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VALENCIA (EP). La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana prevé retomar "en la primera quincena de abril" su actividad avalista, paralizada desde el 30 de junio de 2012, con la intención de centrarse en operaciones de pymes y autónomos de la Comunitat Valenciana, de menor volumen y con la construcción "prohibida por Bruselas" mínimo durante cinco años. Además, ultima ya la creación de líneas de financiación con aval de SGR con el Ivace y la Conselleria.

Su consejero delegado, Santiago de Santos, ha presentado este martes en rueda de prensa la "nueva etapa" de la compañía --en la que la Generalitat ostenta una participación del 40 por ciento-- tras el respaldo de la Comisión Europea al aval de 200 millones concedido por la Generalitat dentro del contrato marco para la reestructuración financiera de la SGR, que cerró 2013 con un capital social de 123 millones, un riesgo vivo de 560 millones y una tasa de morosidad del 41 por ciento --del 43% en las operaciones de construcción--.

"Ahora tenemos un patrimonio de 100 millones y sí podemos dar avales", ha destacado De Santos, quien explica que interrumpieron la concesión de estas garantías por encontrarse en causa legal de disolución y carecer de músculo financiero suficiente.

Según los compromisos adquiridos con Bruselas, su objetivo es "cumplir sí o sí" un plan de negocio "creíble" que incluye la devolución íntegra del préstamo recibido en cinco años, reducir su riesgo vivo hasta los 430 millones de euros y alcanzar un beneficio acumulado de 20 millones. En 2013, estiman unas pérdidas de 39 millones, para después cerrar 2014 "cuenta con paga" o "aún con algún deterioro" y "retomar la senda normal de beneficios" a partir de ahí.

Además, la SGR se ocupará de devolver capital a aquellos de sus 8.624 socios partícipes que lo soliciten, que aglutinan 59 millones de euros y podrán recuperar en torno a un 80 por ciento del valor nominal de sus acciones. Según De Santos, las peticiones de reembolso recibidas hasta ahora ascienden a once millones de euros y "lo lógico" es atender esos pagos antes de comenzar a dar avales.

El consejero delegado de la SGR ha defendido el modelo de gestión "transparente y realista" con que afrontan esta nueva fase, en la que les "queda un gran y arduo trabajo por delante" y estarán "muy supervisados tanto por el Instituto Valenciano de Finanzas como por el Banco de España", algo con lo que se sienten "muy a gusto".

"NINGUNA AUDITORÍA HA SACADO A LA LUZ NADA"

Respecto a la posible exigencia de responsabilidades por la gestión previa, asegura que "ninguna auditoría ha sacado a la luz nada y no se puede emprender ninguna acción" y enmarca la deriva sufrida por la SGR en la crisis generalizada de los últimos años.

A preguntas de los periodistas, ha comentado que sentiría que ha "fallado" a las empresas valencianas "si hubiese tirado la toalla", pero no ha sido así y, de hecho, subraya que la refinanciación lograda ha "salvado a las pymes de unas pérdidas de 250 millones" y a sus accionistas, de que sus participaciones tuviesen "valor cero".

De cara al futuro, se centrarán en las pymes y autónomos de la Comunitat, que suponen el 95 por ciento de su tejido productivo y requieren cobertura para sus necesidades de financiación, con la firme determinación de aprender del pasado y subsanar el "error" de haberse salido de los parámetros para los que se creó la SGR.

En este sentido, prevé reducir a la mitad su riesgo inmobiliario en ese período de cinco años, que supone el 33 por ciento de su cartera en la actualidad y triplica el peso que ostenta en el resto de SGR y también el que representa este sector en la Comunitat. "Queremos ser fiel reflejo de la realidad de la Comunitat", ha recalcado De Santos, quien descarta cualquier "manía" a este sector.

Además, la SGR pretende que el "elevado" volumen medio de sus operaciones pase de 450.000 euros a "entre 50.000 y 100.000 euros", así como "seguir mejorando en sus ratios de eficiencia" mediante venta de sedes, desarrollo de procesos informáticos y subcontrata de todos los activos que no formen parte de su negocio recurrente. Según De Santos, "no se contempla ninguna reducción adicional de empleo".

OBTENER 150 MILLONES POR VENTA DE ACTIVOS

De 2014 a 2018, la refinanciación que debe devolver a bancos --obtenida con el aval de la Generalitat por valor de 200 millones-- alcanzará un volumen de 400 millones, de los que 250 corresponden al tramo senior --prioritario y que cubrirá con 150 millones provenientes de venta de activos y 100 por reclamación de reavales de operaciones impagadas-- y otros 150 a un préstamo subordinado.

Respecto a la venta de inmuebles, De Santos ha apuntado que los edificios que albergan sus sedes sociales en Valencia, Alicante y Castellón se han "quedado grandes" para sus 45 empleados actuales, que podrían trasladarse a antiguas oficinas de cajas de ahorros en régimen de alquiler, y también que la valenciana Inmoking será la encargada de gestionar su cartera de inmuebles, a la que se incorporarán los obtenidos al ejecutar garantías de avales morosos.