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VALENCIA (EP). La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha asegurado este martes que su grupo "llevará a los tribunales a cualquier miembro del gobierno valenciano o alto cargo de la administración que prorrogue privatizaciones de la sanidad cuyos contratos no caduquen en esta legislatura".

Oltra se ha pronunciado de esta manera en un comunicado, "ante las distintas informaciones que aseguran que las empresas privadas que están gestionando hospitales públicos están planteando al Consell que realice ya la prórroga de sus contratos aún cuando no caducan hasta después de 2015".

Para la diputada, "es obvio que en este momento hay empresas que están haciendo negocio a costa de nuestra salud y que quieren blindarse ante la previsible debacle electoral del PP, pasando por encima de la voluntad de los valencianos que ya no quieren seguir con estas políticas de privatización sanitaria que están devaluando los servicios que reciben".

"Si el gobierno del PP prorroga ahora contratos que no empiezan a expirar hasta 2018, como es el caso del Hospital de la Ribera, estará quebrando la voluntad de lo que los valencianos expresen en las urnas en las elecciones autonómicas de 2015, por lo que desde Compromís llevaremos a los tribunales por tráfico de influencias y por prevaricación aquellas prórrogas de contratos que no finalicen en esta legislatura", ha señalado Oltra.

Por otro lado, ha informado de que Compromís ha registrado este martes en las Corts una Proposición de Ley de Reforma de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana que "marca el camino normativo a seguir para revertir la situación actual de privatización de servicios sanitarios públicos y volver a la normalidad que supone la gestión directa de la atención sanitaria".

Según recoge la exposición de motivos de la Proposición de Ley de Compromís en referencia a la privatización de la sanidad pública "la Comunidad Valenciana fue la primera del Estado español en impulsar un modelo que se rige por la opacidad, cuyos costes para el erario público se han multiplicado desde su inicio y que en muchos casos genera malestar entre la ciudadanía afectada, además de desconfianza sobre la calidad en la atención sanitaria que se presta".

El articulado de la Ley de Ordenación Sanitaria establece, según la modificación de Compromís, la garantía de que la titularidad, financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios tendrán carácter público.

Así mismo contempla una primera disposición transitoria por la que "se constituirá una comisión de estudio jurídico-técnica para revisar la relación contractual vigente con las diferentes empresas privadas de gestión y prestación de servicio sanitarios públicos con el fin de armonizar tal relación de acuerdo al contenido de la presente ley".

La segunda disposición transitoria prohíbe la firma de prórrogas de los contratos vigentes más allá de las firmadas para tener el tiempo necesario para recuperar la gestión por parte de la administración pública sin perjudicar la continuidad del servicio, ha explicado.