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VALENCIA (EP). El presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, declarará como testigo en el 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero millonario en la empresa que gestionó la depuradora valenciana de Pinedo, el próximo 14 de marzo, a las 9.30 horas, en el juzgado que instruye los hechos.

El magistrado instructor acordó esta semana tomar declaración como testigos tanto a Cotino como a la diputada del PP y ex consellera de Agricultura, Maritina Hernández, por el periodo en el que ocuparon la Presidencia de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

La declaración de Hernández se fijó para el 27 de febrero. Sin embargo, en el caso del presidente de las Corts, le indicó que dijera el lugar donde debía llevarse a cabo su comparecencia, dado que la ley, por su condición, le permite declarar en el despacho oficial o en la sede del órgano del que sea miembro.

Según consta en una providencia del magistrado, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se une a la causa el escrito remitido por Cotino vía fax por el que informa que comparecerá en este mismo órgano judicial. A la vista de este documento, el juez le cita para el 14 de marzo a las 9.30 horas. Contra la resolución cabe interponer recurso.

EL CONSEJO NO DECLARARÁ

Por otra parte, en un auto de este mismo jueves, el magistrado rechaza la petición del imputado José Juan Morenilla, exgerente de la Epsar, de que declararan como testigos los miembros del consejo de administración de Emarsa, solicitud a la que se habían adherido tanto el expresidente de la entidad, Enrique Crespo, como el exjefe de Saneamiento, Ignacio Bernácer. Por contra, se oponían fiscal, la representación de la Emshi y acusación popular ejercida por el PSPV, que alegaban que eran unas diligencias "innecesarias" y "gratuitas".

Morenilla fundamentaba su petición en que los miembros del consejo tenían "participación directa" en la gestión de la empresa y consideraba que se le estaban exigiendo responsabilidades a él y no a otros actores que entendía que habían mantenido una conducta "omisiva" al "permitir el expolio de su sociedad".

En su resolución, el juez acuerda una parte de las diligencias reclamadas por Morenilla, en el sentido de reclamar determinados requerimientos a Epsar porque contribuirán a aclarar los convenios suscritos con Emarsa, pero rechaza que declaren como testigos todos los miembros del consejo de administración al entender que sus declaraciones son "manifiestamente innecesarias" a la instrucción y "solo pueden redundar en una indebida dilación de esta fase de instrucción".

Así subraya que es "inaceptable" que realice una comparación entre su situación y los consejeros ya que él figura como imputado al "existir indicios racionales de criminalidad contra él" mientras que ninguna de las partes acusados ni el propio juez "han advertido la existencia de indicios de la comisión de ilícito penal alguno por parte de quienes ahora se pretende que comparezcan como testigos".

Por ello, concluye que quienes están en situación procesal "tan desigual" no pueden ser tratados del mismo modo y ve "inaceptable" que alguien sea llamado a un proceso como testigo "para tratar de incriminarle o exigirle responsabilidades". Así, reitera que la actuación de los miembros de los consejos de Emarsa, durante el tiempo objeto de investigación, "se ha documentado exhaustivamente en la causa y existe constancia de todo lo tratado y acordado en todas las sesiones" de este órgano.