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El ex consejero delegado de la entidad asegura que la realización de la operación habría supuesto una entrada de liquidez para Banco de Valencia de 100 millones

MADRID (EFE). El ex consejero delegado del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo ha acusado al FROB de perjudicar los intereses de la entidad al no ejecutar la operación de venta de su participación en Aguas de Valencia (Agval), que habría supuesto una entrada de liquidez para la entidad de 100 millones de euros.

Izquierdo ha declarado como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien le ha preguntado por su participación en la operación de compraventa de acciones de la sociedad Costa Bellver al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, por un precio supuestamente muy inferior al que éste abonó a su vez a la familia Bordils.

Izquierdo ha mostrado su extrañeza por el hecho de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunciara estos hechos cuando fue éste el que como administrador del Banco de Valencia tras su intervención en noviembre de 2011 no ejecutó esta operación, han informado fuentes jurídicas.

Según Izquierdo, se trataba de una maniobra buena para el banco en un momento muy delicado para él, por lo que al frenar la venta, el FROB perjudicó los intereses del banco y de sus accionistas. Además, el que fuera director general de Bancaja ha dicho que fue convenientemente autorizada por el Consejo de Administración siguiendo instrucciones del Banco de España, que les había instado a desinvertir en concesionarias y energía.

De esta forma, ha defendido la operación, ya que hubiera supuesto una entrada de liquidez de más de 100 millones y suponía la recompra de las acciones de la inmobiliaria Costa Bellver al mismo precio que las había adquirido el banco. A ello ha añadido, según las fuentes consultadas, que no existe ninguna norma ni impedimento legal que impidiese ejecutar acuerdos tomados con anterioridad a la intervención de la entidad.

En el auto en el que le citaba como imputado, Pedraz relataba que Bancaja Hábitat compró en 2009 acciones de Costa Bellver, dedicada a la venta de terrenos en Oropesa del Mar (Castellón), por importe de 65,1 millones, un 195 por ciento más que lo que la familia Calabuig pagó unos meses antes a la familia Bordils. Para el magistrado, este incremento se produjo "sin que sucediera nada que apoyara ese incremento".

Según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejerce de acusación y dio origen a este procedimiento, Izquierdo podría haber cobrado una comisión de cuatro millones de euros por la operación.

En su denuncia, el FROB explicaba que el banco concedió en 2008 dos créditos por un total de 48 millones -que luego se convirtieron en 54 millones-, lo que permitió a la familia Calabuig hacerse con el control de Agval.

Tanto el FROB como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el Banco de Valencia concedió estos préstamos para hacer frente a una opa de exclusión que aprobó la compañía valenciana para evitar que Aguas de Barcelona tomara el control de Aguas de Valencia, si bien el dinero se destinó después a la compra de Costa Bellver.

Calabuig, también imputado, reconoció ante el juez que invirtió ese dinero en comprar acciones de la sociedad inmobiliaria, pero precisó que el crédito no era finalista y que, por tanto, podía destinarse a lo que se estimase oportuno.

En la misma línea, el antecesor de Izquierdo, Domingo Parra coincidió en que el crédito en principio se concedió para la opa pero que, al no ejecutarse, podía dirigirse a otro fin, y reconoció que supo que finalmente fue a parar al proyecto inmobiliario en marzo de 2009, a pesar de que meses antes el Banco de España había alertado en un informe a la entidad de su alto riesgo inmobiliario. El FROB acusa a los querellados de los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.