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VALENCIA. La decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de renunciar a la privatización de la gestión de la sanidad pública puede echar por la borda el acuerdo alcanzado entre Ribera Salud y el grupo estadounidense Centene Corporation. La operación de entrada en el capital por parte de la empresa con sede en Misuri estaba cerrada a final del año pasado pero entró en periodo de espera para ver cómo evolucionaba el único fleco que podía torcer el acuerdo: la decisión judicial sobre la privatización de la sanidad madrileña.
Este lunes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiese mantener suspendida cautelarmente la adjudicación de la gestión de seis hospitales de la región a tres empresas externas, entre ellas Ribera Salud, desencadenó la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, y el anuncio del presidente Ignacio González de que se deja sin efecto aquella adjudicación.
Aunque González insistió en el modelo de externalización de la gestión de la sanidad pública es legal y recordó que en la propia Comunidad de Madrid se aplica, así como en otras zonas, entre ellas la Comunitat Valenciana, origen del conocido como Modelo Alzira, la decisión judicial de paralizar la adjudicación de forma cautelar mientras se resuelve el cuantioso número de demandas presentadas contra la privatización "introduce una incertidumbre jurídica con la que hay que acabar", dijo.
UN GOPE DURO AL MODELO QUE CREÓ RIBERA SALUD
Las repercusiones de esta marcha atrás de la Comunidad de Madrid sobre Ribera Salud se antojan notables. En primera instancia pierde los dos hospitales que se había adjudicado, el Infanta Leonor y el del Sureste. Las dos empresas filiales que había constituido, junto a OHL y El Corte Inglés, Sureste Salud y Vallecas Salud, tienen depositado un aval de 12 millones de euros, que ahora deberán recuperar, y ven como se esfuma un negocio a diez años vista, duración de la concesión, por la que esperaba una facturación de 2.300 millones de euros.
Pero más allá de estos dos hospitales, lo que se esfuma es el negocio de la privatización de la gestión hospitalaria ya no solo en Madrid sino en otras autonomías que pueden ver en la decisión de González un aviso para navegantes. Ribera Salud vive de la sanidad privada. Si no se privatiza nada más, su recorrido como negocio es limitado.
De momento Madrid ya ha dicho que renuncia a la privatización de los hospitales, al menos hasta después de elecciones. En la Comunitat Valenciana, territorio natural de la empresa, la Generalitat renunció al proceso de externalización y el conseller Manuel Llombart ha asegurado que no habrá nuevas experiencias con el modelo Alzira.
Así, la empresa gestiona en la actualidad las áreas de salud de Alzira, Dénia, Elche y Torrevieja. Además, tiene una participación accionarial minoritaria en Erescanner, la empresa de resonancias que atiende a la Genralitat Valenciana, y unos laboratorios en Madrid. Recientemente vendió el hospital de Manises y el de Torrejón (Madrid) a Sanitas.
Esta desinversión de dos de centros puede parecer contradictoria con una empresa con vocación de crecimiento, pero sirve para conocer la situación en la que se encuentra la sociedad. En 2012 evitó las pérdidas con la venta de los dos hospitales y evitó tener que ampliar capital, algo a lo que uno de los dos accionistas, Bankia, se negaba.
Solventados los problemas de balance, Sabadell, el otro accionista se puso a buscar a un socio que ocupase el lugar de Bankia -obligada a desinvertir tras su rescate- y tras varios meses centró las negociaciones en Centene.
CONCESIONES A 15 AÑOS
Centene había cerrado un acuerdo con Bankia y Sabadell para comprar el 50% de la concesionaria fundada por Bancaja y CAM y permitir la salida del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. Sin embargo la extraña situación del concurso de Madrid ralentizó la firma de la compra-venta. Tras el renuncio del gobierno madrileño el negocio de Ribera Salud se limita a la Comunitat Valenciana.
Las concesiones valencianas son a 15 años, prorrogables otros cinco. La más antigua es la de Alzira que data de 2003 (se firmó por segunda vez para incluir la atención primaria y rescatar a la concesionaria que no conseguía rentabilizar solo el hospital). El resto son del segundo lustro de esa década.
En todo caso, y según varias informaciones publicadas por el diario El Mundo, Ribera Salud y sus socios en cada una de las concesiones, estarían presionando a la Generalitat actual del PP para que ampliase los plazos o blindase la concesión. El temor a una victoria del PSPV en coalición con EU y Compromís estaría preocupando a las empresas ante la posibilidad de que se rescatasen las concesiones.
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