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VALENCIA (EP). El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, encargado del proceso concursal de la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop), ha convocado la junta de acreedores de la empresa para el próximo 7 de abril, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Este organismo detalla que Cleop presentó el pasado 15 de enero ante el juzgado una propuesta de convenio de acreedores, un plan de viabilidad y un plan de pagos.

No obstante, el juez indica que estos planes y propuestas no estaban aprobados por el consejo de administración de la compañía, en contra de lo que establece la ley.

El juez, mediante providencia, concedió el pasado 23 de enero a la empresa un plazo de cinco días para que subsanara esta deficiencia, pero por el momento la empresa no ha comunicado al juzgado que se haya solventado.

 PROPUESTA

Cleop remitió ayer martes, 28 de enero, una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que informaba de que la víspera (27 de enero) su consejo de administración acordó "por unanimidad" la propuesta de convenio de acreedores de la compañía, así como el plan de viabilidad y plan de pagos que la acompañan.

Asimismo, la compañía detalló que su convenio contempla dos posibilidades. Una pasa por la capitalización de los créditos, previa quita del 50% de la deuda, y la otra, por aplicar una quita del 50% y el pago del resto de la deuda en efectivo, sin devengo de intereses, a lo largo de siete años incluidos dos de carencia, "siempre a criterio del acreedor que también puede escoger ser abonado de su crédito en parte con arreglo a cada una de estas propuestas".

Cleop solicitó concurso voluntario de acreedores en julio de 2012, cuando atribuyó parte de su situación de insolvencia a los "relevantes retrasos" que estaba "sufriendo en el cobro de los importes que le adeudaban diversas administraciones públicas".

A cierre de los nueve primeros meses de 2013, la compañía registró una pérdida neta de 4,17 millones de euros, lo que supuso recortar en un 13% los 'números rojos' contabilizados un año antes.

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