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VALENCIA (EP). El 28 de marzo es el día que se perfila como fecha de inicio para el juicio por la pieza 3 del 'caso Gürtel', que investiga supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. La vista podría prolongarse unos seis meses, hasta septiembre u octubre, según han confirmado a Europa Press fuentes del procedimiento.

En la causa hay un total de 13 procesados: las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turisme; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministardora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).

Los abogados de las diferentes partes se han reunido este jueves, durante algo más de una hora, con el secretario de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para ir cuadrando las agendas de cara al próximo juicio.

CALENDARIO PROVISIONAL 

Así, han elaborado un calendario provisional, que ahora tendrá que confirmar y dar por válido la Sala del tribunal valenciano. El mismo contempla que el juicio comience el próximo 28 de marzo, viernes, y el último día señalado es el 1 de agosto, aunque faltan citaciones y las mismas podrían prolongarse hasta septiembre u octubre.

Inicialmente se prevén dos días para cuestiones previas, el 28 y 31 de marzo, y el resto de jornadas se destinarán a declaraciones de los acusados, los testigos, documentales y conclusiones. Algunas semanas se ha fijado un día para el juicio, mientras que en otras se han señalado hasta dos o tres días, han indicado las mismas fuentes.

De esta forma, se prevé que el juicio por esta pieza del 'caso Gürtel' --en total hay seis-- comience un par de semanas después de concluir el juicio por el 'caso Cooperación', que también se sigue en el tribunal valenciano y en el que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes en 2008 para dos proyectos en Nicaragua por 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron 43.000 euros a su destino, puesto que el resto se destinó a la compra de cuatro inmuebles en la ciudad de Valencia.

HASTA SIETE DELITOS

Los 13 imputados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV.

Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consellera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más --TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid--; Exporural; y adjudicaciones de las Consellerias de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.

Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.

El magistrado instructor pidió 636.500 euros de fianza para Milagrosa Martínez; otros 651.500 euros para Correa, Crespo y Pérez; 645.000 euros para Betoret; 540.000 para Vidal; 440.000 para Jordán; 336.500 euros para Herrero; 330.000 para Magariños; 230.000 para Guarro; y 137.000 euros para Grau. La Secretaria de la Sala, tras comprobar que ni Herrero, Martínez, Betoret, Vidal, Guarro ni Grau habían depositado la fianza fijada, ordenó crear una pieza de responsabilidad pecuniaria y embargar sus bienes con el correspondiente trámite de averiguación y traba de pertenencias.