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VALENCIA. El Consell lleva meses empecinado en batir récords en su particular carrera hacia el esperpento perfecto. Hasta el verano de 2013, el Consell de Fabra estaba aquejado por diversos problemas, muy serios, relativos a la parálisis del gobierno, a su incapacidad para hacerse oír en Madrid, o a la dramática situación de las cuentas públicas, así como de la Comunidad Valenciana en su conjunto, con estremecedoras cifras de paro. Sin embargo, la imagen pública de Fabra, dentro de lo que cabe, se mantenía en unos niveles aceptables. Fabra era alguien a quien le había tocado gestionar una situación muy difícil. Podía hacerlo con más o menos tino; pero, al menos, lo intentaba.

Sin embargo, desde la vuelta del verano las cosas se han agravado significativamente; y lo han hecho, en gran medida, como resultado de diversas acciones adoptadas por el Consell y por su nuevo núcleo duro: la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor; el conseller de Gobernación, Serafín Castellano; y la nueva secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson.

Los "grandes éxitos" del Consell

Si hacemos un apresurado recuento, desde el paso mes de septiembre (es decir, desde hace menos de seis meses) el Consell nos ha proporcionado las siguientes realizaciones, auténticos hitos en el campo de la gestión y, si me apuran, incluso de la teoría política:

   -En octubre, se organizó una surrealista celebración de un supuesto Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana, retransmitido en directo por RTVV (entonces, aún existía). Entre las autorizadas voces representativas de la sociedad civil, la presentadora y participante en diversos programas de telebasura, Cristina Tárrega, invitada al acto, por lo que parece, merced a su amistad con Esther Pastor, estrechada en el más inusitado centro de poder que imaginarse pueda: la peluquería de Tono Sanmartín. Cristina Tárrega explicó en su alocución que los andaluces eran mucho más desgraciados que los valencianos y el Consell nos anunció la inminente difusión de la lista de adhesiones al acuerdo, que cuatro meses después aún seguimos esperando.

   -Un mes después, en noviembre, y ante el revolcón del ERE de RTVV, a Fabra no se le ocurrió nada mejor que anunciar el cierre de la radiotelevisión pública. Primero se lo anunció a Pedro J. Ramírez (entonces aún director de El Mundo) y después a todos los demás. El motivo era, naturalmente, ahorrar. 40 millones de euros, en concreto. Pero, de paso, el Consell urdió un maquiavélico plan, la Operación Telefunken, para cerrar RTVV lo antes posible, porque aquello de que la televisión más complaciente con el poder que imaginarse pueda se volviera, súbitamente, levantisca, lo llevaron muy mal desde el principio. Desde entonces, el Consell paga a los trabajadores de RTVV 200.000 euros diarios por no trabajar, cuando podrían estar haciendo perfectamente su trabajo (y ofrecer, con él, el servicio público de radio y TV) hasta el último día. Si a ello sumamos las pérdidas de la publicidad contratada por RTVV, muy pronto alcanzaremos, a este ritmo, la mágica cifra de... 40 millones de euros despilfarrados.

   -En diciembre estábamos ayunos de show; la gente exigía más y más, y realmente no era fácil superar la Operación Telefunken. Y no se superó; aunque ver al peluquero de Esther Pastor (y Lola Johnson, y Cristina Tárrega, entre otras protagonistas de estos últimos meses de fabrismo), Tono Sanmartín, anunciando cambios en el Consell fue un espectáculo verdaderamente notable. La cosa tuvo una segunda parte en enero con el episodio del Ñoragate, una historia más bien poco aclarada sobre compras de Esther Pastor con cargo al presupuesto de Presidencia de la Generalitat, en algunos casos difícilmente imputables a gastos de representación para agasajar a las personalidades que visiten a Fabra en el Palau.

- Pero ha sido en el mes de febrero cuando puede decirse que el Consell ha ido un paso más allá, con el follón artificialmente inducido contra el diccionario de la AVL y el intento de resucitar el conflicto lingüístico. Una irresponsabilidad y un bochorno político e intelectual pergeñados por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, por motivos electorales; aunque la rentabilidad efectiva en votos de esta apuesta del PP he de confesar que se me escapa.

Un suicidio institucional... del CJC

Para defender lo indefendible, el Consell ha acabado recurriendo a la autoridad jurídica que tenía más a mano: el Consell Jurídic Consultiu, compuesto íntegramente por personas escogidas por el PP (entre ellos su presidente, Vicente Garrido -director de la tesis de Camps- y el propio Camps). El escarceo de independencia de Garrido, cuando afirmó que el valenciano es lo que la AVL diga que es (pues, no en vano, para eso se creó la AVL), ha quedado en nada con un dictamen ridículo, en el que se intenta retorcer los argumentos jurídicos todo lo necesario para conseguir defender que una institución filológica no ha de hacer filología, que un diccionario no ha de definir los términos que incorpora, que la definición de una lengua ha de limitarse a recoger el estrecho marco de un Estatuto de autonomía, y otras estupideces por el estilo.

