por el espíritu de la reforma. Las fusiones interregionales parecían una solución adecuada al problema de la politización que, además, permitía aumentar el grado de diversificación sectorial y geográfica del crédito de las entidades fusionadas. Sin embargo, y con la notable excepción de la frustrada fusión entre las cajas valencianas, muchas de las fusiones acometidas han afectado a entidades ubicadas en la misma Comunidad Autónoma, integradas en una entidad de mayor dimensión, pero expuesta al mismo grado de influencia política que antaño y con escaso margen para mejorar el grado de diversificación de las carteras de crédito. Incluso en algunas de las fusiones interregionales, la información que ha trascendido con respecto a los holdings de nueva creación ha generado una honda insatisfacción entre los analistas debido a la composición de los consejos.

A estos primeros pasos de las cajas, hay que añadir el riesgo siempre presente de que el Estado tenga finalmente que intervenir algunas entidades surgidas de los procesos de integración. Como es bien sabido, en caso de impago, el FROB se reserva la posibilidad de convertir sus participaciones preferentes en cuotas participativas con derechos políticos, en el porcentaje que resulte de su participación final en el capital de la entidad resultante de la fusión. En los últimos días ha trascendido que el SIP liderado por Caja Madrid ha valorado en 11.405 millones de euros el capital del holding. Como señalaba recientemente El Confidencial, una hipotética conversión de las participaciones del FROB otorgaría al Estado un 28% de los derechos de voto en el nuevo banco resultante de la fusión de Bancaja y Caja Madrid.

En suma, el problema de la politización no parece debidamente abordado. Sería conveniente una toma de conciencia generalizada con respecto a la necesidad de eliminar todo atisbo de influencia política en la gestión de estas entidades, que pudiera ser interpretado por los mercados financieros internacionales como síntoma de una actitud poco decidida en favor de introducir las reformas que nuestro sistema financiero precisa.

C. Transparencia informativa
Desde el estallido de la crisis, hemos asistido a un continuo debate acerca de los aspectos fundamentales de la arquitectura contable de nuestro sistema bancario. La crisis arrancó con una polémica encendida sobre la necesidad de abandonar el valor de mercado y recuperar el coste histórico como criterio de valoración de los activos financieros negociados en mercados poco líquidos. Esta controversia, que apenas tuvo repercusión en España por la escasa exposición de nuestras entidades financieras a los activos respaldados en hipotecas subprime, concluyó cuando resultó evidente que el mensajero (la contabilidad a valor de mercado) no era responsable de la mala noticia (la pérdida de valor de los activos incluidos en el balance de las entidades).

A medida que fue emergiendo la realidad de una crisis de solvencia y no de liquidez, el debate se situó exactamente en el lugar que predice la Teoría de la Contabilidad. En un contexto de elevadas asimetrías de información, el acreedor reclama una política contable transparente y conservadora, que evite la descapitalización de la empresa y contribuya a limitar el riesgo de impago. Lamentablemente, las primeras señales de nuestro regulador contable fueron en la dirección opuesta a las demandas y necesidades informativas de los inversores. Entre otras cuestiones, se modificó el cálculo de las pérdidas por insolvencia, reduciendo el efecto sobre el beneficio de la morosidad registrada en los créditos hipotecarios. Y como sugiere la Teoría, la desconfianza creció y la situación se agravó considerablemente.

La publicación de los stress-test el pasado verano supuso un giro copernicano en la estrategia de divulgación de información financiera del Banco de España. Los informes relativos a nuestros bancos y cajas de ahorros sorprendieron gratamente a los mercados por la cantidad de entidades analizadas, el alcance de la información suministrada y la rigurosidad de los supuestos adoptados. La publicación de los resultados contribuyó a generar confianza sobre nuestra economía, hasta que el desenlace de la crisis irlandesa volvió a sembrar dudas sobre la salud de nuestro sistema financiero.

Como respuesta a la nueva situación, el Banco de España ha anunciado en las últimas semanas su intención de obligar a los bancos y cajas de ahorros a proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre su cartera de construcción y promoción, así como sobre su cartera hipotecaria residencial. En estos momentos, el órgano supervisor trabaja en la elaboración de unos modelos de presentación de la información, que serán utilizados por las cajas fusionadas en los balances consolidados a presentar el próximo mes de marzo. En principio, los datos permitirán conocer el valor de las garantías que respaldan los créditos, su estado de pago y las coberturas constituidas.

La mayor parte de los analistas han respaldado esta iniciativa que parece consolidar una nueva estrategia de transparencia, loable y necesaria. Los datos permitirán calibrar los efectos de las fusiones sobre la diversificación sectorial del crédito. En teoría, la divulgación de la información debería favorecer a las entidades más grandes, con carteras más diversificadas, y penalizar a las entidades de tamaño medio, con el crédito concentrado en las zonas geográficas más afectadas por la crisis inmobiliaria. En este sentido, la información suministrada al mercado podría acelerar la segunda ronda de fusiones que el sector precisa.

Esta cuestión vuelve a poner encima de la mesa el viejo conflicto entre los objetivos de la contabilidad y la supervisión bancaria. Históricamente en nuestro país, con un sistema bancario compuesto mayoritariamente por entidades financieras no cotizadas, la información contable ha quedado siempre supeditada a los objetivos de la estabilidad financiera. Incluso en estos momentos, la mayor transparencia informativa no parece un fin en sí mismo, sino un medio a disposición del supervisor para el logro de estabilizar la situación del sector. Ahora que por fin nuestras cajas equiparan sus estructuras de gobierno con las de los bancos comerciales, podría haber llegado la hora de que las normas contables caminen solas, libres de la influencia del supervisor bancario, con el único objetivo de suministrar información útil para la toma de decisiones de inversión, fiable, relevante y comparable en el tiempo

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(*) Manuel Illueca.
Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

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CAPÍTULOS ANTERIORES:

-LAS REFORMAS NECESARIAS (I) 'Paul, Olivier y Alberto o la difícil evaluación de la política fiscal' (JAVIER FERRI)

-'LAS REFORMAS NECESARIAS (II) 'Es el momento de crear un nuevo y sostenible sistema de pensiones' (JOSÉ ENRIQUE DEVESA CARPIO)

-'LAS REFORMAS NECESARIAS (III) 'La urgente reforma de las Administraciones públicas ' (ANTONIO CUBEL MONTESINOS)

-LAS REFORMAS NECESARIAS (IV) 'La reforma de la justicia: tan necesaria como las reformas económicas' (JOSÉ EMILIO BOSCÁ)

-LAS REFORMAS NECESARIAS (V) 'Infraestructuras: ¡Adiós, Mr. Marshall!' (ÓSCAR ÁLVAREZ SAN JAIME)

-LAS REFORMAS NECESARIAS (VI) 'Recuperar la igualdad y progresividad fiscal' (JOSÉ MANUEL ROIG COTANDA)

-LAS REFORMAS NECESARIAS (VII-1ª parte) 'Reformas en el sector bancario: un largo camino por recorrer' (MANUEL ILLUECA)