Con todo ello, el Consell Jurídic Consultiu ha demostrado que su única función es hacer lo que le digan que haga, por ridículo, absurdo y contrario a la verdad que resulte. Que las personas que están allí no tienen ningún problema en ponerse el traje de trabajo para hacer lo que se les ha encomendado. Que, en definitiva, su servilismo no tiene límites, y su renuncia a cualquier sombra de autonomía o respeto por su trabajo es absoluta. Para eso, sinceramente, más valía que el Consell emitiese directamente los informes de apoyo al Consell, y nos ahorraríamos una institución a todas luces innecesaria.

Porque lo que ha quedado de manifiesto, con este empeño en sostenella y no enmendalla, es que las instituciones en teoría independientes o autónomas sólo tienen sentido, sólo cumplen una labor social que justifique su existencia, si de verdad lo son; aunque sea sólo en parte. Por eso, estas semanas la institución que ha mostrado su valor ha sido la AVL; por hacer su trabajo y por resistirse a las presiones. Por poner la ciencia por delante de la poltrona. Y también, por qué negarlo, porque la poltrona no sólo depende del divino dedo del president de la Generalitat, gracias al blindaje estatutario que requiere una mayoría cualificada para eliminar la institución.

Por el contrario, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu se asemeja bastante a un harakiri; un suicidio institucional, similar al que hicieron las Cortes franquistas en 1976, al apoyar la reforma política que les abocaba a su desaparición. En ambos casos, los miembros del CJC y de las Cortes hicieron lo que el poder les dijo que hicieran. Sólo que, al menos, los compromisarios franquistas no hicieron también el ridículo.

Un "núcleo duro..." de mollera

Como se ha comentado ya en muchos sitios, detrás del afán separatista de Serafín Castellano, claramente apoyado por Fabra en este empeño, también hay una lucha interna en el Consell. Entre quienes mandan ahora (Castellano, Pastor, Fabra) y quienes aspiran a mandar (Catalá, Ciscar). El problema es que los recursos intelectuales y la capacidad de gestión de quienes ahora mandan resultan, a todas luces, insuficientes para mandar.

No por casualidad, el lamentable bagaje de gobierno del Consell desde septiembre coincide en el tiempo con el ascenso de Esther Pastor, Serafín Castellano y Lola Johnson, mientras se despedía ignominiosamente a la anterior secretaria autonómica de Comunicación, Paula Meseguer, el vicepresidente José Ciscar caía en el ostracismo y la consellera María José Català veía cómo le iban poniendo diversos palos en las ruedas. Todos ellos, dirigentes mucho más capaces, y sensatos, que los que actualmente nos gobiernan, aunque sólo sea porque estos últimos parecen empecinados en comportarse como bomberos de los pirómanos.

Aunque, por supuesto, y dado que ahora mandan, intentan quemar políticamente a sus enemigos, y les envían a hacer también el ridículo en absurdas comparecencias de prensa de las que se deduce, según el titular, que también el Consell es muy catalanista, o bien que el Consell se dispone ahora a exigir a la Real Academia de la Lengua Española que cambie su definición de valenciano. Puesto que, como es sabido, ésta no se ajusta a lo dispuesto en el Estatut. Como puede comprobarse, la capacidad del catalanismo para infiltrarse en todo tipo de instituciones (la Universidad, la AVL, la RAE, ...) no tiene límites: ¡hasta el propio Consell está en el ajo!

#prayfor... Los Goya, contra los derechos de propiedad intelectual

El pasado domingo se celebró la gala de los Goya, un tanto desvaída por la ausencia de su principal protagonista y objeto de la mayoría de chistes y chanzas del acto: el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que se inventó unos muy poco creíbles problemas de agenda para justificar su ausencia (un poco como cuando un niño arrima el termómetro al radiador para simular una enfermedad y así librarse del colegio).

Pocos días después, surgió la noticia: la familia del escultor valenciano Mariano Benlliure acusa a la Academia del Cine de no respetar los derechos de propiedad intelectual. Las figurillas de Goya que constituyen los premios resultan sospechosamente parecidas a una estatua del pintor aragonés realizada por Benlliure. No hace falta explicar el cachondeo que este tipo de acusaciones (resulten ciertas o exageradas) generó en las redes sociales, dado el afán de lucha contra la piratería que ha distinguido, desde hace años, al cine español y, sobre todo, a las entidades de gestión de derechos que se encargan de representarlo en este tipo de asuntos.